La posición de «neutralidad positiva» que Chile mantiene en el caso del Sáhara Occidental es contradictoria, ya que no se puede ser neutral ante principios fundamentales para la convivencia internacional, favorece al statu quo que defiende una de las partes y produce efectos negativos al retardar una pronta solución al conflicto.
Es bien sabido que la autodeterminación de los pueblos es una de las bases del orden global, frente al cual no cabe la neutralidad. Chile así lo ha entendido durante toda su trayectoria en los organismos multilaterales, por lo que la conducta de nuestro país debiera fundarse en las Resoluciones de Naciones Unidas y en la Opinión Consultiva que la Corte Internacional de La Haya, por 14 votos contra 2, emitió el 16 de octubre de 1975.
Este alto Tribunal estipuló que si bien existían al momento de la colonización española vínculos jurídicos de subordinación entre el Sultán de Marruecos y algunas tribus que vivían en el sur del Sáhara Occidental, no había antecedente alguno que comprobara lazos de soberanía territorial entre ambos países, considerando aplicable la Resolución 1514 (XV) sobre la descolonización, y el derecho a la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui, mediante un referéndum que la ONU viene exigiendo desde la década de 1960.
Tampoco el llamado «Acuerdo de Madrid» (14 de noviembre de 1975), por el cual España transfirió sus facultades y responsabilidades como Potencia administradora a Marruecos y Mauritania significó afectar la condición de este territorio, pues tal acción no podía realizarse de manera unilateral.
Por tales razones, el Sáhara Occidental no aparece en ningún mapa reconocido como parte de Marruecos, pues la ONU sigue considerándolo como territorio no autónomo. Mal podría, por tanto, afectarse la unidad nacional y la integridad de un país cuyo único título es la posesión por la fuerza de un lugar que no le pertenece.
Otro recurso usado en abundancia es negar la existencia del pueblo saharaui como Nación y su lucha por la libertad, confundiéndola con el movimiento independentista marroquí e, incluso, poniendo en duda el origen de sus principales dirigentes. Así, se desconoce la trayectoria y legitimidad del Polisario (Frente por la Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro), y se afirma que su Secretario General y Presidente de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), Mohamed Abdelaziz, sería originario de Marrakesh, cuando en realidad nació en la ciudad saharaui de Smara, en 1948.
Pero estas afirmaciones son bastantes conocidas pues se han repetido en innumerables ocasiones en procesos parecidos a este. Asimismo, señalar a otros como los responsables de sostener causas «inventadas» para beneficio propio, es una estrategia históricamente bien conocida. Tal es la naturaleza de las acusaciones contra Argelia, las cuales no alcanzan a afectar ninguno de los argumentos de fondo que sostienen las reivindicaciones saharauis.
Se dice, por otro lado, que la RASD no debiera ser reconocida porque alteraría el proceso de búsqueda de una solución definitiva y porque es una «entidad ficticia» que no posee ninguno de los atributos propios de un Estado. Por el contrario, establecer relaciones diplomáticas con quien representa al pueblo saharaui es considerar a las dos partes y no sólo a una como es actualmente, además de emitir una fuerte señal de apoyo a la legalidad internacional. Del mismo modo, es bastante discutible el tema de si la RASD posee o no las características de un Estado, ya que podríamos decir que se dan los cuatro elementos que lo definen al existir una población determinada y un gobierno que ejerce poderes soberanos sobre aproximadamente un tercio del territorio del Sáhara Occidental.
De igual modo, el Plan de Arreglo de Naciones Unidas se encontró con la oposición sistemática de Marruecos a cualquier condición que previera como resultado la independencia. En este sentido, es extremadamente clara la carta del Ministro de Relaciones Exteriores marroquí al Secretario General de la ONU, en cuanto a que su país no aceptará ninguna fórmula que pueda afectar su integridad territorial.
En todo caso, el amigo lector puede hacerse una idea propia sobre este tema si revisa la abundante información disponible en Naciones Unidas (http://www.un.org/spanish/), en la Corte Internacional de La Haya (http://www.icj-cij.org/) y en los periódicos de toda Europa, los que, por ejemplo, en las vacaciones de verano se llenan de testimonios de las familias que acogen a los niños saharuis, demostración de solidaridad que desmiente la supuesta condición de «secuestrados» que tendrían en los campamentos de la región argelina del Tinduf.
En resumen, la «neutralidad positiva» no respeta valores sustantivos para Chile, ni representa un punto de vista equilibrado entre las partes, sino que fortalece la posición de Marruecos. Lo que corresponde hacer, por tanto, es exigir el cumplimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y confiar en que más temprano que tarde nos daremos un abrazo fraterno en el seno de la comunidad de naciones libres de la tierra.
Cristián Fuentes V./Cientista Político.
