América Latina es la región más desconfiada del mundo si se comparan cuatro continentes. Así lo evidencian los datos publicados en el libro aniversario de IDEA Internacional, donde se usa Globalbarómetro, con los cuales se analiza el impacto de la confianza en instituciones en la consolidación de la democracia en casi 60 países del los cuatro continentes.
Sólo un 21% de los habitantes de la región al sur del Río Grande que separa México de Estados Unidos, hasta Punta Arenas, la ciudad mas austral del continente, tienen confianza en su prójimo. La Europa desarrollada en contraste tiene un mínimo de confianza en el prójimo de un 60%, con un máximo en Suecia del 80%. La nueva Europa, ex unión soviética tiene un promedio de 26%, superior al de América Latina.
De los datos presentados en ese artículo se concluye que dos elementos son fundamentales para consolidar la democracia. El primero, es el control de la corrupción, y el segundo es el desempeño de los gobernantes y dirigentes de las instituciones que conforman el sistema democrático. Las diferencias de edad, sexo, lugar geográfico, condición socioeconómica son menos significativos que estos resultados fundamentales. Eso vale para los cuatro continentes analizados y para todos los casi 60 países estudiados.
Latinobarómetro ha colectado datos en los 18 países de la región desde 1995 una extensa serie de tiempo sobre el tema de la desconfianza. La desconfianza es parte constitutiva de nuestra cultura y debe ser analizada por tal en cualquier ámbito de la evaluación de cómo evolucionan nuestras sociedades.
Si analizamos los datos de América Latina por sí solos, encontramos cómo las instituciones de la democracia latinoamericana están atadas entre sí de tal manera que lo que le sucede a una, también le sucede a las otras. Esto es, el parlamento, los partidos políticos, las cortes de justicia, el presidente, el gobierno son vistas como partes de un todo dónde lo que hacen los actores en una, es de la misma naturaleza de lo que hacen los actores en la otra. Es decir, si una institución se ve afectada por un escándalo o impacto negativo por parte de la opinión pública, todas las otras recibirán también el impacto de ese acontecimiento. En la mayor parte de la región, el nivel de sofisticación política es bastante limitado, y los ciudadanos no tienen suficiente información para poder distinguir las independencias de éstos poderes, considerando que ellos son todas manifestaciones de lo mismo: el uso del poder político en pos de intereses que no necesariamente son los de la mayoría. En países donde hay mayor nivel de sofisticación política, como el caso de Chile, es posible distinguir dos ámbitos, uno en que los ciudadanos ubican a las instituciones de la democracia y otro, en el que ubican al gobierno y el presidente.
En Chile, el nivel de sofisticación política es más alto que el promedio de la región. Los ciudadanos chilenos al menos distinguen dos grupos de instituciones. El presidente esta separado de las instituciones de la democracia como los partidos, el poder judicial o el parlamento, es decir si ocurre un escándalo en una de ellas, el gobierno no ve afectado su prestigio. Es mas sofisticado aún en el caso chileno, ya que los ciudadanos logran distinguir entre le estado y el gobierno de turno. Eso quiere decir que un escándalo o algo positivo que hace el estado no afecta positiva o negativamente la aprobación de gobierno. Este es el caso concreto de las denuncias en contra de Codelco, que no afectan para nada la aprobación del gobierno, ya que Codelco es visto como parte del estado y no del gobierno.
Por una parte los chilenos juzgan al gobierno y el presidente en un conjunto y por otra juzgan al congreso, al parlamento y al poder judicial y los partidos políticos en otro conjunto. Lo que le sucede al poder judicial, le sucede al parlamento, y viceversa. Lo que le sucede a los partidos, le sucede al parlamento. Las instituciones están «atadas y bien atadas» como decía Franco, de tal manera que para cambiar la imagen del sistema político es necesario poder cambiar la imagen de la política en su totalidad, se trata de una acción mancomunada de la elite. Se debe asumir el cambio como una tarea cultural, nacional y sobre todo política, que involucra la recuperación de la dignidad de la política y la construcción de la confianza entre las personas.
Por otra parte, la confianza en Chile registra pérdidas importantes a lo largo de la década. En primer lugar, la confianza básica en los ciudadanos, en las terceras personas, lo que en opinión pública se llama «confianza interpersonal». La democracia ha exacerbado la desconfianza y ha hecho bajar el indicador de confianza interpersonal en la última década.
