La pretensión del Estado de brindar un nivel de seguridad común a todos los habitantes de nuestro país no es suficiente cuando se trata de ciudadanos homosexuales, pues dicho estándar se ve mermado por el prejuicio. Del mismo modo reticente en que las fuerzas policiales y la judicatura se inclinaron a condenar la violencia contra mujeres, aún se aprecia una clara iniquidad en la persecución y condena de los casos de violencia en contra de personas homosexuales. Aún más, se sabe de varias situaciones en que la violencia proviene de agentes del Estado.
En los estudios que existen al respecto, entre los diversos crímenes de odio, el más aceptado por la comunidad es aquel que se perpetra en contra de homosexuales y por lo tanto es el que más se encubre, el que menos se persigue y por último, el que menos se condena en los juzgados. El proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, presentado por el gobierno al congreso en marzo de 2005, considera cuestiones procesales, penales y compensatorias en relación a este tipo de crímenes.
Para tocar la necesidad de resguardar el derecho a la educación y el trabajo, quisiera tratar un crimen de odio en particular, de índole menos violenta pero muchísimo más extendido: me refiero al maltrato psicológico y físico que sufren en el colegio niños y jóvenes de comportamiento afeminado y niñas y jóvenes de comportamiento masculinoide (si bien esta último tipo es de menor incidencia debido al machismo). Esta situación se extiende a aquellos alumnos cuya orientación sale a la luz al mostrar su interés romántico/sexual por algún compañero del mismo sexo. En Estados Unidos, en casos como éste, la jurisprudencia existente permite responsabilizar a los profesores, inspectores y rectores que hacen la vista gorda ante estos hostigamientos y al colegio por su responsabilidad asociada.
Incluso es posible esperar que un profesor que se involucra en el acto discriminatorio sea impedido de ejercer la docencia. Una primera propuesta concreta para combatir el odio en los colegios sería establecer un código contra la discriminación en la enseñanza, supervisado por el Ministerio de Educación. En él deberían estipularse las medidas disciplinarias que recaerían sobre los profesores y superiores que actuasen de manera discriminatoria o que no acudieran en defensa del alumno discriminado.
Como sabemos, actualmente la situación en Chile es exactamente la opuesta: es necesario defender a los alumnos gay para que no sean expulsados de los colegios.
Pasando ahora al ámbito del trabajo, la tarea se torna aún más ardua. Ya conocemos la manera tramposa en que opera el discriminador en las empresas gracias al esfuerzo que se ha hecho por desentrañar sus medios en el caso de las mujeres. Además de la ley en estudio que estipula la discriminación en el trabajo por razones de orientación sexual como un delito, el Programa Tolerancia y No Discriminación trabaja en un plan que tiene como objetivo promover y orientar a las Instituciones Públicas en el desarrollo de conductas, normas, condiciones y acciones no discriminatorias, incorporando la diversidad social y los principios de igualdad y no discriminación como un valor democrático, tanto en las políticas institucionales como hacia los usuarios. Son más de quinientos mil los homosexuales que hoy viven en Chile. De seguro ese número les sorprenderá y eso que corresponde a sólo un 3% de la población. Más de alguno dirá que estoy exagerando, pero no, no se trata de una exageración, lo que sucede es que esa gran masa no es visible, está escondida tras un disfraz, aterrada ante la posibilidad de perder sus relaciones de amor, su tranquilidad y su trabajo.
Aparte de los resultados concretos que pudiera acarrear la eventual aprobación de la ley en términos judiciales, el mensaje que proyectaría hacia la población sería una señal poderosa. Discriminar por orientación sexual es delito. Ese principio se infiltraría en la mente de los chilenos y contribuiría al cambio de mentalidad que buscamos.
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Pablo Simonetti es escritor
