El 4 de octubre de 2005 se tramitó la denominada Ley Huilcamán, que tenía por fin abrir plazo extraordinario para inscribir candidaturas electorales, exigiendo los mismos requisitos ordinariamente exigidos por la ley. Como es sabido, este proyecto fue motivado por la candidatura presidencial de Aucán Huilcamán, líder indígena que no logró juntar las firmas necesarias para emprender su postulación.
A mi juicio, este proyecto de ley era una pantomima de la participación indígena. La técnica ideada era aprobarlo, aplazando la inscripción de las candidaturas, pero sin morigerar el principal obstáculo, que era la exigencia de cerca de 31 mil firmas ante notario. Como señaló el propio Huilcamán, el proyecto no respondía a sus necesidades, porque la simple ampliación de plazo era insuficiente y debía eliminarse la acreditación de firmas ante notario. Propuso que tal trámite fuese certificado por el Registro Civil o el Servicio Electoral, lo que fue rechazado, pues ningún parlamentario (ni siquiera el Senado), por norma constitucional, puede, mediante proyectos de ley, establecer funciones de servicios públicos. Sólo lo puede hacer el Presidente de la República.
En el fondo, lo que proponía el proyecto era un simulacro, una obra de teatro, cuyo telón de fondo era la exclusión del mundo indígena de lo político, para que siguiese en el campo de lo cultural, a lo más de lo ciudadano.
El pesado gravamen que impone actualmente la ley electoral restaba cualquier viabilidad a la candidatura de Aucán o de cualquier otro independiente. ¿Debía yo avalar semejante parodia? No. El costo habría sido alto, no para mi, sino para el mundo indígena. Se hubiese abierto el plazo, y tal como señaló Aucán, no habría podido juntar las firmas. El proyecto, desde su inicio, era una mala disculpa del sistema ante los excluidos. Era una pésima justificación de la discriminación a los indígenas en el acceso al poder público.
Pude haber votado a favor, y participar de este pseudo gesto democrático, que no era más que un estratagema para trasladar el costo al mundo indígena. Opté en conciencia por la salida más ética, a pesar de las tentaciones electoralistas y los eventuales costos de imagen.
La vía real para garantizar la participación ciudadana en la institucionalidad vigente, sea indígena o no, es una reforma profunda a la Ley electoral, garantizando una verdadera participación de las candidaturas independientes. El tan vapuleado sistema binominal, cuyas críticas deberían marcar con fuego las conciencias de cada uno, así como las trabas burocráticas y formales a las candidaturas (como la exigencia de trámites notariales), impiden el acceso al poder de los indígenas y otros grupos a la institucionalidad vigente.
Espero que los pueblos indígenas puedan realizar los diagnósticos necesarios y denuncien en concreto las flaquezas de nuestras leyes electorales. Con gusto apoyaré las reformas que proponga el mundo indígena, de acuerdo a sus prioridades y de acuerdo al principio del consentimiento informado previo y colectivo, en favor de cualquier iniciativa que promueva de la participación indígena real y efectiva.
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Alejandro Navarro Brain es diputado del Partido Socialista y es el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados
