Chile está a punto de dar inicio a un proceso de «empoderamiento ciudadano», un proceso de profundización constante de la democracia por la vía del ejercicio directo de los derechos ciudadanos, especialmente por los más postergados y en las áreas socialmente más sensibles. Este es el proceso que subyace a las propuestas de la doctora Bachelet.
Ahora bien, esta devolución de poder a los ciudadanos, funcional a la democracia, lo es también al desarrollo de los mercados, en tanto asegura una eficaz defensa de la competencia y de los derechos de los consumidores, imprescindible a tal desarrollo, a menos que lo que se pretenda desarrollar sea poder de mercado para unas pocas grandes empresas. Más todavía, la vigencia y extensión de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos no sólo contribuye al desarrollo de los mercados, sino que además a su profundización y a la creación de nuevos mercados, pues todo derecho, en cada titular, reclama bienes y servicios para su satisfacción.
En consecuencia, el empoderamiento ciudadano es crucial para Chile, que ha apostado a la democracia y al mercado como pilares de su estrategia de desarrollo.
Sin embargo, el proceso es extremadamente complejo desde el inicio. Su sola puesta en marcha requiere de, al menos, los siguientes tres pasos previos, todos difíciles de dar, aunque con frutos directamente asociados:
El primero, en apariencia el menos oneroso, consiste en un cambio de actitud de las autoridades en su relación con la ciudadanía, sobre la base del principio democrático básico de la representatividad, esto es, el que las autoridades responden a la ciudadanía y no al revés. No se corresponde con ello, desde luego, el secretismo al que nos tienen acostumbrados algunas autoridades, pero menos todavía las negociaciones en que derivan ciertas fiscalizaciones de regulaciones ambientales, previsionales, de consumo y otras. Si con alguien deben las autoridades generar cercanía y hasta complicidad no es con los infractores de leyes, sino que con los ciudadanos. Con esto gana, desde luego, la democracia, pero también ganan los mercados, pues las empresas compiten todas bajo las mismas reglas, en igualdad de condiciones y las más no tienen que lidiar con las menos, esas que tienen «buena llegada»…
El segundo paso hacia la devolución del poder a los ciudadanos consiste en un real compromiso del Estado con las organizaciones ciudadanas, especialmente con las que defienden los derechos fundamentales, incluyendo los económico sociales. No se condice con ello el presupuesto actualmente asignado a las organizaciones de consumidores que, prorrateado, apenas alcanza para pagar un sueldo administrativo (y no uno demasiado digno). Corregir esta situación hará posible la participación ciudadana y el respeto al estado de derecho, esencial a la democracia, pero también fomentará la competencia por precios y calidad, que es lo que hacen la mayoría de las empresas, y no mediante argucias y engaños a los consumidores, que es lo que hacen las menos, las inescrupulosas.
El tercer paso hacia la generación de poder ciudadano, el que exige más compromiso y esfuerzo, es la universalización del acceso a la justicia: La democracia sólo es sostenible bajo el respeto al estado de derecho y éste, a su turno, descansa en la igualdad ante la Ley, principio que es sólo música para esa gran parte de los ciudadanos que no pueden acceder a los tribunales o a un asesoramiento de calidad ante aquellos para defender sus derechos. Universalizar el acceso a la justicia es, entonces, vivenciar la democracia, pero también es motor de los mercados, pues frente a una ciudadanía celosa de sus derechos, las empresas se empeñan en producir y comerciar con respeto a ellos, debiendo, por fuerza, buscar ventajas en la generación de eficiencia productiva.
Este último preámbulo hacia el empoderamiento ciudadano, el acceso universal a la justicia es, a la vez que condición previa, esencia de ese proceso de democratización y su generación exige no sólo cambios institucionales, sino también culturales:
Para generar acceso a la justicia no basta con mejorar los programas de asistencia jurídica gratuita. Ni siquiera será suficiente sustituir la justicia «de menor cuantía» y de policía local por una justicia vecinal; ampliar el alcance de las acciones de clase, restringidas a los derechos de los consumidores; liberalizar, en este ámbito, la ritualidad procesal que dificulta desde el otorgamiento de poder a un abogado por un grupo de ciudadanos y que eterniza los juicios. Ni aún bastará, sin perjuicio del avance que conlleva, instituir un verdadero defensor del pueblo, independiente de toda otra autoridad y con recursos acordes a su función.
Para verdaderamente construir acceso universal a la justicia y, con ello, poder ciudadano, se requiere, además, un cambio cultural tal que, en las escuelas de Derecho, en los tribunales y en la sociedad toda se instale, como alternativa a la «abogacía corporativa», al servicio de la empresa, otra forma económicamente viable y socialmente valorada, esa que en otras latitudes se denomina «abogacía del interés público», esto es, aquella al servicio de la defensa de los derechos ciudadanos frente al abuso del poderoso y hasta del propio Estado.
Este cambio cultural no es fácil de llevar a cabo, pero tenemos a la mano, para iniciarlo, diversos incentivos: Por ejemplo, los jueces contribuirían, aplicando por lo demás la ley vigente, si en los juicios de interés público condenasen al infractor a pagar, por concepto de honorarios de los abogados de los ciudadanos, valores similares a los que cobran los abogados de los infractores de la regulación, los corporativos, que suelen ser bastante elevados.
Así, con autoridades atentas a los reclamos ciudadanos, con organizaciones capaces de procesarlos, con una institucionalidad funcional a sus derechos y con abogados preparados y dispuestos a su defensa, podremos avanzar hacia una ciudadanía poderosa y, por su intermedio, hacia el desarrollo constante de la democracia y de los mercados.
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* Boris Santander. Abogado. Actualmente es Profesor Invitado en el Magíster en Derecho de la Informática y de las Telecomunicaciones de la Facultad de Derecho de la U. de Chile.