No sólo baja la confianza interpersonal sino también la confianza en las instituciones. Según los datos del Latinobarómetro de Chile entre 1996 y 2004, el congreso tiene una disminución en la confianza de 42% en 1996 a un 30% en el 2004. En este periodo, el punto más alto lo alcanzó en 1997 con 53%, pero a partir de entonces la confianza fue en descenso hasta alcanzar su nivel más bajo en el 2003 con un 23%. Sólo los partidos políticos tienen un nivel de confianza más bajo que el congreso, mientras que el poder judicial, si bien muestra índices casi siempre más bajos de confianza que el congreso, en el año 2004, el poder judicial lo supera por 2 puntos porcentuales.
Por su parte el presidente se ubica con niveles de confianza superiores a todas las otras instituciones de la democracia en el caso Chileno. Esto no es característico de una persona que ocupa el cargo en un momento del tiempo, sino una característica de la presidencia chilena. Los datos evidencian altos niveles, superiores a los de las instituciones de la democracia a lo largo de dos períodos presidenciales en Chile.
La construcción de confianza en Chile no se da en la sociedad a través de las instituciones que ejercen el poder, sino en torno a redes relativamente cerradas de personas que interactúan en su vida diaria o a lo largo de su socialización. Hay evidencia de que entre las redes hay mucha desconfianza, es decir , vivimos en una sociedad donde «grupos» de personas desconfían de «otros» grupos. Las redes de confianza son a la vez y por defecto redes de desconfianza. Allí se construyen también las redes del crimen y la delincuencia. Es un complejo sistema de interrelaciones en una sociedad segmentada por el dinero, el poder, y el acceso a las oportunidades. La lucha contra la delincuencia, por tanto, implica abrir la sociedad, desmantelar las redes negativas.
La confianza en las instituciones esta basada en esa desconfianza básica de la sociedad. No se puede construir confianza en las instituciones de la democracia sino se construye confianza entre las personas. Son las maneras básicas de interacción entre las personas, los grupos de personas, las que tienen que cambiar para poder abordar el tema de la desconfianza.
Las determinantes de la desconfianza
Es con ese propósito que Latinobarómetro ha indagado sobre las determinantes de la desconfianza.. La confianza en las instituciones en Chile tiene a su vez determinantes específicas que se evidencian con claridad a lo largo de la década:
1.- El trato por igual es la determinante más significativa. (40%). Los ciudadanos consideran que las instituciones no producen trato por igual hacia los ciudadanos. Los privilegios, los abusos de poder, las discrecionalidades de quienes ejercen el poder, la percepción que el poder de las instituciones se usan para el beneficio de unos pocos y no para el bien de la mayoría.
2.- La corrupción es la segunda determinante más significativa en producir la desconfianza hacia las instituciones de la democracia. Los escándalos de corrupción, mucho mas que afectar al presidente o al gobierno, afecta a las instituciones de la democracia y a la percepción del estado. Afectan por sobre todo la percepción de la capacidad que tiene la elite en resolver los problemas que tiene el pueblo. La percepción de que la lucha contra la corrupción se está ganando es lo que mas impacta en el apoyo a la democracia de todas las variables medidas.
3.- La movilidad social a la que tienen acceso los ciudadanos. Las oportunidades que entrega la sociedad para alcanzar un mejor nivel de vida a través de la educación, el acceso al empleo y una remuneración digna. A contrario senso, la concentración del poder y mantención del poder económico y político en unas pocas manos, termina siendo una gran fuente de desconfianza en las instituciones que son percibidas como favoreciendo a la minoría y no a la mayoría.
El Parlamento en Chile
En el caso del Parlamento chileno éste es visto como un sistema de privilegios de personas que están en repetidas ocasiones fuera de su lugar de trabajo, con altos niveles de ausentismo, con altos sueldos, muy por encima del promedio del país, y con privilegios adicionales como viajes etc. La función del parlamentario está desdibujada por el asistencialismo, donde el parlamentario responde a la demanda de ayuda por parte de sus votantes, y transforma la función en una función asistencial que no está en su poder ejercer. La función legislativa y de «representación», por su parte no están presentes en las percepciones de la población. La actividad del parlamentario acentúa la distorsión de su imagen al no enfatizar la función legislativa y la función de representación.
A los problemas antes mencionados como determinantes, hay entonces que agregarle,el problema de las «funciones» del parlamento, donde muchos parlamentarios intentan hacer funciones donde nunca podrá ser exitoso ya que no son de su competencia.
En una reciente reunión de la Unión Interparlamentaria en el mes de Mayo en Ginebra se discutió como recomendar a los parlamentos, que sufren masivamente de estos males, las mejores y buenas prácticas. UIP tiene a un vasto equipo de expertos que están confeccionando un libro sobre las buenas prácticas.
