En nuestra columna «Proyectos que vulneran regulación urbana» del 24 de Noviembre de 2005 publicada en El Mostrador.cl nos referimos con lujo de detalles a lo que acontecía en la comuna de Las Condes con dos situaciones irregulares dentro del ámbito de la construcción : una en la calle San Crescente y la otra en la calle Carmencita, ambos de la misma inmobiliaria con distinto nombre comercial.
Relatábamos que en esos casos la Corte de Apelaciones había fallado a favor de la tesis técnica de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la que, por lo demás es la nuestra y que dice relación al concepto «predio residual existente de densificación» establecido con mucha claridad en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Las Condes y que esa inmobiliaria desconocía para obtener ventajas.
En tal columna manifestamos que, si los fallos eran confirmados por la Corte Suprema, se iba a poner fin al negocio inventado por la inmobiliaria y aceptado corporativamente por la Municipalidad de Las Condes. Pues bien, el máximo tribunal jurisdiccional del país estableció que en la calle San Crescente no se podía otorgar un permiso de edificación y que en la calle Carmencita el permiso de edificación otorgado el 21 de Diciembre de 2004 estaba viciado.
Naturalmente la Municipalidad no otorgó el permiso de edificación para San Crescente y en forma sorprendente el 29 de Diciembre de 2005 otorgó la «recepción final» para el edificio de Carmencita, configurándose así una situación desconocida en Chile, país que sus capas dirigentes consideran legalista.
Ante el hecho inexplicable anterior, el lunes 9 de Enero de 2006, con nuestro camarada arquitecto Héctor Arroyo, le enviamos una carta a María Luisa Brahm y a Cristián Larroulet, directores ejecutivos del Instituto Libertad e Instituto Libertad y Desarrollo, instándolos a que intervengan ante el díscolo alcalde en los términos que a continuación se lee.
«Asunto : Francisco de la Maza, alcalde de la Municipalidad de Las Condes, no respeta fallo de la Corte Suprema de Justicia al no ejercer las atribuciones contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Nuestra agrupación ciudadana, ante hechos irregulares consumados, se siente en la obligación de dirigirse a los dos centros de estudios vinculados, respectivamente, a Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) para expresarles que la Municipalidad de Las Condes, administrada por un político de renombre, está entregando una contradictoria señal a los agentes del mercado inmobiliario y una muestra de desprecio por nuestro Estado de Derecho al no aplicar las atribuciones que le entregan los artículos 81ÅŸ y 148ÅŸ de la Ley General de Urbanismo y Construcciones con ocasión del caso del edificio ilegal, construido en la calle Carmencita NÅŸ 262, en esa comuna del sector oriente de Santiago : ese edificio se debió haber demolido.
Lo anterior es preocupante porque el alcalde de la Maza forma parte del Comité Político de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera e integró el respetado grupo de samurais de Joaquín Lavín -entendiendo que todos conocemos el significado de ese vocablo de la antigua cultura japonesa- es decir, estamos hablando de un personaje público aquilatado como probo por la opinión pública y que, en un eventual gobierno de Piñera, asumirá altas responsabilidades en la
futura estructura del Estado. Es más, algunos nos han informado que su nombre figura como futuro ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales por su acabado conocimiento del sector.
Entendiendo que sus distinguidos think tanks, que han criticado con fuerza las malas prácticas y la falta de transparencia en diversos ministerios y servicios públicos de la actual Administración, tal como leímos en columna «Freno a la corrupción», publicada ayer domingo 8 de Enero en el diario La Tercera, asumirán, en esta ocasión, las responsabilidades de rigor conducentes a que en esa municipalidad, dirigida por un representante de la centro-derecha, se respete finalmente la institucionalidad vigente, tanto más cuando se trata de una comuna cuyos habitantes poseen el más alto nivel de educación del país.
Hay que tener en cuenta que dicho alcalde, los concejales y la dirección de obras conocían la improcedencia del permiso de edificación (21/12/04) desde antes que se otorgara y por ello la autoridad técnica les negó a los vecinos la información que solicitaban. A raíz de esta falta de servicio fue necesario denunciar el caso en la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, instancia de mayor jerarquía que confirmó la invalidez del permiso : a pesar de ello no se decretó la paralización de faenas.
Esta impresentable situación se le dio a conocer documentadamente en días recientes a Carlos Alarcón (RN), ex alcalde de Peñalolén, en su condición de actual jefe de Inspección de la Municipalidad de Las Condes, con motivo de la recepción final de las obras ilegales, la que, aunque ustedes no lo crean, se materializó el 29 de Diciembre de 2005.
En el caso irregular que les hemos dado a conocer, el privado beneficiado por la Municipalidad de Las Condes, ha obtenido una mayor ganancia económica ilegítima equivalente a una cierta suma de dinero, ya que construyó un edificio en un sitio en donde podía construir sólo una vivienda unifamiliar.
Pues bien, en la seguridad de que sus institutos predican con el ejemplo y que, por lo tanto, no debieran amparar este tipo de comportamiento en su propio sector político, les hacemos saber que nos ponemos a sus órdenes para tratar la materia con sus especialistas o con ustedes mismos, con la superior idea de que «las instituciones funcionen» en la comuna de Las Condes. Ustedes y sus parlamentarios han ejercido una eficaz fiscalización en el aparato público del presidente Lagos, la que ha sido profusamente pregonada a través de la prensa. Ahora les toca hacer lo mismo en casa».
A la fecha no hemos recibido respuesta por parte de esos centros pensantes, lo cual significa que la impunidad para algunos está asegurada en Las Condes y el próximo domingo 15 de Enero tendremos la definición presidencial. Con esta concreta pésima experiencia, indicativa de que el doble estándar opera en plenitud, quien suscribe no tendrá dudas en cómo marcará la raya al emitir su voto en la urna secreta.
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* Patricio Herman es director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad»
