Ninguna justificación privada puede borrar el devastador efecto simbólico público del "indulto de conmutación" otorgado por el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, a uno de los asesinos del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro.
Nada que hiera la difícil recuperación institucional que ha tenido la nación en torno a los temas de derechos humanos, incluidas la justicia y el honor militar, puede ampararse en una razón que la ciudadanía no pueda conocer. Impropia y desconcertante, por lo mismo, fue la oferta del primer mandatario de explicar la medida en privado y solamente a la familia directamente ofendida. Precisa y coherente fue la respuesta de los deudos, declinando la invitación, aduciendo que sólo correspondía hablar de este tema de "cara al país".
La forma ambigua y contradictoria de la vocería gubernamental al explicar el indulto, graficada en las precisiones conceptuales del portavoz Osvaldo Puccio a lo declarado previamente por el ministro del Interior, Francisco Vidal, indican que el equipo político o no había meditado suficientemente el tema, o simplemente se vio sorprendido con la decisión.
Lo que no cabe duda es que lo obrado implica una voluntad explícita del Presidente para actuar sobre la política militar del Estado, con algo de extrema sensibilidad. Sus enigmáticas declaraciones, que por cierto no constituyen explicación, de que se trata de "una señal potente para dejar cosas en el pasado", y de que lo hizo "pensando en lo que es el interés superior del país", llevan a pensar que hay un objetivo de ablandamiento de la conciencia ciudadana en este tema, para intentar dejarlo definitivamente cerrado, como gustan decir en Palacio.
El indulto referido merece, además, otra reflexión. Este favoreció a uno de los autores de un crimen cuyo objetivo, en su época, además de dañar directamente a la víctima y su familia, fue coaccionar mediante el ejercicio del terror a todos los ciudadanos opositores a la dictadura de Pinochet.
Manuel Contreras Donaire y todos los participantes del asesinato de Tucapel Jiménez no representan sólo un abandono de los principios profesionales y de la ética militar (propio y recurrente en todas las situaciones de violaciones a los derechos humanos), sino que simbolizan un vicio adicional, que es el ensañamiento institucional a través del terror y el asesinato, en una política que comprometió la entidad moral del Estado durante aquellos oscuros años.
El asesinato del líder sindical es un ejemplo de ello: un acto fríamente calculado, un siniestro toque a degüello, que alentó la sensación de impunidad entre los aparatos represivos, reforzada por una negligente investigación judicial, estancada por tres lustros en manos del ministro de Corte Sergio Valenzuela Patiño. De ahí que el perdón presidencial al asesino, también agravia al conjunto de la ciudadanía.
Entre los argumentos de exculpación balbuceados por la autoridad pública está que no se puede actuar con diferente criterio, según se trate de crímenes en contra de uniformados cometidos por militantes de grupos subversivos, o de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares y miembros de las policías.
Esta curiosa teoría jurídica de la igualdad de culpas entre los bandos enfrentados, carece de justificación seria. La justicia no se aplica por compensaciones con otros casos. Por lo demás, la comunidad internacional creó el Tribunal Penal Internacional precisamente porque se asume que no son equivalentes los crímenes cometidos por ciudadanos comunes o por terroristas, a los crímenes contra la humanidad que cometen los agentes del Estado.
Lo hecho por el Presidente Lagos no le sirve ni a la recomposición doctrinaria del Ejército de Chile ni a la salud de las instituciones de la República, especialmente las judiciales. En el primer caso porque transmite la sensación de que el poder civil no es tan severo como parece en este tipo de infracciones, y que existen atajos en el cumplimiento de las condenas impartidas por los tribunales. En el segundo, porque simboliza un perdón político, que si es dictado por alguien que tiene tanta popularidad como el Presidente Lagos, se puede endosar sin consulta también como vox populi.
Llama la atención la carencia de sensibilidad y tacto político de La Moneda para percibir lo trascendente en un tema esencial, como los derechos humanos, el que está inevitablemente proyectado como símbolo al Segundo Centenario de nuestra vida independiente. Ante la falta de un programa de cierre gubernamental, el Gobierno debiera tener claro, a lo menos, que en materia judicial y de derechos humanos la prudencia y la consulta son valores insustituibles.
____________
