Tanto en lo económico como en lo jurídico-formal, la expansión del comercio mundial ha dejado de ser cuestión de aparatos técnico-burocráticos, para convertirse en asunto político de primer orden para grandes mayorías sociales. Sin embargo, el marco institucional de negociación de los acuerdos comerciales mundiales, especialmente la Organización Mundial de Comercio, no da abasto ni para la transparencia necesaria ni para la articulación de consensos capaces de sostenerla.
Como lo demuestra la reciente reunión en Hong-Kong, la OMC está fracasando en diferentes frentes. No sólo frente a una rápida y definitiva eliminación de las graves distorsiones comerciales mundiales derivadas de los subsidios agrícolas y otras prácticas proteccionistas especialmente de EE.UU., la Unión Europea y muchos otros países (como la India), o frente a los acuerdos necesarios para la liberalización de los mercados de servicios. La OMC también está enfrascada en una creciente incapacidad para transformar su propia legalidad conforme a visión coherente con las necesidades de desarrollo de la mayoría de la población mundial.
Es un hecho que a los estados que han hegemonizado en décadas pasadas a su favor la liberación del comercio mundial, la tortilla se les está dando vuelta. Por un lado, se está erosionando el sistema de privilegios que ha permitido a estos estados mantener ventajas unilaterales de acceso a los mercados mundiales. El crecimiento del comercio mundial arremete ahora con fuerza contra sus propios bastiones proteccionistas, despertando aquí fuertes resistencias políticas e institucionales, amén de las económicas. Por el otro, la complejidad legal que ha ido acompañando la liberalización comercial mundial, va creando nuevas contradicciones incapaces de ser resueltas en un marco oscuro e intransparente de las presiones y negociaciones político-diplomáticas tradicionales.
En este marco, la reforma de la OMC, debería ser enfocada precisamente a facilitar un proceso ordenado de redistribución de posibilidades de desarrollo a nivel mundial. Pero nada de ello se ha escrito en el Informe Southerland sobre el «Futuro de la OMC». Este, más bien, es el legado banal de dos ex Directores Generales, que no se atrevieron a llamar por su nombre las graves contradicciones del sistema de la OMC. Ni tampoco pareciera el nuevo Director General, Pascal Lamy, estar dispuesto a trascender el campo de esta incongruencia. Ni los propios estados parecieran ser capaces de representar en la OMC más que los intereses de los diferentes grupos lobbyistas a cuyas presiones están sometidos, dejando de lado, incluso, el interés de sus propios consumidores, cuyos intereses no han estado nunca representados en la OMC.
La declaración adoptada en Hong-Kong sigue este camino de la ambigüedad e inconsistencia. Según Lamy, «hemos logrado fijar una fecha límite para que se eliminen todas las subvenciones a la exportación de los productos agrícolas, aunque no haya sido de una forma que complaciera a todos.» Además, «en materia de agricultura y acceso a los mercados para los productos no agrícolas, hemos desarrollado un marco significativo para las modalidades plenas.» Y en cuanto a la «esfera de los servicios hemos convenido en un texto que señala de manera positiva el camino que se debe seguir.»
Así, aunque el Presidente de la Conferencia, el Secretario de Comercio, Industria y Tecnología de Hong-Kong, John Tsang, considerase que se había trabajado «como mula», los acuerdos no son más que un conjunto de vaguedades. ¿Qué puede significar la fecha límite de eliminación de las subvenciones agrícolas de los EE.UU. y la Unión Europea hasta el año 2013, sin convenir «una forma que complaciera a todos»? Pues bien, que o la fecha no tiene significado alguno, o que hasta entonces habrá más de alguna controversia para efectivamente eliminar los malditos subsidios, si acaso. ¿Qué significa desarrollar un «marco significativo» para el acceso a otros mercados? Ninguna otra cosa que seguir aplicando los convenios ya existentes en cuanto a aranceles y salvaguardias. Y por último. ¿Qué significa la «manera positiva» de lo que se debe hacer en el área de los servicios? Que no se sabe ni dentro de qué «marco significativo», ni hacia dónde conducir la caminata, ni qué esperar en el lugar de destino. Ä„Mal pagadas estuvieron las 350 tasas de café que según Lamy se consumieron sólo en la última noche de negociaciones antes del regreso de los laboriosos funcionarios estatales a cargo de las negociaciones a sus hogares a tiempo de compras navideñas!
Independientemente de los resultados económicos del constante crecimiento del comercio mundial, a estas alturas, es evidente que este crecimiento no conduce a nuevos niveles de gobernabilidad mundial. Lejos de las sospechas de Philippe Sands, formuladas en su reciente libro «Lawless World» (mundo sin derecho), que pretende popularizar la globalización del derecho criticando la supuesta traición a ella por los EE.UU. (incluyendo, como tonto útil, a Tony Blair), la tendencia es precisamente al revés. El crecimiento del comercio mundial en las décadas pasadas ha creado nuevos intereses que exigen una modificación de la lógica de gobernabilidad mundial. Son las nuevas estructuras comerciales con sus graves consecuencias sociales – como las de los flujos financieros y de la propiedad del capital – las que exigirían un cambio institucional y legal para proseguir su expansión.
Teóricamente, la OMC, de todas las instituciones mundiales creadas por EE.UU. y el Gran Bretaña con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, con o sin adhesión de la Unión Soviética de entonces y de otros países, estaría en mejor condiciones para reflejar este cambio. El problema es que, como tal, la OMC no tiene capacidad de decisión alguna. Simplemente, se trata de una burocracia facilitadora de negociaciones políticas y de articulación de una legalidad correspondiente, sin capacidad sancionadora efectiva. Son los estados y sus burocracias, con diferentes grados de integración, los que determinan la aplicación de sus convenios y decisiones, y por tanto, su curso.
Las controversias dentro de la OMC no son, por tanto, expresión de visiones valóricas sobre lo que debería ser o no ser la estructura del comercio mundial y su aporte a superar la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Más bien, son un reflejo de los intereses particulares que exigen o aspiran a ser protegidos por la legalidad que la rige, y la legitimidad que emana de ella. Precisamente la falta de acuerdos sobre las reglas de subvenciones agrícolas y liberalización de los mercados de servicios muestran que la tendencia es a ampliar la filosofía antigua del comercio mundial a cada vez más extensos ámbitos del comercio mundial, sin hacerse cargo de los cambios que ella requeriría para satisfacer no a ciertas minorías privilegiadas, sino extender los beneficios a las mayorías.
El embrollo actual de la OMC consiste precisamente en carecer de visiones valóricas dentro de las cuales poder enmarcar la libertad comercial y definir las condiciones para disfrutarla. Como expresión de la legalización de relaciones económicas establecidas entre estados, la OMC simplemente carece de los instrumentos para hacer coincidente su influencia con el conjunto de responsabilidades internacionales de los mismos estados que le dan vida, tales como el respeto de los derechos humanos y otros. Se trata de una institución amputada de responsabilidades sociales de tipo mundial y general. Es que los poderes establecidos se niegan a dárselas. Cada vez más, la OMC se verá inmersa en esta contradicción, por mucho que sus voceros y quienes se benefician de su influencia traten de tender una cortina de humo sobre este proceso.
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*Alexander Schubert. Economista y politólogo. Reside en Alemania.
