En las páginas del diario El Mercurio se estuvo promoviendo, con llamativas gráficas y por un cierto período de días, un encuentro a llevarse a cabo en sus instalaciones de la Av. Santa María, el jueves 11 de agosto de 2005, titulado «Transparencia en Chile», en donde exponían el ministro del Interior Francisco Vidal, el senador Hernán Larraín y la directora ejecutiva de la ONG Participa Andrea Sanhueza.
El lunes 8 de agosto pasado recibimos un llamado telefónico de ese medio de expresión, invitándonos a tal charla y antes de aceptar la gentil invitación, le consultamos a nuestra interlocutora, si iba a existir un debate con los expositores, ya que al respecto, teníamos mucho que decir. Nos aseguró que sí y en ese entendido nos comprometimos a estar presentes en dicho acto, porque teníamos una excelente ocasión para discutir con interlocutores válidos todo lo relacionado con el secretismo de Estado y sus nefastas consecuencias.
Ante ese futuro y halagüeño escenario en El Mercurio y dado que suponíamos que el ministro Vidal no necesariamente tenía que conocer la cronología de hechos relacionados con la cultura del secreto, consideramos oportuno preparar un resumen de hechos determinantes y se lo entregamos en el Palacio de La Moneda en la mañana de ese mismo día jueves 11 de agosto. Para asegurarnos que lo leyera antes de su intervención vespertina, hablamos con su secretaria, expresándole nuestro propósito. El texto, escrito en singular, decía :
«Por medio de la presente, hago presente a usted un detallado resumen en relación a la transparencia de los actos y documentos públicos, el que usted debe tener presente al momento de efectuar cualquier tipo de análisis sobre esta materia, y que se refiere al destacado rol que ha tenido la ciudadanía informada para los efectos de obtener avances en materia de transparencia:
1. Desde el año 2001, en virtud de un reglamento de la Segpres, relativo al secreto de los actos y documentos públicos (D.S. 26/2001 Segpres), distintas reparticiones públicas comenzaron a dictar una serie de resoluciones exentas en las que sujetaban a este tipo de restricciones una serie de materias más allá de lo que la ley permitía, de los cuales hay más de 80 de ellas que están vigentes.
2. Por tal motivo, en mayo de 2003, diversas organizaciones ciudadanas (Defendamos la Ciudad, Ecoceanos, Civika, Movimiento por los derechos y la consulta ciudadana y Ciudad Viva), recurrieron al señor Contralor General de la República, a fin de que éste determinara la ilegalidad de estas resoluciones exentas.
3. El 04.10.2004, dicho órgano contralor emitió un contundente dictamen, bajo el NÅŸ 49883, en el que se establecieron los excesos de las autoridades administrativas en materia de secreto, y en el cual -por esta misma razón- se instruyó a todos estos servicios la revisión y modificación de dichas resoluciones para ajustarlas a la legalidad vigente.
4. Este último mandato sólo fue obedecido por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la cual procedió a modificar la resolución emitida por ella, ejemplo que no fue seguido por ninguno de los otros servicios involucrados.
5. Tal actitud de «rebeldía» de los servicios persistió en el tiempo, lo que determinó que otras organizaciones exigieran el término del secretismo. Es así como a principios de año, la organización Oceana solicitó a la Subsecretaría de Pesca la invalidación de una resolución de dicha repartición que establecía el secreto sobre una serie de informes técnicos, y luego de intensos esfuerzos, se obtuvo la modificación de dicha restrictiva normativa.
6. Sin embargo, subsistía el problema de las otras resoluciones de secreto dictadas por innumerables reparticiones del Estado, y por tal motivo, con fecha 3 de junio de 2005, una coalición ciudadana conformada por Defendamos la Ciudad, Ecoceanos, Oceana, Ciudad Viva y Fundación Terram, solicitaron al ministro Eduardo Dockendorff que se hiciera cumplir el mandato emitido por el ente contralor, respecto del cual la gran mayoría de los servicios estaban en rebeldía.
