La designación del nuevo comandante en jefe del Ejército por parte del Presidente Ricardo Lagos, constituye el último acto significativo de su política militar. La cual, al igual como ocurrió con los Presidentes anteriores, estuvo dominada por los temas de derechos humanos y apreciaciones sobre las relaciones cívico militares. Eso sí, experimentando bajo la comandancia en jefe del general Juan Emilio Cheyre, también, importantes avances en reformas institucionales de modernización profesional.
Las temáticas permanentes referidas se explican por la profundidad de la crisis entre mundo civil y militar en las décadas pasadas. La potencia cultural corrosiva para las fuerzas armadas del golpe militar de 1973 fue demasiado grande, no solo en cuanto a su doctrina institucional democrática, sino también en aspectos profesionales, como -por ejemplo- el relativo al mando militar. Ello fue particularmente crudo en el Ejército.
Los veinticinco años de comandancia en jefe de Pinochet, y el involucramiento incontrolado en actividades de seguridad interna y represión, desarticularon y corrompieron profesionalmente a parte importante de su oficialidad. A lo anterior, deben agregarse los compromisos administrativos y burocráticos del largo período de gobierno pinochetista, todo lo cual dio origen a una entidad adiposa, ideológica y de baja calidad profesional, que fue lo que el país encontró al momento de reinstalarse la democracia.
En el Ejército de comienzos de la democracia convergían tanto la sana vocación profesional de nuevas generaciones, con la ideología de la guerra fría e intereses extra institucionales muy fuertes, amparados o regulados en muchos casos por el propio mando. Ello indujo a la institución a una actitud desconfiada y de fuero autonomista frente al poder civil, que muchas veces se transformó en abierta presión, y que postergó un desarrollo sano de los temas profesionales.
Tal actitud inhibió también una acción más decidida y segura de las autoridades civiles en materia de control y modernización del sector defensa, y dejó el tic de analizar todo bajo el prisma de las relaciones cívico militares, otorgándoles de facto el papel de interlocutores y no de subordinados.
El espíritu de normalidad institucional que vive el país constituye un ambiente propicio para que los desarrollos doctrinales republicanos experimentados por las instituciones militares se articulen de manera permanente con su desarrollo profesional y técnico. Siendo las fuerzas armadas en esencia una institución orientada a la acción, sus aspectos operativos y la cultura institucional que las conforman se rigen no sólo por consideraciones de eficiencia material, sino también por su significación ética. Hoy sería impensable analizar los desafíos profesionales y las nuevas misiones al margen de esa dimensión.
El nuevo comandante en jefe deberá gestionar su institución en un ambiente de plena normalidad, de una manera mucho más cercana a los temas técnicos y profesionales, en los cuales su institución, no obstante los esfuerzos de los últimos cuatro años, se encuentra aún atrasada.
Ello no significa que los temas culturales de la "familia militar" o los problemas de la memoria o la identidad, se hayan disuelto. Por el contrario, en las instituciones como el Ejército, donde el consenso interno y la auto imagen resultan esenciales para su cohesión y funcionamiento, la tradición es una fuente permanente de interpretación.
De ahí la importancia del vínculo entre formación técnica y doctrina republicana del nuevo período que se abre. Si no se funde en una sola agenda, las jóvenes generaciones de oficiales, muchos de ellos hijos, sobrinos o nietos de la oficialidad con mando en el golpe militar, podrían experimentar la tentación de la interpretación familiar antes que la doctrina pública de una institución del Estado. Ello implicaría que el "cierre de ciclo" que ha intentado la política militar de Lagos, hubiere quedado inconcluso.
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