En reacción al artículo publicado en las columnas de El Mostrador.cl, nos parece, ante las numerosas faltas a la verdad, al rigor y a la situación actual del diferendo regional sobre el Sahara Occidental, aportar los argumentos sobre los cuales se basa la posición de Marruecos a este respecto, e informar a la opinión pública chilena de las realidades que se omitieron en el artículo «Una oportunidad para el Sahara Occidental», del señor Cristián Fuentes.
El respeto al principio de la autodeterminación de los pueblos salvaguardando la unidad nacional y la integridad territorial de los Estados, el respeto a la legalidad internacional, a los derechos humanos tales como son reconocidos internacionalmente, la solución pacífica de los diferendos mediante el diálogo y la negociación, son unos de los ejes de la política exterior de Marruecos. Principios que compartimos con muchos países del mundo, de los cuales Chile constituye uno de los más cercanos a nosotros.
Partiendo de esos mismos principios, el compromiso, la convicción y la necesidad para Chile, en lo que se refiere a la cuestión del Sahara Occidental, deberían ser enfocados en el mantenimiento de una neutralidad positiva. La soberanía sobre este territorio, que constituye la esencia misma y la causa del conflicto, y que es objeto de un proceso de búsqueda de una solución definitiva bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas, no debería ser reconocida unilateralmente a ninguna de las partes en conflicto, y mucho menos a una entidad que no es reconocida por la mismísima ONU por carecer de los elementos constituyentes de los Estados tal como están definidos por el derecho internacional.
Haciendo un poco de historia, la reivindicación, por parte de Marruecos, de las provincias saharianas no debuta en el año 1975, como se deja entender en el artículo y como lo pretenden el Polisario y sus tutores, pero ha sido registrada por Marruecos en la ONU, y su retrocesión ha sido realizada mediante el Acuerdo de Madrid de 1975, tal como fue el caso para Ifini en 1969 y para Tarfaya en 1958, que son dos otros territorios marroquíes en las regiones saharianas ocupados por España. Dos territorios para los cuales la ONU había también anteriormente pedido la autodeterminación y que han sido retrocedidos a Marruecos mediante otros acuerdos con España, ex potencia colonial de estas regiones.
Los lazos entre el Sahara y el poder central marroquí se remontan a muchos siglos y son los mismos que marcaron la relación entre cada una y todas las demás regiones, provincias y tribus del país y que conforman la base misma de la soberanía y de la legitimidad del Estado Marroquí. Lazos que el paréntesis colonial (1912-1956) no podía, en ningún caso, romper.
Negar la legalidad de estos lazos históricos de soberanía equivaldría a negar la legalidad y la legitimidad de todo el Estado de Marruecos, constituido, sin embargo, desde hace más de doce siglos y negar, por lo tanto, la misma legalidad en el caso de muchos países europeos constituidos sobre bases idénticas.
Estos mismos lazos han sido reconocidos por el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, en su dictamen consultivo sobre el Sahara Occidental, en 1975.
Por otro lado, existen muchos tratados internacionales y registros coloniales que reconocen la integridad territorial de Marruecos incluyendo las provincias saharianas, tales como el Acuerdo Anglo marroquí de 1895, el Acuerdo de Algeciras de 1906, la Carta anexa al Tratado Franco-alemán de 1911, documentos oficiales de las dos potencias coloniales Francia y España, etc.
La recuperación por Marruecos de su independencia, en 1956, no se ha traducido por la recuperación inmediata del conjunto de su territorio nacional. Habiendo sido objeto de una triple colonización, francesa en la parte central, española en el Norte y al Sur del país, además de una administración internacional de la ciudad de Tánger, el Reino tuvo que negociar por etapas la retrocesión de esas diferentes partes de su territorio nacional, en plena conformidad, por lo demás, con los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas.
El movimiento de liberación nacional en Marruecos siguió activo después de la declaración de independencia formal en 1956 para la liberación de las provincias del sur del régimen colonial español.
Preocupado por solucionar pacíficamente el contencioso colonial que le oponía a España, Marruecos ha privilegiado la vía de la negociación, lo que ha permitido la reintegración, dentro del Reino, de las regiones de Tarfaya y de Sidi Ifni, sucesivamente en 1958 y en 1969.
Sin embargo, se debió esperar 1975, para ver a España retirarse del territorio del Sahara. Efectivamente el 11 de noviembre 1975 es cuando se han abierto las negociaciones en Madrid entre España, potencia administrante, Marruecos y Mauritania, que llegaron el 14 de noviembre siguiente a la conclusión del Acuerdo de Madrid, del cual la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó debidamente nota en su resolución 3458/B del 11 de diciembre de 1975, dando por terminada la colonización del Sahara occidental.
