Con una votación superior al 50 por ciento requerido para su elección, Evo Morales, líder aymara, se convierte en el primer presidente constitucional indígena de Bolivia y de América Latina.
Como lo ha señalado el propio Morales, este triunfo pone termino a siglos de colonialismo en Bolivia, donde las mayorías indígenas (los censos indican que el 60 por ciento de la población de ese país es indígena, porcentaje que alcanzaría al 80 por ciento según estimaciones extraoficiales) han estado excluídas del poder político desde la instauración del régimen colonial. Ello ocurre en un país donde los indígenas, hasta la reforma agraria impulsada a mediados del siglo XX, fueron sistemáticamente despojados de sus tierras ancestrales; donde hasta esa misma fecha, les era prohibido el ingreso a la Plaza Murillo; donde un 70 por ciento de la población indígena sigue viviendo hoy en condiciones de pobreza, en contraste con el 50 por ciento de la población no indígena.
Contra los augurios de los alarmistas, Evo Morales ha llamado a un gobierno de unidad, sin exclusiones como las que los indígenas han sufrido históricamente en Bolivia. Así, luego de ser electo afirmó: «El movimiento indígena no es excluyente, es incluyente. Con nuestro gobierno se acabará el odio, el desprecio. Se acabará el estado neoliberal y el estado colonialÂ… No somos de la cultura de la mentira ni de la guerra suciaÂ…»
La elección de Morales, como resulta evidente, no solo tiene implicancias para Bolivia, sino para toda la región latinoamericana, en donde los indígenas – alrededor de 50 millones- constituyen el 10 por ciento de la población total. Históricamente sometidos por las elites europeas que se instalaron en la región, los indígenas han estado marginados no solo del acceso a las riquezas que se generan en sus tierras ancestrales, hoy mayoritariamte en poder de no indígenas -latifundistas y corporaciones trasnacionales, entre otros-, sino también marginados de las instancias -parlamentos, ministerios, tribunales, etc.- en que se toman decisiones que determinan sus vidas.
Producto de una serie de factores, entre ellos, las frustraciones provocadas por políticas indigenistas impulsadas por los estados; las amenazas que para su subsistencia han significado los proyectos de inversión (mineros, forestales, carreteros, entre otros) ejecutados en sus territorios ancestrales, la mayoría de las veces sin su información y menos su consentimiento; la democratización de los estados luego del término de los regímenes dictatoriales; la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Colón al «nuevo continente»; y la globalización de los derechos humanos, los pueblos indígenas se han convertido en actores cada vez más visibles en las arenas políticas de América Latina.
Como consecuencia de estos fenómenos, durante las últimas décadas han proliferado, en la mayor parte de los países de la región, organizaciones indígenas con una representación que va desde lo local hasta lo supranacional, pasando, obviamente, por el nivel nacional. Tales organizaciones -como la CONAIE en Ecuador, la ONIC en Colombia, la CIDOB en Bolivia- han exigido de los estados no solo el término de las situaciones de evidente discriminación económica, social, cultural y política de la que los indígenas son objeto, sino también, un conjunto de derechos de carácter colectivo que apuntan a la introducción de modificaciones jurídicas y políticas que permitan enfrentar los problemas estructurales que afectan a sus pueblos en su relación con los estados y las sociedades no indígenas, y que no les permiten desarrollarse como tales.
Uno de los caminos escogidos por los movimientos indígenas para hacer efectivas estas demandas, ha sido el de la participación política. Así, en los países andinos, en Centroamérica, en México, los pueblos indígenas -por si solos o en alianza con otros sectores políticos y sociales- han levantado candidaturas que les han permitido acceder en los últimos años a los gobiernos locales, regionales, a los parlamentos, y en ocasiones, integrar gabinetes de los gobiernos nacionales.
Como consecuencia del poder político que han obtenido a través de esta y otras estrategias, su existencia colectiva como pueblos, y los derechos que como tales les corresponden, han sido crecientemente reconocidos por los ordenamientos jurídicos de los estados de la región. Producto del mismo proceso de empoderamiento, diversos estados en América Latina se definen hoy como estados pluriétnicos y multiculturales, desarrollando políticas que han permitido a los indígenas grados crecientes de autonomía política y cultural, así como la recuperación y protección de importantes espacios territoriales que les pertenecen desde tiempos ancestrales.
Aunque las políticas que los estados impulsan hacia los pueblos indígenas en el contexto de un proceso de globalización económica acelerada, en que inversionistas nacionales y extranjeros ejercen fuerte presión sobre sus tierras y recursos naturales, no solo son insuficientes, sino también contradictorias, en muchos contextos se ha puesto término a las políticas asimilacionistas que fueran características en la región hasta los años 70.
El triunfo de Morales en Bolivia es una expresión del proceso de trasformación del estado en la región para dar cabida a los pueblos indígenas antes negados. En un contexto demográfico como el de Bolivia, éste constituye una concreción del derecho de libre determinación que hoy se reconoce a los pueblos indígenas en el derecho internacional, derecho que en este caso se ejerce a través del acceso al gobierno del «estado-nación». En otros contextos, en que los indígenas constituyen un porcentaje menor de la población total de los estados, tal derecho se ejerce a través de estatutos de autonomía indígena, como los que existen en Nicaragua o Panamá, o a través de experiencias de democracia multicultural, como aquellas a las que han apostado los pueblos indígenas en Ecuador.
Para Bolivia, el gobierno de Evo Morales será una prueba de cuan profunda es la concepción de democracia y tolerancia de las minoritarias elites europeas que por siglos gobernaron este país.
Para Chile, país vecino a Bolivia, y con una importante población indígena -incluyendo aquella de orígen aymara- el triunfo de Morales plantea también importantes desafíos. Este debería llevar al estado y la sociedad chilena a acoger las postergadas demandas que durante las últimas dos décadas han venido realizando los pueblos indígenas en pro del reconocimiento de la diversidad étnico-cultural y de sus derechos colectivos en el ordenamiento constitucional y legal del país. Debería también llevar al termino de la contradictoria política pública impulsada en los últimos años por los gobiernos de la Concertación en relación a estos pueblos. Una política en que, por un lado, se impulsan iniciativas que apuntan a la regularización y ampliación de sus tierras ancestrales y al desarrollo material de sus comunidades y, por otro lado, se presiona desde el estado a sus comunidades a objeto de incorporar sus territorios y recursos naturales a la economía global, criminalizando la protesta de quienes de oponen a ello.
Si no se introducen en Chile transformaciones jurídicas y políticas relativas a los pueblos indígenas y a sus derechos, el triunfo de Evo Morales agregará a los problemas históricos de su relación con Bolivia, otro factor que enturbiará aún más las ya complejas relaciones hoy existentes entre ambos países.
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José Aylwin. Director Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (www.observatorioderechosindigenas.cl).
