Aun recuerdo la angustia que sentí cuando leí mi nombre en los titulares de prensa. «Pleno de la Corte Suprema se querella contra panelista de TV.» La angustia se transformó en pánico cuando en el mismo artículo decía que seria procesado por violar la ley de seguridad del Estado. Arriesgando una pena de cinco años de cárcel.
Hernán Álvarez, presidente del máximo tribunal en aquel entonces, estaba decidido a dar un ejemplo. Yo, sin darme cuenta, le había ofrecido la excusa perfecta para silenciar a quienes criticaban a la justicia. «Aplicaremos toda la fuerza de la ley en contra de quienes ataquen al Poder Judicial, no vamos a tolerar faltas de respeto en contra de la Corte Suprema», decía Álvarez. La querella firmada por todos los miembros del pleno fue caratulada: Excelentísima Corte Suprema vs. Eduardo Yáñez Morel.
Lo que gatilló la ira de Álvarez y de todo el pleno fue una opinión que vertí en el programa de televisión «El Termómetro» de Chilevisión el año 2002.
«La justicia es inmoral, cobarde y corrupta» grité con toda mi fuerza mientras golpeaba la mesa salpicando el agua de los vasos en la ropa de los otros panelistas invitados. El programa del día trataba sobre el caso de una joven -Eva Sánchez- acusada injustamente de dar muerte a su hijo.
Para hacer el cuento corto y terminar con la autorreferencia, luego de dos años de proceso, pruebas, argumentos, prontuarios, ordenes de arraigo, breve estadía en la cárcel de Capuchinos, declaraciones, testigos, revisiones de video, careos, lobby en el Congreso, etcÂ…, gané el juicio a la Corte Suprema.
Los jueces decían que así se demostraba la independencia de los tribunales, capaces de fallar en contra de la propia Suprema. Por mi lado, siempre pensé que Álvarez y sus muchachos se habían disparado en el pie al acusarme calumniosamente de un delito. A fin de cuentas, y por esas cosas de la vida, lo mío generó un cambio que puso en marcha la derogación del delito de desacato en Chile. En agosto de 2002 el gobierno del presidente Lagos envió el Congreso un proyecto de ley en tal sentido.
Hace pocos días, luego de tres años de trámites, el Congreso formalmente eliminó el desacato. Pero cuando los países eliminan el desacato lo hacen por completo, sin matices ni ajustes cosméticos. Desgraciadamente en el caso chileno no fue así. El Congreso reemplazó el desacato por una confusa figura legal denominada «amenaza a la autoridad».
De esta forma sui géneris, Chile envía a la tumba al desacato, pero deja abierta una ventana ambigua que permite una amplísima interpretación de lo que significa amenazar a un funcionario público y lo que es peor aun, extiende el ámbito de protección a «cualquier autoridad en el ejercicio de su cargo».
No est claro aún si con esta modificación al Código Penal Chile logra un avance en materia de libertad de expresión. El tiempo lo dirá. Por ahora que el desacato descanse en paz.
Eduardo Yáñez Morel. Comité Pro-Defensa Ciudadana.