7. Finalmente, y no sin haber agotado antes todos los recursos existentes, se verificó un favorable cambio de conducta del aludido ministro, que se concretó en aceptar enviar un oficio a todas las reparticiones públicas en donde se contienen importantes orientaciones en materia de transparencia (oficio 914/2005 Segpres).
8. Por otra parte, el alcalde de la Municipalidad de Santiago Raúl Alcaíno con fecha 08 de agosto de 2005, emitió una carta de respuesta a la solicitud presentada por Defendamos la Ciudad, en la cual señala que procederá a derogar expresamente el decreto de secreto que existía desde febrero de 2004 en dicha entidad municipal.
9. Por lo tanto, estimamos que el camino a la publicidad de los actos de la Administración, iniciado recientemente por el ministro Dockendorff, lejos de ser una iniciativa del propio gobierno o de la municipalidad mencionada, fue fruto de una fuerte campaña ciudadana en contra del secretismo.
10. En este sentido, no se pueden dejar de mencionar los grandes esfuerzos de la coalición ciudadana «ProAcceso a la Información Pública», la que ha tenido un papel destacado en la promoción de la transparencia en Chile; así como el rol jugado por la Clínica de Asuntos de Interés Público y DD.HH. de la Universidad Diego Portales, la Fundación Pro-Bono, la Corporación Participa y tantas otras imposibles de enumerar.
11. Tampoco se puede dejar de mencionar los esfuerzos desplegados por un conjunto de abogados motivados con los temas ciudadanos, especialmente Juan Pablo Olmedo y Moisés Sánchez, quienes han logrado con sus acciones restringir los espacios al secretismo en Chile».
Satisfechos de haber obrado bien, con la entrega al ministro de esa información pormenorizada, la que le iba a servir sobremanera en su alocución, nos dispusimos a hacer otros trámites en el centro de la ciudad y llegada la tarde, a las 19,00 hrs., llegamos a las dependencias de ese diario, nos sentamos y observamos en la testera a los charlistas : No estaba Vidal.
Actuaba como moderador Juan Pablo Illanes, director de El Mercurio y los expositores eran los anunciados, más Rodrigo Egaña, en su calidad de sub-secretario General de la Presidencia, quien reemplazó al ministro del Interior, quien no pudo estar presente por una fundada razón de orden particular.
Iniciada la disertación, Illanes le expresó a la audiencia que existía la necesidad de garantizar el acceso a la información pública y que se debía avanzar en la Agenda Pro Transparencia.
Andrea Sanhueza fue muy clara en explicar el estudio efectuado por su ONG, a nivel mundial, en donde Chile ocupó el último lugar entre todos los países consultados en donde se hizo un ejercicio solicitando información de carácter pública. Curiosamente los 3 países más transparentes resultaron ser Bulgaria, Rumania y Armenia, ex de la órbita soviética.
El senador Larraín nos habló -entre otras cosas- de sus iniciativas, mientras fue presidente del Senado, en orden a que la variada información de ese cuerpo colegiado debía estar a disposición de la ciudadanía. Conocemos y valoramos sus esfuerzos para diafanizar el quehacer de los senadores.
Rodrigo Egaña, nos habló maravillas de su gobierno y nos dio a conocer todas las leyes publicadas en este período, que persiguen mejorar la relación entre los gobernados y los gobernantes. Dado que no se refirió en ningún momento a la fiscalización ciudadana mencionada en la «ayuda memoria» entregada a Vidal, debemos entender que aquél es un disciplinado soldado del sistema que se encuadra en el discurso oficial diseñado por los supremos estrategas comunicacionales de Palacio : suponemos que la orden impartida era no reconocer el esfuerzo de la ciudadanía informada, porque ello deterioraba la imagen de la autoridad.
Por falta de tiempo no hubo debate y en el ambiente quedó la sensación de que, con las mejoras introducidas en las reformas constitucionales, se acabarán los síntomas del secreto que aluden algunos mal pensados.
Patricio Herman P. Agrupación «Defendamos la Ciudad». www.defendamoslaciudad.cl.
