Uno de los objetivos básicos de Sebastián Piñera, gran y próspero empresario, en sus apariciones en los medios ha sido presentarse como uno más de los 600 mil pequeños y medianos empresarios, preocupado de impulsar un programa en favor de la PYME y defensor de los consumidores. Por el contrario, su programa de gobierno deja en evidencia que su propuesta fundamental en este campo es debilitar la institucionalidad antimonopólica, lo cual dejaría, en una situación de indefensión a las pequeñas y medianas empresas, perjudicaría gravemente a los consumidores e incentivaría una mayor concentración del capital en Chile.
Ya en el planteamiento general del programa, Piñera vincula su propuesta programática con el Estado subsidiario, que fue tan caro a Pinochet, al señalar que debe propenderse hacia un Estado que se limite a concentrar su acción en las funciones de bien común. El planteamiento general y las propuestas en materia de sistema antimonopolio muestran que su visión del mundo es la de la gran empresa, donde el gran y único regulador es el mercado, esto es el mismo papel que los ideólogos del régimen militar le dieron al mercado.
Su programa propone reconfigurar la estructura de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que «pase de actor directo» en la lucha antimonopolio y contra el abuso de poder de mercado «a contraparte técnica del más alto nivel», que licite estudios nacional y/o internacionalmente. Así, en lugar de tener fiscales que acometan contra el abuso de posición dominante, como es actualmente su función tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, Piñera propone transformar la entidad en un apacible círculo de debate académico.
Como si esto fuera poco, propone revertir lo avanzado con las leyes en Chile que fortalecieron la FNE y crearon el Tribunal de la Competencia, proceso que encontró apoyo en todos los sectores políticos del país, cuando propone terminar con «la situación de actual parcial duplicación» entre los equipos de la FNE y del Tribunal de la Libre Competencia. Como es difícil pensar que Piñera no entienda las diferentes funciones que cumplen ambas entidades, alguien podría pensar que con ello busca su interés personal o al menos facilitar a las grandes empresas abusar de su posición dominante en perjuicio de la PYME y de los consumidores en la fijación de precios y tarifas.
Las telecomunicaciones son un sector que, al presentar todavía algunas características de monopolio natural, que coexisten con una organización industrial crecientemente competitiva, requiere ser supervisado tanto por la autoridad de competencia como por un regulador sectorial, que en el caso de Chile es la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Casi en todos los países del mundo, las telecomunicaciones están en un proceso de transición desde el antiguo monopolio estatal a una industria en competencia. En la mayor parte de ellos, la empresa estatal que fue privatizada, tiene una gran participación en telefonía local -usualmente mayor al 80% y una fuerte participación en telefonía de larga distancia y en telefonía móvil. Existe por ello bastante consenso entre los reguladores de que para avanzar hacia la competencia, es necesario imponer reglas especiales a estas empresas para evitar que las nuevas encuentren barreras artificiales para entrar en el mercado. Eso es lo que se llama regulación asimétrica.
Pues bien, una vez más, Sebastián Piñera incorpora a su programa político el interés de los más grandes y propone eliminar «la regulación asimétrica, es decir sólo (la que se aplica) a las empresas dominantes». También propone «propender hacia una progresiva desregulación de tarifas a público», lo cual sólo será beneficiosa para los consumidores en la medida que se asocie a avances específicos en la competencia en la industria. Sin un sistema fuerte de defensa de la competencia esto último no es posible.
De esta manera, la propuesta de debilitar a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de la Competencia, se complementa con la propuesta de debilitar la regulación sectorial. Para Piñera, los problemas de la industria no son el relativo bajo nivel de penetración de la telefonía fija y la banda ancha, tampoco el rezago digital que afecta a grupos muy amplios de la población sino «la burocracia en la regulación y fiscalización». Y, nuevamente, propone concentrar la acción del ente regulador «en los problemas de desarrollo de banda ancha y en aspectos técnicos». Así se oculta que la masificación de la banda ancha está asociada decisivamente a que se generen condiciones efectivamente competitivas en el mercado, evitando el abuso de la posición dominante y el establecimiento de barreras artificiales a la entrada.
Piñera defiende en su programa la gran empresa al límite, incluso en perjuicio de la innovación a favor de los consumidores y de la sociedad. Es así como señala que es necesario «hacer consistente el desarrollo de una red de banda ancha, sin expropiar y así limitar el desarrollo de las redes existentes u otras. En particular, no se debe aplicar un esquema de desagregación de redes como el que está implícito en la propuesta de reglamento de voz sobre protocolo IP que ha presentado la Subsecretaría de Telecomunicaciones».
Como se sabe, la telefonía IP está transformando la industria y obligando a las empresas a replantearse radicalmente el negocio de las telecomunicaciones ya que el transporte de voz no puede seguir siendo la fuente principal de ingresos de las empresas y su tarea es prestar nuevos servicios para fundar sus nuevas ventajas competitivas. Pero el programa de Piñera quiere detener el progreso, defendiendo negocios de las grandes empresas de telecomunicaciones que irán siendo obsoletos a la luz de la difusión tecnológica.
Proteger a las grandes empresas del despliegue de la telefonía IP sería como haber protegido a los fabricantes de carretas y diligencias frente a la producción automotriz. Para Piñera, el que los primeros perdieran mercado cuando los consumidores se pasaron al automóvil, es expropiación en los términos expresados en su programa. No obstante, los verdaderos emprendedores vieron dicha circunstancia no como expropiación sino que como oportunidad. Lo mismo debe suceder ahora.
Al igual que las propuestas privatizadoras en salud, que van a contrapelo de las recientes reformas en esa materia, sus ideas respecto de las políticas antimonopolio atentan contra el avance hacia la equidad, materia pendiente en nuestro país.
