La ciudadanía deberá votar el 15 de enero en segunda vuelta presidencial. Más allá del discurso lleno de etiquetas y descalificaciones recíprocas, a las personas de a pie les interesa que los candidatos asuman compromisos reales, sobre temas no debatidos, no expresamente asumidos, que resultan decisivos a la hora de elegir. Se trata de exigir un debate que comprometa a ambos, a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, en un verdadero pacto social que enmarque los próximos 4 años, por encima de etiquetas de izquierda o derecha que están superadas por la realidad. El asunto es que, a la hora de la verdad, los chilenos sepamos si los temas pendientes estarán realmente en la agenda de gobierno y podamos fiscalizar su cumplimiento.
Es difícil, en el breve período que dista hasta el 15 de enero, lograr que las dos candidaturas en competencia puedan llegar a un debate con altura de miras y sin puntapiés bajo la mesa. Sin embargo, desde la civilidad, que está pendiente de los mensajes de compromiso que puedan presentar al país el candidato y la candidata, es oportuno pedir que con un mínimo respeto a la ciudadanía se especifiquen las medidas contempladas por cada alternativa frente a temas que son cruciales para el país.
Desde las provincias de Chile se espera, por ejemplo, un compromiso por la descentralización y la regionalización. El peso del presidencialismo ha sido tan fuerte en las últimas administraciones que los gobiernos regionales han tenido muy poco poder de decisión en la políticas públicas de sus áreas de responsabilidad.
Desconcentrar el poder de un ministerio de Obras Públicas en las regiones, para que sean éstas las que seleccionen los proyectos y definan sus prioridades, con una real participación ciudadana en la decisión y ejecución de las obras, ha pasado a ser un tema estratégico para la regionalización. No se quiere seguir con el estilo seguido hasta la fecha, donde una gestión impuesta por el gobierno central ha generado conflictos serios con la ciudadanía, que ha visto cómo muchas decisiones inconsultas violentan sus intereses locales.
Hay temas de fondo que dicen relación con la calidad del sistema democrático que tenemos. El terminar con el binominalismo es un tema a solucionar, junto con la inscripción automática a los registros electorales, el sufragio voluntario y la inclusión de los chilenos residentes en el exterior.
En materia de probidad y transparencia están pendientes muchos temas:
ˇ el Defensor del Pueblo, Ombudsman que ha sido postergado y sustituido por una Comisión Presidencial que por lo mismo carece de independencia y poder real para fiscalizar las actuaciones de los organismos del Estado en defensa de los habitantes y ciudadanos.
ˇ Una Ley que exija la declaración de bienes e intereses de los parlamentarios y las autoridades, para poder controlar su actuación y evitar los conflictos de intereses.
ˇ Dar poder real a las Asociaciones de Consumidores; devolver el poder de fiscalización del ejercicio de la profesión a los Colegios Profesionales.
ˇ Transparentar la función legislativa, con publicación de las votaciones de los proyectos de ley por parte de los parlamentarios; como así también del control de asistencia y otros indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento de sus deberes como representantes populares.
En materia de Pymes, hay propuestas concretas que los candidatos no han recogido, quizás entrampados en su propio marketing y los micro climas de sus asesores. La idea que circula es simple: invertir capital de riesgo de los Fondos previsionales en un gran plan nacional de reconversión jurídica e internacionalización de las Pymes, canalizando recursos del orden del 5% de los fondos acumulados en las AFP, con un plan que está publicado y en manos de Conupia, el mismo que permitiría promover a más de 6 mil Pymes por año y 24 mil en 4 años, solucionando las barreras de acceso al sector externo y fomentando la asociatividad de modo efectivo. Es de esperar que ese guante tendido sea recogido por las candidaturas, para empezar a hablar en términos técnicos de la solución para las Pymes.
En materia de Derechos Humanos, hay coincidencias fuertes en el amplio sector de personas y familias que fueron víctimas de la represión, del terrorismo de Estado, de la exclusión. Se les entregó reparaciones simbólicas que han resultado una burla cuando el país demuestra cifras macroeconómicas exitosas y se adoptan decisiones cuestionables como prepagar deuda externa o mantener un superávit fiscal sin ninguna sensibilidad social o ambiental. Por eso, este tema es el que puso en carpeta el Partido Comunista a la Concertación. Pero la demanda de reparación excede los marcos de ese partido y resulta transversal en Chile para millones de compatriotas que se han sentido burlados con un discurso que no se condice con las acciones reales de reparación concretadas.
Veamos si estas sensibilidades son captadas por las candidaturas y se animan a este debate necesario, de cara al país.
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Hernán Narbona Véliz. Escritor y columnista.
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