Hacer un análisis de la realidad ambiental, al estar concluyendo el periodo de seis años de gobierno del Presidente Ricardo Lagos, resulta desolador. No hay relación entre las promesas hechas por el candidato concertacionista en su campaña presidencial del año 1999, y su posterior gestión pública sobre la materia en el transcurso de su mandato a partir de marzo 2000.
La explicación para este divorcio que da la autoridad política es sencilla y realista: en atención a las dificultades económicas por las cuales atravesó Chile y el mundo, el tema ambiental no podía ser «un lomo de toro» o una valla al crecimiento económico del país.
Uno podría, aun no estando de acuerdo con este argumento, aceptarlo como gajes del oficio, como imperativos del bien común o como una respuesta responsable ante obstáculos objetivos imprevistos. Pero, resulta que la recesión económica mundial ya estaba desatada desde el año 1997, mucho antes que se iniciara la campaña electoral e igual se hicieron las promesas. ¿Se sabía de antemano que no se cumplirían?, ¿Se engañó a sabiendas al electorado? o ¿los responsables del diseño de la política ambiental fueron tan ineficientes y hubo que cambiar todo sobre la marcha?
Cualquiera sea la explicación, y lo más probable es que se trate de una mezcla de todo, resulta evidente el intento de utilizar el tema ambiental, sólo como un gancho para recavar mayor apoyo popular. Refleja plenamente el estilo de hacer política que se ha ido imponiendo en el Chile actual y moderno.
Por lo demás, resulta que ya llevamos meses de vacas gordas, según el propio gobierno y sus estadísticas, e igual no se ve cambio sustancial alguno que apunte a dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el programa de gobierno.
En definitiva, podemos partir este artículo con la conclusión: la política ambiental del gobierno de la Concertación encabezado por el «estadista socialista», don Ricardo Lagos ha estado siempre subordinada a la mejor implementación del modelo económico neoliberal, llegando a limites incluso más audaces que sus predecesores democratacristianos.
Toda la discursividad en cuanto a que estamos alejados del dogmatismo neoliberal, que se esta impulsando un modelo de «desarrollo sustentable» con tres componentes indisolubles (crecimiento económico, equidad social y protección ambiental) es simplemente eso: palabras sin ninguna sustancia. Es una terrible pena y desilusión constatarlo, más aún ha sido para personas como la ambientalista Adriana Hoffman, que se atrevió a ser directora ejecutiva de la Conama los primeros meses de la actual administración.
En parte esto se explica por la decisión política de mantener los principales enclaves autoritarios heredados de la Constitución Política de Pinochet, con toda su red de legislación privatista. Es la expresión de una eterna negociación con la derecha política y económica, pero donde hay puntos que no se transan, como son las bases jurídico ideológicas del modelo económico imperante.
La mantención de esta matriz impide la consolidación de una real democracia que incorpore la participación ciudadana, el pleno respeto por los derechos humanos y ambientales, la transparencia pública y la justicia social. Así uno de los objetivos fundantes de la Concertación como es la democratización efectiva del país, seguirá pendiente.
Por cierto, esto está muy vinculado a la equidad social, que también era un elemento clave del progresismo laguista. Tampoco se ha avanzado. De hecho, todos los indicadores demuestran que la distribución del ingreso sigue tan mala como siempre. En Chile, la diferencia entre el ingreso del 5% más rico y del 5% más pobre es de 220 veces. Al término de la dictadura era sólo de 110 veces. Nuestro país es uno de los 12 con la peor distribución del ingreso en el mundo. Esta extrema desigualdad en que vivimos tiene su correlato en el medio ambiente, donde se consolida y profundiza una inequidad e injusticia ambiental.
Con la misma lógica pragmática, las autoridades abordan el tema del desarrollo sustentable y el manejo de los recursos naturales. Por un lado, a la comunidad nacional se le generó una gran expectativa sobre esta materia durante la campaña electoral. Fue uno de los tópicos en que se diferenciaron las candidaturas de Lavín y Lagos. Pero, luego de asumido el poder no ha habido progreso, incluso hay serios retrocesos.
Revisemos algunos de los compromisos adquiridos en el programa de gobierno:
– La aprobación de la Ley de Bosque Nativo. En esta materia no hay avance, el proyecto de ley sigue en el Parlamento durmiendo el sueño de los justos. Por el contrario, la autorización entregada por el Ministerio de Agricultura para la tala de especies declaradas monumento natural, como el alerce, o la falta de fiscalización y protección en que se encuentran las Áreas Silvestres Protegidas apuntan a incentivar la explotación económica de este recurso natural.
– El fortalecimiento de la institucionalidad ambiental con el compromiso de introducir un Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental Integral encabezado por una especie de Superintendencia de Medio Ambiente independiente, tampoco vislumbran avances. Los cambios introducidos al Reglamento del SEIA sólo sirvieron para perfeccionar lo existente (que tan agudamente se criticaba), dejando de lado el compromiso de fortalecer la participación ciudadana dentro del proceso de evaluación ambiental de los proyectos, especialmente los de gran impacto.
En definitiva, la institucionalidad ambiental cada vez tiene menos peso, imponiéndose los grandes intereses económicos sectoriales en áreas tan sensibles como la minería, la salmonicultura o la explotación forestal. Incluso, cuando ha sido necesario eludir la normativa para imponer proyectos que cuentan con mucho lobby detrás se han encontrado los resquicios adecuadas.
Recordemos a modo de ejemplo: el nuevo tranque de relave que construye la minera Los Pelambres en la comuna de Los Vilos, afectando el patrimonio arqueológico de la zona; la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas La Farfana, donde la transnacional española Aguas Andina reiteradamente ha contaminado la comuna de Maipú y sus alrededores; o la actual situación de las plantas de celulosa de Celco, tanto en Valdivia (X Región) como en Itata (VIII Región).
A pesar que el Gobierno en su momento puso el tema ambiental entre los diez puntos principales de su gestión, en la práctica las promesas no se cumplieron por una decisión política. Durante la actual administración se han otorgado permisos para implementar proyectos ambientalmente nefastos como la explotación del combustible petcoke, la construcción de la mega planta de celulosa en el valle de Itata o la puesta en marcha del proyecto minero Pascua Lama.
La verdad es que la única herramienta efectiva de defensa del medio ambiente y de los derechos ambientales de la comunidad ha sido la movilización y organización social y la constante denuncia ciudadana en el ámbito nacional e internacional. Así lo demuestran las comunidades de Valdivia y del valle del Huasco, que se han organizado para detener la contaminación de su Santuario de la Naturaleza y de los glaciares amenazados por poderosos intereses económicos, en complicidad con las más altas autoridades políticas del país.
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Álvaro Toro es encargado del Área Jurídica del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
