Familiares que demandan justicia, ex-uniformados que declaran ante los tribunales, ex-funcionarios civiles del régimen militar que tratan de justificar su actuación en el pasado.
Nadie debería sorprenderse. Ninguna sociedad puede escapar a su pasado. Es un error pensar que se puede dar vuelta la hoja a los sucesos vividos por la comunidad nacional.
Nuevas generaciones se preguntarán por lo ocurrido.Nuevas investigaciones históricas y nuevos testimonios individuales nos entregarán antecedentes desconocidos sobre la dimensión del horror.
Esta es la experiencia de todos aquellos países que han pasado por situaciones similares. ¿Por qué habría de ser Chile la excepción?
La superación de un pasado traumático busca reencontrar
sociedades divididas por el odio y la violencia. El componente fundamental de la reunificación de una nación es reconstituir lo ocurrido y producir justicia. Chile se encuentra abocado a esta tarea ineludible.
La aspiración a la reconciliación es legítima y necesaria.
¿Pero qué es la reconciliación sino el reencuentro de una comunidad con los valores básicos de convivencia y con una ética democrática común?
Los actores del reencuentro nacional son agentes de un cambio ético: los partidos políticos, la prensa, las instituciones, las agrupaciones de familiares de las víctimas y los diferentes grupos de la sociedad civil. Ellos van construyendo el clima moral y político de un país.
Los victimarios no son actores de la reconciliación. Ellos, salvo excepciones, mas bien se oponen a ella, pues buscan impedir que aflore la verdad y se haga justicia, lo que dificulta el «cierre de las heridas».
En la discusión pública nacional existe una cierta confusión sobre el anhelo de reconciliación y sobre los actores de este proceso. Esto es así, porque los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos aún disponen de un fuerte lobby en las instituciones, en la prensa y en el segmento político. Sin embargo, la tendencia es a la clarificación. Ya cambió la visión de una parte de la ciudadanía que los percibía como supuestos «héroes de la lucha contra la subversión». La sociedad los ve ahora casi unánimemente como victimarios y -en cierto medida- como agentes de un regimen inhumano.
Otra confusión que aflora a menudo en la discusión pública es la falta de distinción entre las causas que llevaron al quiebre democrático, donde las diferencias de interpretación son legítimas, y la violación a los derechos humanos, donde no puede haber diferencias en la condena a estos crímenes.
El «cierre de las heridas del pasado» es un proceso individual y colectivo que necesita reparación simbólica, moral, y material. El Estado debe garantizar la persecución penal, la justicia y la reparación por los crímenes de sus agentes cuando se ha tratado de una violencia vertical, desde las instituciones, como es en el caso de Chile.
Para esto es fundamental un marco jurídico libre de las presiones de los perpetradores.
En Chile la justicia se encuentra aún en la fase transicional, tanto en lo penal, lo histórico, lo reparativo y lo institucional, pues no está totalmente libre de presiones corporativas y aún está influída por algunos jueces que han encubierto los crímenes del terrorismo de Estado.
Los gobiernos post-dictatoriales han garantizado paulatinamente estándares mínimos para que la justicia y las instituciones funcionen. Esta es la base para tratar el tema sin temor. Estos estándares son una conquista parcial y reciente del país, cuya manifestación más visible son los testimonios del conmovedor informe Valech.
Mas de 30 Comisiones de Verdad en todo el mundo son el resultado en la mayoría de los casos de procesos internos, pero son en última instancia medibles con estándares comparativos internacionales sobre justicia y derechos humanos.
Esto es especialmente válido para economías y sociedades fuertemente integradas al mundo global y al sistema multilateral, como es el caso de Chile.
En nuestro país los factores externos han sido determinantes para el proceso interno, lo que constituye una debilidad objetiva de la nación para procesar su pasado. La detención del general Pinochet en Londres y el descubrimiento de sus cuentas bancarias en EEUU producto del 11 de septiembre del 2001, han sido hitos esenciales para cambiar la conciencia del país sobre su pasado dictatorial.
En los procesos de justicia transicional, toda medida tomada en el marco de la superación del pasado debe conducir a fortalecer la independencia de los tribunales nacionales frente a presiones corporativas. Por esta razón, es fundamental homologarlos con los tribunales internacionales. La reciente aprobación del Senado a la incorporación de Chile al Tribunal Internacional, después de una discusión de varios años, es un paso en la dirección correcta para alcanzar una articulación con los consensos éticos del sistema multilateral, pero falta aún una ratificación definitiva.
La superación del pasado es un proceso largo, como lo demuestran las experiencias de España o Alemania, y no está libre de retrocesos como ocurrió en la Argentina de Menem o en Uruguay, con el plebiscito a favor del punto final.
Para considerar estos procesos exitosos, se deben medir en el tiempo, y es necesario transformar componentes esenciales del sistema político que han estado interferidos por el regimen dictatorial.
En este aspecto, en Chile hay todavía tareas pendientes, a pesar de que se ha avanzado mucho. La justicia tiene aún resabios de la cooperación con el regimen dictatorial, no ha habido una reforma educativa que incorpore el procesamiento del pasado, no ha habido una recalificación de los funcionarios del Estado, especialmente de la policía y de los militares, pero la experiencia histórica nos enseña que estas tareas a veces las lleva a cabo la generación posterior.
La interpretación de lo ocurrido difiere también según el grado de afectación por la violencia. En este aspecto, el procesamiento del pasado se puede considerar exitoso cuando las víctimas son incluídas en la estructura del poder, como es el caso de Africa del Sur.
En Chile este proceso ha sido limitado. Sin embargo, el eventual triunfo de una víctima directa del terror en las elecciones presidenciales es un paso muy importante para cerrar este círculo. Esto debiera ser un llamado a la reflexión para aquellos ciudadanos que reconocen en los derechos humanos un aspecto esencial del país, pero que dudan en apoyar a la única candidata que está en condiciones de generar una mayoría sólida y un clima político y cultural, que permita profundizar lo ya logrado.
Chile superó definitivamente la fase de las amenazas a la continuidad democrática. Sin embargo, momentos de involución sobre el procesamiento del pasado están siempre presentes en el esfuerzo de un país por construir su futuro basado en la verdad, el derecho y la justicia.
Las campañas electorales se hacen mirando al futuro pero cuenta el pasado de los candidatos.
Los ciudadanos deben mantenerse siempre alertas para no cerrar los ojos frente a momentos en que se pueden aunar esfuerzos para construir mayorías que permitan afirmar procesos fundamentales en curso.
Esta es la principal enseñanza que sacan los países que quieren aprender de su pasado.
