La campaña presidencial ha girado en torno a los cambios que requiere el modelo económico. En lo que sigue, se resumen algunos de los principales y más urgentes, a juicio de este autor. Todos ellos buscan corregir las unilateralidades que el extremismo neoliberal ha impuesto sobre la economía nacional, con graves consecuencias para el crecimiento, el empleo, la distribución del ingreso y el medio ambiente.
Restablecer una macroeconomía equilibrada
La macroeconomía es la madre del cordero. Es necesario rectificar su fijación exclusiva y excluyente sobre los objetivos antiinflacionarios y de superávit fiscal.
Ello ha ocasionado gravísimos daños al país. Por ejemplo, la desastrosa política del Banco Central en 1998 y 1999, y la muy conservadora política fiscal del gobierno del Presidente Lagos y su Ministro Eyzaguirre, son responsables principales de los elevados y prolongados niveles de desempleo durante la reciente.
Es necesario volver en forma equilibrada a los objetivos clásicos de la macroeconomía: empleo, redistribución del ingreso, tasa de interés moderada en el largo plazo, tasa de cambio estable.
Finalmente, inflación y balance fiscal moderados, pero compatibles con los objetivos anteriores, que son los principales. Lo principal consiste en restablecer el pleno empleo como el objetivo principal de la política macroeconómica.
Hay que restablecer el control democrático sobre el manejo macroeconómico en general -hoy en manos de tecnócratas que son verdaderos agentes de los organismos financieros internacionales.
Cobrar por la explotación de los recursos naturales.
El entregar nuestros recursos naturales sin cobro de royalty, y otros mecanismos de captura de la renta asociada a ellos, equivale a otorgar un inmenso subsidio a quiénes los explotan, lo que distorsiona gravemente la asignación de recursos de la economía en general.
Esta es la principal razón por la cual Chile se ha transformado en exportador de materias primas, sobre explotando sus recursos naturales con serias consecuencias negativas sobre el empleo, la economía y el medio ambiente.
Por ejemplo, el empleo total en los sectores transables de la economía -casi todos ellos basados en recursos naturales- ha disminuido en 100,000 plazas en el curso de la última década, mientras la ocupación en los sectores no transables, que producen para el mercado interno crecía en 1,000,000 de empleos.
Lo primero al respecto consiste en generalizar a toda la gran minería del cobre el royalty de 10% sobre las ventas que CODELCO paga desde hace décadas, sin que ello le impida haber sido todo este tiempo una de las empresas más rentables del mundo, después del royalty.
No dar la espalda a América Latina
Durante décadas, con característico extremismo neoliberal, se ha seguido una política de inserción internacional orientada unilateralmente hacia los tratados de libre comercio.
En la práctica, dicha política nos transforma en «vasallos obsecuentes de los EE.UU.», como augura el Financial Times a todos los países pequeños que «no se deciden a construir con sus iguales un espacio económico y geopolítico mayor, que aspire a ejercer soberanía en el siglo XXI.» El diario londinense se refería al Reino Unido Ä„Qué queda para Chile!
La dirección estratégica más conveniente a los intereses de Chile es la adhesión al proceso de integración latinoamericana, empezando por la incorporación al MERCOSUR. Como propone el Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Juan Emilio Cheyre, éste debe avanzar rápidamente hacia una unión política.
América latina, tiene hoy 600 millones de habitantes y alcanzará 900 millones a mediados de siglo. Ya no campesinos ignorantes y aislados, sino ciudadanos modernos bien educados y de alta productividad. Será, junto a China, India, Rusia, Europa y los EE.UU., uno de los grandes actores mundiales, verdadero jugador de «Ligas Mayores» del siglo que se inicia.
Es el espacio natural de Chile, como lo han entendido bien los empresarios que «no se pasan de giles,» como ha dicho Horst Paulman y que concentran prácticamente el 100% de las inversiones directas en el exterior en los países vecinos. Hacia allí se debe orientar la estrategia de inversiones, comercial, energética, de infraestructura, de ciencia y tecnología, industrial y de defensa. No hacerlo constituye una peligrosa insensatez.
Sólo resolver el problema de abastecimiento energético en el seno de AL nos significa potencialmente reducir a la mitad nuestra actual factura de energía, lo cual equivale a decenas de veces el beneficio -dudoso- de todos los tratados comerciales firmados por Chile.
Un Estado fuerte para un país moderno
Se requiere con urgencia restablecer y desarrollar todas las facultades que el Estado requiere para orientar el desarrollo del país hacia una modernidad plena. Particularmente, reconstruir el servicio público civil, severamente desmantelado por décadas de neoliberalismo.
Esta es una de las desviaciones extremistas más dañinas de esta escuela de pensamiento, sin embargo, ha sido abrazada con singular fervor por la clase empresarial chilena – de la cual se ha apoderado una suerte de anarquismo burgués, posiblemente por revanchismo contra el papel transformador del Estado durante el siglo XX.
Chile debe reconstruir su servicio público civil, seriamente desmantelado por la dictadura y dañado adicionalmente por las políticas de las últimas décadas, que conciben al Estado como una empresa proveedora de servicio y a los ciudadanos como consumidores.
Por señalar un sólo ejemplo, la Corporación de Administración del Poder Judicial cuenta en la actualidad con cerca de 1,000 funcionarios, pero sólo 200 de ellos tienen contrato, y de éstos sólo 100 a plazo indefinido. El resto está a contrata o a honorarios desde hace muchos años, e incluye hasta jefes regionales y de departamentos en esa calidad -ciertamente ilegal, por lo demás. Esto se repite a todo nivel en el aparato del Estado y los servicios públicos civiles.
Toda democracia moderna requiere de un servicio civil profesional de alta calificación y el tamaño adecuado, que no es pequeño, con carreras de por vida, remuneraciones y jubilaciones adecuadas y una acendrada ética de servicio público democrático. Dicho servicio civil debe ser independiente de los sucesivos gobiernos, cuyo papel no es reemplazarlo a cada momento, sino dirigirlo.
Esta materia debe ser quitada de la esfera de influencia del Ministerio de Hacienda, cuyas prioridades son otras, y los economistas por lo general no saben nada de esta ciencia desarrollada a lo largo de dos milenios, e intentan majaderamente y sin ningún éxito «simular el mercado».
El Estado debe regular debidamente los mercados, que siempre han sido asimismo construcciones institucionales. La estructura de los mercados en Chile se ha tornado tan monopólica que los mismos no están funcionando en forma adecuada, con grave perjuicio para todos, como ha denunciado el empresario Felipe Lamarca. La ineficacia de los mecanismos antimonopolio -que en la práctica se utilizan contra la colusión de las PYME-, y la indiferencia y permisividad de los sucesivos gobiernos en esta materia son escandalosos.
En un país donde están fijados por ley las tarifas en mercados tan competitivos como la locomoción colectiva y otros tan importantes como la electricidad, las comunicaciones y los servicios sanitarios, en cambio, ha transcurrido un cuarto de siglo sin que se establezca un tope a las escandalosas comisiones que cobran seis AFP. Estas alcanzan a 335,000 millones de pesos por año, casi seis veces el costo de operación del INP, y las que les otorgan una rentabilidad -sin considerar las compañías de seguro coligadas- que supera el 53% anual sobre activos, en promedio de varios años. Ello debe ser enfrentado y corregido en forma enérgica, como se hace en todos los países desarrollados.
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Manuel Riesco. Economista del Cenda. mriesco@cep.cl
