En tierra derecha para la primera vuelta de las elecciones, sería iluso pensar que los candidatos pudieran dar a conocer un compromiso claro respecto a qué medidas adoptarán para corregir la inequidad estructural del sistema neoliberal. Los espacios comunicacionales y la aplicación estricta de un marketing político de gran pragmatismo, impiden que se pueda debatir medidas de fondo para ver quien lleva con más claridad soluciones a tal o cual problema.
Es, pese a lo anterior, un momento oportuno para plantear, aunque sea majaderamente, un propuesta aterrizada de promoción para las PYME, que implique corrección de la políticas públicas actuales, que han demostrado ser insuficientes, para entrar de lleno en el problema estructural de las pequeñas y medianas empresas.
Presento una vez más algo que está en manejo de CONUPIA y que fue promovido desde 1998 en plena crisis asiática como una medida de promoción que fuese a las causas y no a los síntomas del problema de las PYME. Habida cuenta que estos establecimientos familiares o unipersonales mantienen una estructura societaria de personas, el riesgo financiero que implican es socialmente delicado, ya que de ocurrir una situación de crisis o quiebra, es la familia dueña de la PYME la que se arruina. Este hecho elemental hace que la PYME sea calificada como «sujeto de crédito riesgoso» y que los bancos refuercen su garantía exigiéndoles avales de los propios socios, lo que deja en riesgo todo el patrimonio personal de las personas que integran una empresa pequeña o mediana, bajo la figura societaria de «responsabilidad limitada» o de empresa unipersonal.
El apoyo a las PYME debe ir a la promoción y reingeniería de ellas, de manera tal que puedan asociarse. La asociatividad significa fortalecer primero su capacidad de gestión, de manejo de proyectos, de su estructura societaria para poder recibir socios. En tal sentido, el Programa de Reingeniería y Fortalecimiento de las Pymes busca enrielarlas en la vía asociativa, para lo cual se concibe un plan de modificación social de las PYME para llevarlas a la calidad jurídica de sociedades anónimas cerradas, que permitan sentarse a la mesa a discutir una acción de alianza estratégica, de joint venture, de asociación vía consorcio u otras formas de colaboración en función de proyectos conjuntos.
Por eso propuse el Programa de Reingeniería Jurídica de las PYME, para llevarlas a través un sistema de facilitación a una nueva forma societaria. Simultáneamente, implantar en las nuevas empresas el sistema de gestión por proyectos, que permita ingresar a la empresa con su proyecto o plan de negocios, a un banco de proyectos que podrían promoverse con contrapartes nacionales o extranjeras para potenciar esas iniciativas como emprendimientos sustentables.
La clave del Programa es la reconversión jurídica y la focalización de un plan de negocios que pueda, a nivel de perfil, dejarse en un portafolio de oportunidades para inversionistas de mediano porte que quisieran participar en ellos.
Pasando estas etapas, lo principal del Programa de Fortalecimiento planteado es que el Estado oriente un 5% de los Fondos previsionales que mantienen las Administradoras de Fondos de Pensiones a FIDEs, Fondos de Inversión para el Desarrollo de Empresas, que puedan entrar a los proyectos perfilados con capital de riesgo, permitiendo que las PYME pudieran relacionarse en joint ventures con socios europeos para aprovechar los espacios abiertos por el Tratado de Asociación Política que mantienen Chile y la Unión Europea, el cual tiene expresamente un espacio para la promoción de negocios de nivel pyme.
Si Chile tiene un ahorro interno que pertenece a todos los chilenos afiliados al sistema de AFP, que alcanza los 60 mil millones de dólares, que circula de manera concentrada a través de las grandes empresas del país, permitiéndose que un 12% se invierta en el exterior, en bolsas de valores del mundo desarrollado, sería de elemental equidad y una corrección efectiva del modelo, fijar desde el Estado una disposición que permita que una mínima parte de esa energía financiera blanda circulase como capital de riesgo al sector PYME. Significaría disponer de 3 mil millones de dólares para expandir la actividad de las PYME y profesionalizar su gestión.
Las propias Cámaras de la Pequeña Industria y Artesanado podrían ser contrapartes técnicas de un Programa de esta envergadura, que podría significar el gran salto adelante del modelo chileno en materia de redistribución del ingreso.
El punto principal es la voluntad política de tocar la clave de la concentración de la riqueza en Chile, como la ha sido la cuasi monopolización del ahorro interno de todos los trabajadores chilenos.
Propongo a los candidatos responder a este desafío. Dar su compromiso, no irse por las ramas, ya que tenemos la capacidad profesional para organizar un Programa como el descrito. Existe experiencia en promoción de exportaciones e inversiones que he podido aplicar en en otros países, pero, en Chile, es difícil generar consensos por mezquindades ambientales, muy propias de nuestra idiosincrasia. Sin embargo, insistiendo en ser profeta en mi tierra, le dejo a los candidatos y la opinión pública esta iniciativa, para escuchar un compromiso de su parte en términos de incorporarlo realmente a su plan de gobierno. Cuatro años alcanzarían para promover en un plan piloto a más de 3 mil establecimientos pymes a lo largo de Chile y con eso bajar a la tierra en términos de generación de empleos y justicia social.
Esperemos que alguien tome el guante. El momento, al menos, se presta para ponerles a los cuatro candidatos este compromiso enfrente. A ver cuál será su respuesta.
