Condiciones carcelarias en Chile: ¿Quiénes son los responsables? - El Mostrador

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Condiciones carcelarias en Chile: ¿Quiénes son los responsables?

por 17 agosto, 2005

Un Informe que se publicó recientemente por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales da cuenta de las serias violaciones a los derechos humanos que se producen en las cárceles de nuestro país. El Informe revela prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; condiciones de extremo hacinamiento en muchos recintos; prácticas de corrupción; graves problemas de seguridad en los penales; la ausencia de iniciativas eficaces y sistemáticas para rehabilitar a los reclusos; y muchas otras transgresiones a tratados internacionales de los cuales Chile es parte y a la propia Constitución Política.



Diversas autoridades de Gendarmería -la institución directamente a cargo de los centros de reclusión- han respondido a través de algunos medios de comunicación a las aseveraciones en el Informe mencionado. A su turno, miembros del equipo que participamos en la redacción del Informe hemos replicado a las apreciaciones de las autoridades de Gendarmería. Más allá de que nos hayan parecido notoriamente insuficientes las explicaciones proporcionadas por las autoridades de Gendarmería, el hecho es que por lo menos se han hecho cargo de lo planteado en el Informe.



En cambio, nada de ello ha ocurrido con las autoridades políticas, como si toda la responsabilidad por la grave situación carcelaria chilena correspondiera a Gendarmería. Solo en los últimos días el Ministerio de Justicia se ha referido públicamente a la situación de Gendarmería, pero únicamente a propósito del conato de rebelión de integrantes de esta, sin hacerse cargo de las graves violaciones a los derechos humanos existentes. Por otra parte, desde un partido político opositor se levantaron críticas a la actuación del Gobierno sin hacer una mea culpa por la forma en que las diversas tiendas políticas han tratado la cuestión carcelaria en los últimos años, que se ha centrado de manera casi exclusiva en buscar formas de enviar más personas a las cárceles, sin consideración al estado en que estas se encuentran.



De los diversos y graves problemas mencionados más arriba, el primero de ellos -la práctica de tortura y otros tratos indebidos- es de responsabilidad directa de Gendarmería, pero no puede soslayarse la responsabilidad de las autoridades políticas, que permiten la mantención de condiciones que facilitan dichas prácticas y que no confrontan adecuadamente los abusos que se denuncian.



En cuanto al segundo problema señalado -la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles-, ello no es de responsabilidad de Gendarmería, sino de las autoridades políticas que no se han hecho cargo de esta situación. Si bien existen planes para ampliar el número de recintos carcelarios, al ritmo al que crece actualmente la población penal -alcanzó a casi un 10% solo en el año 2004- ello se tornará notoriamente insuficiente.



Respecto de la corrupción al interior de las cárceles, de nuevo, como en el primer problema, la responsabilidad directa es de Gendarmería, pero ella también alcanza a las autoridades políticas, por tolerar dichas prácticas.



Por lo que se refiere a la falta de seguridad en los penales, aunque la preservación de dicha seguridad esté a cargo de Gendarmería, no cabe duda de que su labor continuará presentando graves falencias mientras carezca de un apoyo apropiado en términos de recursos por parte de las autoridades políticas y los actores políticos continúen con su visión unidimensional de enviar más personas a las cárceles cualquiera sea la consecuencia de ello. Tanto las extremas condiciones de hacinamiento como la falta de dotación suficiente de personal de Gendarmería contribuyen sustancialmente a la carencia de seguridad.



Por último, el asunto de la rehabilitación de los reclusos. Sin perjuicio de que sea posible racionalizar el uso de los recursos existentes y sistematizar de mejor modo las iniciativas de rehabilitación, es evidente que bajo las condiciones carcelarias antes descritas alcanzar la rehabilitación continuará siendo una quimera.



En síntesis, sobre Gendarmería recae solo parte de la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que representan las condiciones existentes en la cárceles chilenas. Las autoridades políticas poseen una cuota de responsabilidad muy significativa por la perpetuación de dichas violaciones. Desde el punto de vista de los tratados internacionales ello es inequívoco.



Como señalara la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace más de 15 años, es deber del Estado el "organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos" (Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 166). Por lo mismo, confrontar la gravedad de las condiciones carcelarias actuales requiere de un esfuerzo de envergadura mayor, que, claramente, Gendarmería no se halla en posición de llevar a cabo por sí sola, sino que exige del concurso de las autoridades políticas del Estado.



* Felipe González es Profesor de Derecho Internacional y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y Director del Programa de Derechos Humanos en dicha Facultad.

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