Cuando se opta por caminos paralelos - El Mostrador

viernes, 20 de abril de 2018 Actualizado a las 09:13

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Cuando se opta por caminos paralelos

por 13 octubre, 2005

La estrategia de defensa que ha ido diseñando el Ejecutivo en el caso de los empresarios de Lucchetti, acusados de tráfico de influencias para salvar su planta de pastas en Los Pantanos de Villa en Lima, nos plantea una serie de interrogantes relacionadas con el conflicto desde sus inicios.



En primer lugar, los ejecutivos conocían el carácter de reserva ecológica de los Pantanos de Villa y el riesgo que implicaba instalarse en ese lugar (algo similar a lo ocurrido con la planta de Celulosa de Valdivia y el Santuario del río Cruces).



Luego, posiblemente mal asesorados, comenzaron la construcción de la planta sin los permisos correspondientes. Lucchetti requería autorizaciones del municipio metropolitano de Lima y no sólo del municipio de Chorrillos, territorio al que pertenecen los Pantanos. Era el momento para replantear el emplazamiento de la planta y revisar las bases legales del proyecto.



Sin embargo, con la soberbia que desgraciadamente ha caracterizado a muchos empresarios chilenos en el extranjero y que nos debiera avergonzar, los ejecutivos decidieron seguir adelante, sin tomar en cuenta la oposición de las autoridades metropolitanas y la creciente oposición de las organizaciones defensoras de la naturaleza y el medio ambiente de Lima. El alcalde de Lima de la época ofreció otro lugar para la construcción de la planta, pero Lucchetti lo rechazó.



Como contrapartida, Lucchetti comenzó una campaña de cooptación de la ciudadanía pobre de Chorrillos regalando pastas y ollas, y organizando almuerzos populares para ganarse el apoyo de la ciudadanía del entorno, aprovechando su condición de pobreza.



Y lo peor es que Lucchetti, en medio del conflicto desatado entre competencia de autoridades y derechos empresariales, aceleró la construcción de su edificio de 9 pisos, los silos y el resto de las instalaciones, pensando tal vez que ante hechos consumados -y acostumbrados a que una vez realizadas las inversiones es difícil destruir lo construido-, nadie se atrevería a no autorizar la polémica planta de fideos.



En suma, y ahorrando la serie de irregularidades del proceso que acompañó al conflicto, la defensa del carácter de reserva de los Pantanos primó sobre los planes empresariales de Lucchetti (la empresa fue acusada de extracción ilegal de aguas en el lugar).
A ello se agrega más tarde la acusación de tráfico de influencias mediante supuestas coimas pagadas a Montecinos, lo que viene a agravar aún más la situación de los ejecutivos chilenos en Lima.



Respecto de la defensa que intenta hacer el gobierno de sus "amigos" inversionistas, cabe señalar que los ejecutivos de Lucchetti pueden defenderse solos ya que forman parte de uno de los grupos económicos con mayor influencia (económica y política) no sólo en Chile, sino también en varios países de la región.



Así, la supuesta recomendación del gobierno chileno a los ejecutivos de Lucchetti, de no presentarse al juicio oral en Lima, es una señal clara de la desconfianza del ejecutivo respecto de la imparcialidad de la justicia en ese país.



Ello constituye un agravio a la institucionalidad judicial peruana, parecida a la sentida por nuestro país al ser acogida la solicitud de asilo político de ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en otros países.



De modo que si queremos ser consecuentes, y como se repite a menudo, dejemos que las instituciones funcionen con todas sus consecuencias, ya que los ejecutivos de Lucchetti no son ningunos desamparados, como se podría considerar a los grafiteros del Cusco. No cabe aquí la presentación a la Corte Interamericana de Justicia de un caso donde no ha habido denegación de justicia, sino donde se persigue aclarar el rol de los acusados en los hechos de tráfico de influencia.



Y recordemos también que lo que estuvo en juego en este bullado conflicto es la destrucción de un patrimonio natural y ambiental de altísima relevancia. Queda claro que el gobierno prefiere salir en defensa de inversionistas chilenos sin considerar sus actitudes en la construcción de la planta de Lima y dejando que la destrucción de la reserva de Pantanos de Villa quede librada a su suerte.





César Padilla O./ Antropólogo. Observatorio Latinoamericano
de Conflictos Ambientales.



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