Hablar de invasión marroquí del territorio del Sahara parece, en este caso, carecer de cualquier tipo de base histórica o científica. Al calificar a Marruecos de «potencia ocupante», se hace caso omiso de la realidad de la cuestión del Sahara, como la definición de la noción de «potencia ocupante», tal como lo establece el derecho internacional, convencional y consuetudinario.
En efecto, el concepto de «potencia ocupante» definido por el reglamento de la Haya de 1907 y la IV Convención de Ginebra del 12 agosto de 1949, así como por el derecho consuetudinario, se extiende de un estado que ocupa parcial o totalmente el territorio de otro estado y que se beneficia de las competencias vinculadas a la subsistencia y a la seguridad de sus tropas.
Ahora bien, este concepto no tiene ninguna relación con la situación del Sahara donde no hubo ni guerra con otro Estado, ni ocupación del territorio de este último.
Desde 1973, Argelia se dedicó a contrariar sistemáticamente el remate de la integridad territorial de Marruecos. La implicación de Argelia en la cuestión del Sahara ha tomado múltiples formas: empeño militar, apoyo financiero y logístico, movilización y encuadramiento diplomático, incumplimiento del derecho internacional humanitario. Además de albergar en su territorio al Polisario y prestarle apoyo, Argelia apadrinó la creación en 1975, de una seudo «república» y se movilizó enérgicamente para llevar a un cierto número de países a reconocer esta «entidad» ficticia que no posee ningún atributo de un Estado soberano.
Es verdad que varios países optaron, luego, por retirar su reconocimiento para no perturbar el proceso de arreglo pacifico del diferendo en el marco de las Naciones unidas, de los cuales doce países latinoamericanos que vinieron añadirse a los otros países del continente que nunca la reconocieron (Argentina, Chile, Brasil, etcétera).
En lo que se refiere al proceso de búsqueda de una solución al diferendo en el seno de la ONU, es de precisar que Marruecos participó con lealtad en la aplicación del plan de arreglo propuesto en 1991 por las Naciones Unidas para resolver el diferendo del Sahara.
De todos los modos, la ONU se dio cuenta que no podía basarse únicamente sobre el censo español de 1974 ya que excluía muchos de los originarios de las regiones saharianas que se trasladaron durante la colonización hacia otras regiones del país, y descartaba también a tribus enteras porque luchaban con el apoyo del movimiento de liberación nacional marroquí, en contra de la presencia española en el Sahara y a favor del remate de la integridad territorial marroquí.
Si se contentara del censo español de 1974, varios dirigentes de esta «república» no tendrían derecho a votar, ya que no son censados, incluso su mismísimo Presidente, señor Mohamed Abdelaziz, por ser originario de la ciudad de Marrakech y cuyo padre, ciudadano marroquí y miembro activo del movimiento de la liberación nacional marroquí durante la colonización franco-española, vive actualmente en la ciudad de Kesbat Tadla, así como su ministro de defensa, señor Ahmed Ould El Bouhali, por ser ex -militar en el ejército regular argelino, además de varios miembros de su cúpula dirigente.
Sin embargo, la aplicación del plan de arreglo ha tropezado con obstáculos sistemáticamente planteados por el Polisario para falsear el proceso de identificación de las personas habilitadas para votar en el referéndum (es de recordar que la idea de la organización del referéndum fue propuesta por Marruecos en 1981 y no por ninguna de las otras partes, es decir diez años antes de ser propuesta por la ONU).
Luego del callejón sin salida en que se encontraba el proceso mismo de la identificación, el señor James Baker, Enviado personal del Secretario General de la ONU, presentó un proyecto de acuerdo-marco tras varias consultas con las partes en Londres y luego en Berlín. Plan que fue adoptado por el Consejo de Seguridad.
Marruecos aceptó negociar en la base de este proyecto de acuerdo-marco, con la necesaria flexibilidad, con vistas a arreglar en definitiva este diferendo regional. Desgraciadamente, Argelia y el Polisario optaron por ignorar la resolución 1359 relativa al Acuerdo-Marco y rechazaron la negociación que les ha propuesto el Secretario General.
Uno de los puntos que más preocupan a Marruecos en este diferendo es su aspecto humanitario. Al respecto, cabe recordar que Argelia, hasta 1996, había prohibido el acceso de los campos de refugiados que se encuentran en su territorio, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, impidiéndole cumplir plenamente con su mandato.
