Hace un par de semanas aparecieron en un diario electrónico, declaraciones recién elegido senador por la Décima Región Sur, Camilo Escalona, quién se manifestó contrario a una moratoria a la explotación de maderas de alerce muerto, porque se perjudicaría a centenares de familias indígenas.
En este sentido, consideramos que es relevante mencionar los argumentos que motivan a varias organizaciones de la sociedad civil -y particularmente a Fundación Terram- a promover la moratoria a esta especie.
Primero, hay que destacar la importancia del alerce como riqueza natural y cultural de nuestro país. Esta especie sólo se da de forma natural en Chile y algunas áreas de Argentina. Además, es la segunda más longeva del planeta, pudiendo alcanzar de 3.000 a 4.000 años de vida, por lo que conserva en sí valiosa información científica, la cual ha servido, entre otras cosas, para la reconstrucción del clima del cono Sur para los últimos 3.622 años. Además, la calidad de su madera es reconocida por su durabilidad (imputrescible) y hermosa veta. Sin embargo, la indiscriminada explotación ha reducido los bosques de alerce a menos de la mitad de los que existían originalmente.
El alerce está «protegido» por tratados internacionales firmados voluntariamente por nuestro país, así como por la normativa de derecho interno. Está declarado monumento natural y está totalmente prohibida la tala, explotación y comercialización de cada uno de los especimenes vivos al año 1977. No obstante, el Gobierno ha flexibilizado su política, la que ha sido acompañada por una institucionalidad ambiental débil e incoherente, lo que se refleja fielmente en la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la cual debe velar de forma simultanea por la conservación de los bosques y la promoción económica del sector forestal.
Asimismo, la CONAF aún no ha logrado cumplir con el inventario de maderas muertas que exige el D.S. 490, por lo que no se tiene noción del alerce que sería posible explotar y, dicho de paso, del que se explota ilegalmente tampoco. Existen múltiples denuncias sobre el accionar de la Corporación, dentro de las que se cuentan la falta de entrega de información pública, capacidad fiscalizadora y cuestionables procedimientos de funcionarios específicos.
Por otra parte, el fallo emitido por el ministro Hernán Crisosto el pasado 30 de abril en el caso «tala ilegal de alerce», señala que existe una organización operando de forma ilícita para la explotación y posterior comercialización de alerce, lo que además se sustentaría en las graves falencias y errores de fiscalización de CONAF Provincial Llanquihue.
Todos estos antecedentes confirman que el alerce está en peligro y seguirá estándolo de no mediar cambios en la política y normativa forestal y en la fiscalización, que permitan la preservación y conservación sustentable de está milenaria especie. Promocionamos la moratoria absoluta del Alerce hasta que no se garantice su protección, dejar abierta la opción de explotar el recurso bajo excepciones y en las actuales condiciones sólo contribuirá a una depredación velada tal como ha venido sucediendo durante los últimos años.
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Francisco Pinto, Economista Fundación Terram.
