Cesiones legales de áreas verdes - El Mostrador

viernes, 20 de abril de 2018 Actualizado a las 11:53

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Cesiones legales de áreas verdes

por 21 octubre, 2005

Celebramos la reciente publicación en este medio de la columna "Santiago pierde parques públicos" de nuestro camarada Hernán Larraín, en la cual -con lujo de detalles- denuncia varios "olvidos" de conocidas autoridades municipales que posibilitaron la sustracción y por lo tanto privatización de centenas de hectáreas de áreas verdes en una comuna del sector oriente de la ciudad. Así, varios loteadores dispusieron de mayores superficies para sus urbanizaciones, hechos irregulares aceptados por todos quienes tenían la obligación de controlar y fiscalizar la aplicación de las cesiones legales de terrenos para usos públicos.



Lo que planteaba el columnista es de suma gravedad y si Chile fuera un país serio significaría un revuelo de proporciones por las implicancias de los hechos relatados, que dejan en un muy mal pié a nuestra institucionalidad sectorial. Es más, nosotros estamos seguros que ningún prohombre de gobierno ni de la municipalidad afectada levantará la voz para iniciar un proceso de investigación por aquellos escamoteos prediales. Con el silencio se defienden aquellos que disfrutan del poder y cuando algunos vecinos osan decir las cosas documentadamente y por su nombre son motejados en las reuniones sociales privadas como "conflictivos" y cuando sus acusaciones son más graves se les califica como "perturbadores".



Ahora bien, Larraín con su agudeza e interés para ir terminando con estas trampas, nos ha motivado para referirnos a otra situación de despojo urbano que está acaeciendo en la actualidad y que la opinión pública desconoce por tratarse de materias "técnicas".



En efecto, Transoceánica es una conocida empresa que encabeza un megaproyecto inmobiliario, junto a la Constructora Fernández Wood, en el sector de densidad baja de 150 hectáreas delimitado por el sur con la cumbre del cerro Alvarado, por el nor-poniente con la Avenida José Alcalde Délano y por el oriente con el estero Las Hualtatas, de la comuna de Lo Barnechea, territorio hasta hace poco de expansión urbana y cuyos residentes se organizaron bajo la Junta de Vecinos Jardín La Dehesa. El nuevo asentamiento humano consiste en la ejecución de 225 viviendas unifamiliares, cuyos precios unitarios fluctúan entre las UF 7.000 (US$ 230.000) y las UF 13.000 (US$ 435.000), es decir, estamos hablando de transacciones comerciales equivalentes a muchas decenas de millones de dólares.



Cuando los loteadores del proyecto solicitaron a la Dirección de Obras Municipales el Permiso de Subdivisión y Construcción, lo presentaron con especificaciones que respetaban las ordenanzas vigentes, en el sentido de entregar al patrimonio público las áreas verdes comunitarias y lotes de equipamiento que correspondía ceder legalmente y en esos términos fue otorgado el permiso definitivo por la dependencia técnica de la Municipalidad de Lo Barnechea.



Una vez otorgada la autorización e iniciada la construcción de las viviendas, en una acción impresentable y violándose abiertamente el marco regulatorio, los mismos loteadores presentaron una demanda judicial contra dicha municipalidad, negándose a cumplir lo establecido en el respectivo permiso de construcción, vale decir, no cediendo al patrimonio público las áreas verdes y los lotes de equipamiento, despojo al bien colectivo y ganancia privada, equivalente a la significativa suma de UF 35.748, es decir, más de un millón de dólares, teniéndose en cuenta el valor de UF 6 el m2 en esa zona de la ciudad.



Estos luctuosos hechos, derivados de una ambición desmedida por el lucro privado, han obligado a los vecinos perjudicados a tomar la defensa del caso, acudiendo motu proprio a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República y haciéndose parte en el juicio respectivo.



Con el propósito de que los lectores tomen conocimiento de las argumentaciones de los loteadores, para pretender sustraerles a los vecinos y al patrimonio público las áreas verdes, a continuación y sucintamente los señalamos.



El primer planteamiento de los titulares del proyecto para sustentar su posición es la presunta validez del Decreto Supremo NÅŸ 134 del 29 de Agosto de 1985, que regulaba el sector afectado cuando el territorio no formaba parte del área urbana y estaba bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Las Condes. Pero resulta que dicho decreto supremo quedó totalmente derogado en el año 1994 cuando se publicó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), situación ratificada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo mediante ORD. NÅŸ 840 del 18 de Marzo de 2005, a raíz de la presentación que le hicieron los vecinos perjudicados conjuntamente con nuestra agrupación ciudadana.



Además debemos mencionar que cuando se publicó ese Decreto Supremo solo se confirmó en él que el sector del Cerro Alvarado (hoy cerro-isla), era una Reserva Forestal, definida como tal desde la vigencia del Plan Intercomunal de Santiago (PIS) de 1960, lo que significaba que era imposible definir nuevas áreas verdes en el mismo lugar y superficie, pues ya lo era por mandato del marco regulatorio urbano de la época.



Como segundo argumento para no ceder las áreas verdes donde corresponde, estos loteadores presentaron ante los tribunales de justicia una Declaración de Intenciones en donde deberían firmar unos privados y los representantes de la Municipalidad de Las Condes. Pero resulta que este documento en forma mendaz se presenta con cuatro (4) firmas de privados y sin las firmas de los representantes municipales de Las Condes : es decir, quisieron pasar gato por liebre. Ergo, al igual que el otro "fundamento", éste no tiene ninguna validez.



Para justificar su pretensión los loteadores proponen entregar al uso público las áreas verdes en la ladera del cerro Alvarado, la cual presenta en su totalidad una pendiente superior a 45%. Las áreas verdes (plazas, parques, etc), según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones son espacios y bienes de uso público, por lo tanto se debe considerar "facilitar la accesibilidad y circulación de personas discapacitadas o que se desplacen en sillas de ruedas, como también personas de la tercera edad, en la forma más expedita y sencilla posible". No es necesario ser especialista en la materia, como para darse cuenta que ninguna autoridad, jamás podrá autorizar la ejecución de una plaza o un parque, bajo la aludida modalidad de cesión, en un terreno inclinado con las características del cerro Alvarado.



Con las argumentaciones presentadas por los loteadores, que están en conocimiento de todas las autoridades competentes a las que han recurrido los vecinos, no se entiende cómo puede continuar esta regresiva situación sin resolverse, ya que tanto jurídica como técnicamente, es inválida la posición de los anteriores quienes no desean ceder las áreas verdes en los lugares adecuados, en decir, en los terrenos que ellos están urbanizando.



Como nosotros creemos en la confrontación pública de ideas, invitamos al titular del negocio inmobiliario de marras a que responda en estas páginas porqué sostiene que no debe ceder las áreas verdes a localizarse en los espacios en donde son necesarias para aquellos que compran sus viviendas y para los vecinos residentes actuales del sector mencionado en el cuarto párrafo de esta columna. Si no responde, sería válido el dicho "quien calla, otorga".



Y así se escribe la historia en este país, paraíso de aquellos que consideran que las regulaciones son para otros. Recordemos que algunos importantes empresarios están convencidos que las normas urbanas son meramente indicativas y que por ello hacen lo que desean en función de sus intereses particulares.



¿Será posible que el próximo gobierno ponga coto a estas desigualdades?



Conocedores de las debilidades humanas y de los comportamientos de nuestra casta política, Ä„estimamos que no!



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Patricio Herman P. y Sergio Pavez Sch./ Agrupación "Defendamos la Ciudad".


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