Asimismo, Argelia sigue ejerciendo directamente, un control estricto sobre los campos, especialmente al vigilar y al limitar los desplazamientos de las poblaciones. Entonces esta responsable del incumplimiento de la Convención sobre el estatuto de refugiados de 1951, que contempla que «cualquier Estado contratante (es el caso de Argelia) concede a los refugiados encontrándose en su territorio de manera regular el derecho de elegir su lugar de residencia y de circular libremente».
También estuvo responsable del mantenimiento, durante más de veinticinco años, en detención, en su territorio que se prolongó después de la entrada en vigor del alto el fuego, en 1991, a 412 miembros de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes, violando de manera flagrante el derecho humanitario internacional y ignorando voluntariamente los repetidos llamados de la comunidad internacional.
Las violaciones a los derechos humanos, por parte del Polisario y bajo la supervisión de los militares argelinos, en los campos de Tindúf (suroeste de Argelia) no se limita a hacer callar todas las voces que reivindican su derecho a juntarse con sus familiares en Marruecos y que están hartos de ver como se enriquecen los dirigentes del Polisario con el drama de los secuestrados, como se venden las ayudas humanitarias en las fronteras de Mauritania y de Malí (Véase al respecto el informe de la ONG francesa France Libertés que, después de haber apoyado incondicionalmente al Polisario durante muchos años, se dio cuenta de la amplitud de las malversaciones de las ayudas humanitarias y de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la cúpula del Polisario).
Cómo se venden las armas por los miembros del Polisario transformando a la región en una amenaza para la seguridad y la estabilidad en los países del Sahel y de toda la región del Mediterráneo; cómo engordan las cuentas bancarias de la cúpula del Polisario en los bancos europeos y en los paraísos fiscales; como se deportan a Cuba, desde más de veinticinco años, a miles y miles de niños saharauíes, separándoles a la fuerza de su sus familias, dónde son víctimas de todo tipo de abusos comenzando por «el adoctrinamiento ideológico» y la formación militar, pasando por los trabajos forzados en las manufactureras de tabaco y en las plantaciones de caña de azúcar, pertenecientes a los oficiales militares cubanos y a sus socios en la cúpula del polisario, y terminando por la prostitución, (Véase el artículo de Antoine Maurice en el diario suizo «La Tribune de GenÄve » del 18-09-2003 y el artículo del diario digital «La Nueva Cuba » http://www.lanuevacuba.com/ del mes de octubre de 2003).
Ahora bien, ¿por qué debería Chile mantener su posición actual de neutralidad positiva en este asunto?
En primer lugar, el proceso de búsqueda de una solución política definitiva y aceptada por todas las partes se está desarrollando en la ONU bajo los auspicios de su Secretario General y con la participación de los miembros de la Organización internacional.
El principio de la autodeterminación de los pueblos consagrado por la resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, no debe de ningún modo realizarse a expensas de la unidad nacional y de la integridad territorial, tal como lo precisan los puntos 6 y 7 de la misma resolución, que estipulan: «Â… Todo intento de quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos de la Carta de Naciones UnidasÂ… «.
En segundo lugar, los mismos principios y valores que sostienen la política exterior chilena, apoyan la necesidad para Chile de mantener una posición equilibrada de neutralidad positiva y de acompañar a las Naciones Unidas en el proceso que se está desarrollando en su seno.
El multilateralismo, el reforzamiento del papel de la ONU, la solución pacífica de las controversias, la participación en la dotación de la globalización de normas conformes al derecho internacional que permitan gobernarla, el apego a las normas del derecho internacional, son todos principios que apoyan la posición actual de Chile en esta cuestión. No reconocer la soberanía de una entidad que carece de cualquier atributo de Estado, sobre un territorio cuyo estatus está todavía en vías de definición por parte de la ONU, es una posición que se basa sobre todos los principios susodichos.
