Protección social: el exclusivo y selecto “club de la tranquilidad” - El Mostrador

jueves, 19 de abril de 2018 Actualizado a las 13:03

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Protección social: el exclusivo y selecto "club de la tranquilidad"

por 5 octubre, 2005

Es de común aceptación que los cambios en la estructura demográfica de un país constituyen un desafío adicional para las políticas públicas. En el caso de Chile a las insuficiencias actuales en cuanto a protección social se añaden nuevas situaciones que, finalmente, debieran estar en el centro de las propuestas programáticas que deben presentar las candidaturas a la Presidencia de la República.



Los chilenos perciben que hay un "círculo de la tranquilidad" en cuanto a protección social que consiste en acceder a buena educación; empleos decentes (estables y bien remunerados); salud con seguros razonables; ahorros provisionales y vejez apacible. Sin embargo, no es difícil percatarse de que vivir esta lógica es una opción reservada para muy pocos.



En efecto, las diferencias en la calidad de la educación están lejos de amortiguarse y si a ello se atribuye la capacidad de romper las desigualdades de ingreso pareciera que deben esperarse muchos años antes de visualizar los cambios esperados.



Por su parte, la situación del empleo, al igual que lo que sucede en otros países, se caracteriza por un aumento en empleos precarios, sea por la falta de estabilidad, la ausencia de contratos, la flexibilidad de las remuneraciones y la temporalidad de la ocupación. En efecto, sólo el 20% de los cotizantes a las AFP o al Seguro público de Salud (Fonasa) lo hacen por 12 meses en forma consecutiva.



El mercado laboral se ha precarizado como resultado de la globalización, dando paso a una flexibilidad laboral que opera de hecho, independientemente de los confusos reclamos de algunos empresarios por ampliar tal flexibilidad. En estas circunstancias, las empresas privadas que actúan en la Seguridad Social (Isapres y AFPs) verán reducirse a sus potenciales "clientes", no por la intervención del Estado, sino por la intervención del mercado.



En efecto, hay numerosos trabajadores que sabiendo que con bajos e intermitentes ingresos no podrán obtener ni siquiera una pensión mínima por lo que prefieren eludir el pago provisional tanto para salud como para jubilación, porque lo perciben como inútil. Esto, por consecuencia, afecta al financiamiento del seguro público de salud porque aún si no cotizan Fonasa debe adscribirlos como indigentes.



Ahora bien, las garantías expresadas en el Plan Auge dependen tanto de los aportes de los cotizantes como de los aportes fiscales. Si los primeros se reducen, pero no así los beneficiarios (que es la ventaja del seguro privado que no otorga cobertura a quienes no pagan sus cotizaciones), porque se mantienen como indigentes, entonces será imprescindible aumentar el aporte fiscal, lo cual implica revisar la estructura impositiva.



Además, por los enormes avances logrados por el país en cuanto a esperanza de vida (actualmente en 78 años) los ingresos mensuales de los jubilados se reducen. Actualmente el 70% de los pensionados perciben rentas inferiores a $100.000. Esto significa que el Estado puede continuar aumentando indefinidamente los montos globales destinados a pensiones mínimas si no mejora la formalidad laboral y las remuneraciones.



Adicionalmente, el envejecimiento demográfico en Chile, como señaló el Director del INE, Máximo Aguilera, se está produciendo más rápidamente de lo que ocurrió en los países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos, el porcentaje de personas de 65 años y más aumentó de 5,4% en 1930 a 12,8% en el año 2000. En Finlandia el porcentaje fue de 5,3% en 1900 y 12,9% en el 2000 y en Holanda creció de 6,0% a 13,8% durante el mismo periodo. En nuestro país se espera que de 8% en la actualidad llegue a 22% en 2050 lo cual plantea la necesidad de una política de protección social activa y estructural para evitar que las desigualdades iniciales se exacerben al terminar la vida.

En suma, la reforma previsional no puede consistir simplemente en aumentar las pensiones mínimas (sin perjuicio de que sea necesario hacerlo) sino a enfrentar un problema estructural que -reconozcámoslo- es complejo y requiere ingentes recursos. Cómo integrar más personas al "círculo de la tranquilidad" es el desafío que las autoridades deben plantear desde hoy porque después puede ser demasiado tarde.




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