Por su parte la imagen de la de democracia, la política y sus instituciones es hoy día el tema de todos los organismos internacionales que intentan ayudar la gobernabilidad de los países en transición como el nuestro.
La respuesta del Parlamento Chileno al problema de imagen
El parlamento chileno se ha demorado 15 años en reaccionar al tema de su imagen. Es una respuesta muy tardía al problema que debe ser lo más transparente y contundente para que pueda contribuir sustantivamente a iniciar el camino para una mayor confianza, desmantelando los prejuicios.
El presidente el Senado ha hecho un anuncio público que ha contratado una encuesta para abordar el tema, junto con anunciar que éste organismo tendrá en el futuro «staffers», funcionarios que apoyarán la función legislativa.
Al respecto y a la luz de la cantidad de evidencia de opinión pública que hemos acumulado nos parece importante señalar lo siguiente:
Parece preocupante la manera como se ha abordado:
1.-En primer lugar no se ha usado el concurso público, sino privado para asignar el estudio.
2.-En segundo lugar se ha elegido un instrumento que no representa a todos, sino sólo a los que tienen teléfono. Sólo un 55% de acuerdo al último censo tienen teléfono, queda fuera un 45% de chilenos que no estarán representados en la encuesta.
3.- En tercer lugar se ha elegido un encuestador del mismo sector político del parlamentario que hace el anuncio del estudio.
Demás esta decir que abordar con 15 años de retraso el tema, con una encuesta, es como darle aspirina a un enfermo crónico. Desde ese punto de vista se podría incluso argumentar que puede ser considerado un uso ineficiente de recursos públicos, o en este caso de recursos dados por organizaciones internacionales que ayudan al desarrollo en Chile.
Chile ha abordado muchos problemas de su desarrollo dejando para el final de la lista los problemas del desarrollo político. Esta reacción del Congreso después de 15 años es un buen indicador de esta respuesta pobre, tardía, y mal hecha.
Es altamente recomendable que en este caso se aborde esta problemática con la misma seriedad con que se han abordado otros problemas societales que son incluso menos transcendentales afectando a proporciones menores de población, como son los sólidos estudios que se realizan para las drogas, el sida, la delincuencia etc. Aquellos han sido diseñados en pleno conocimiento del estado del arte de cada una de esas materias. El estado chileno ha mostrado alta especialización en la realización de estudios de políticas públicas en los grandes temas, ¿por qué el parlamento no puede hacer lo mismo?
En este caso del parlamento evidenciamos una seria deficiencia de situarse al nivel del estado del arte en materia de estudios sobre la imagen del parlamento en las sociedades en transición, y esta lejos de seguir una política de estado que este tema requiere, con los consecuentes niveles de transparencia. Se requiere de una política de estado en estas materias que duran mucho más que una legislatura y por cierto mucho más que las personas que ejercen varias legislaturas seguidas.
La imagen del parlamento es un tema que concierne a todos los chilenos y como tal debe ser abordada como política central de la transición a la democracia, con todo lo que ello conlleva. Una mera encuesta telefónica llamada en un concurso privado esta lejos de alcanzar esa categoría y parece mas bien como dice Octavio Paz tan magistralmente una «máscara» más, que oculta lo que nos detiene.
Parece pertinente, asimismo, respecto del anuncio realizado sugerir el uso de palabras en español para denominar las funciones y los cargos de nuestro sistema político. La legitimidad no esta dada por el origen del nombre, sino como señalábamos antes, por la percepción de que se usa el cargo para el beneficio de la mayoría, con lo cual el nombre puede resultar elitista y simbolizando algo alejado de la población. La legitimidad tampoco esta dada por dar explicaciones burocráticas de procedimiento, ya que el juicio es hacia las autoridades y los cargos de representación, no por cumplir las leyes, sino por cumplir con sus expectativas que son mucho mas que el mínimo legal.
La legalidad ha topado fondo en la opinión pública, y se está imponiendo la lógica del bien común y del sentido común, que desmantelan el sistema de privilegios que son percibidos como siendo abusados. La moral pública no tiene «legalidad vigente» tiene un simple conjunto de valores, principios, que la opinión pública aplica sin piedad. El político esta siendo llamado a dar pruebas de blancura, y todos se verán afectados por este llamado.
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Marta Lagos. Directora MORI (Chile) S.A. Latinobarómetro. Globalbarometer.