En tercer lugar, los atentados a los derechos humanos, los secuestros, las torturas, la trata y deportación de los niños, son practicados por el Polisario en territorio argelino y cubano. ¿Por qué no se permite la libre circulación de los refugiados entre los distintos campos? ¿Por qué se mantiene el cerco militar sobre los campos de Tindúf? ¿Por qué no se permite a los refugiados que lo desean volver a su país, obligándoles a tentar la aventura de hacerlo en condiciones peligrosas marchando por el desierto durante días enteros, exponiéndose a las peores de las torturas si son arrestados por las fuerzas de seguridad argelinas? ¿Por qué no se permite al Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU censar a los refugiados conforme a los criterios internacionales en la materia, ya que se confirmó que las cifras de refugiados avanzadas por Argelia y el Polisario son ampliamente exageradas? ¿Por qué no se permite a las ONG de derechos humanos acceder libremente a los campos e investigar sobre las torturas, las ejecuciones sumarias y las violaciones por parte del Polisario y de los agentes de seguridad argelinos? ¿Por qué muchos ex-dirigentes del polisario decidieron volver a su país y participar activamente en la vida política, cultural y social de Marruecos, de los cuales se podría citar a Brahim Hakim, ex canciller de la «rasd», Omar Hadrami, Director General de la Seguridad en la «rasd», Ayub Lahbib, ex-alto Oficial militar del polisario, Hammati Rabani, ex Ministro de Justicia y ex representante del Polisario en varios países, Kejmoula Bent Abi, ex deportada en Cuba y ex presidenta de la asociación de mujer saharaui en la «rasd», además de una multitud de saharauíes que regresaron a su país, Marruecos, entre los cuales hay periodistas, abogados, militares, etc.?
En cuanto a Marruecos, situó la obligación del respeto a los derechos humanos tales como son reconocidos internacionalmente en el preámbulo mismo de su Constitución y en la esencia misma de su proyecto de sociedad. Las reformas democráticas, la libertad de expresión y de prensa, la igualdad de sexos, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la independencia de la justicia, el fortalecimiento de la sociedad civil, la solución definitiva y justa de todos los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado y la reparación e indemnización de sus víctimas, son todos títulos de este Marruecos que el autor del artículo califica de brutal y de opresor. Son avances que hacen de Marruecos, hoy en día, un modelo de reformas, de Estado de Derecho y de democracia para todo el mundo árabe.
En cuarto lugar, Marruecos es el país árabe con el más grande y el más rico componente hispánico en su cultura, en su música e incluso en su cocina. Además, es de subrayar que más de cinco millones de marroquíes hablan español.
En quinto lugar, las reivindicaciones de Marruecos sobre el Sahara son mucho más antiguas que el descubrimiento del fosfato por el explorador español Manuel Medina, en el año 1946, y que implicó el establecimiento de la primera distinción, por parte de España, de lo que se denominaría el África Occidental española. Antes de esta fecha, los territorios saharauies estaban administrados conjuntamente con la otra zona española de Marruecos por el alto comisionado español con residencia en la ciudad de Tetuán en el norte de Marruecos.
La cuestión del Sahara se presenta para Marruecos en términos de remate de su integridad territorial, alrededor del cual hay unanimidad de todo el pueblo marroquí con todas sus componentes y tendencias. Unanimidad que va más allá de cualquier tipo de intereses económicos o materiales.
En sexto lugar, una buena relación entre Chile y todos los países de la región del Magreb Árabe no se podría alcanzar sino optando por una neutralidad positiva que asegure la imparcialidad y el apego al derecho internacional.
En el norte de África no existe un país gigantesco y otro enano. Existen países que conviven el uno al lado del otro y que deben percibir el futuro en términos de cooperación y de respeto mutuos. Cada uno de estos países tiene sus características, su historia y sus fortalezas.
Las posibilidades del desarrollo conjunto entre Chile y Marruecos son tan reales como las que puedan existir con otros países de la región en todos los aspectos.
En todo caso, la fuerza de la posición actual de Chile sobre esta cuestión emana de la seriedad de su política exterior, de los principios que sostienen esta política y de su apego a la legalidad internacional y al multilateralismo. Estos mismos principios son los que le dieron a Chile la envergadura internacional que tiene y el respeto y la admiración de los que goza hoy, por parte de la comunidad internacional, dentro de la cual está, por supuesto, Marruecos.
«Los principios de igualdad entre los Estados, del respeto a su soberanía, a su unidad nacional y a su integridad territorial, el no-recurso a la fuerza o a la amenaza de hacerlo, la prevención de los conflictos y su arreglo por medios pacíficos, y el respecto a la legalidad internacional y a los derechos humanos en su globalidad, constituyen los fundamentos de base de todo orden mundial» (Discurso del Rey de Marruecos ante la Reunión Plenaria de Alto Nivel del 60ÅŸ Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, entre el 14 y 16 de septiembre de 2005).
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Abdelhadi Boucetta es Embajador del Reino de Marruecos en Chile
