La Fundación Sociedades Sustentables trabaja en el tema de los organismos transgénicos en Chile y a nivel internacional desde el año 1999. Por esto quisiera replicar algunas aseveraciones vertidas por el señor Rodrigo Vega, Director de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), en un artículo publicado el 10 enero 2007 en El Mostrador.cl. En dicho artículo el señor Vega se refiere a la necesidad imperiosa de permitir los cultivos transgénicos para los biocombustibles en Chile.
Como miembro del Comité Publico Privado de Biocombustibles, donde se nos dio la oportunidad de expresar nuestras opiniones, deseo expresar nuestro rechazo a estas aseveraciones. Primero porque la política nacional de biocombustibles aun no ha sido definida y porque el Señor Vega la estaría definiendo a priori sin haber aun terminado el proceso, y sin haber considerado los antecedentes y elementos de juicio aportados por nuestras instituciones de forma seria y fundamentada.
El señor Vega se adelanta a los hechos y promueve tecnologías que a nuestro juicio podrían ser desastrosas para el avance de los biocombustibles en Chile, pues aumentarían los costos de producción y podrían causar serios impactos a otras actividades productivas. Su desarrollo tampoco asegura la sustentabilidad del desarrollo de esta actividad.
Nos llama la atención la desinformación existente sobre los riesgos de los transgénicos a la biodiversidad y el medio ambiente. Actualmente estos cultivos están prohibidos para el uso de biocombustibles en Chile, no hay una ley de bioseguridad que resguarde la biodiversidad y los centros de origen, además las liberaciones se realizan sin consulta a los agricultores y en sitios desconocidos. Asimismo el uso de este paquete tecnológico encarecerá los costos de producción, ya que los agricultores estarán obligados a pagar más por las semillas transgénicas patentadas y a comprar semillas todos los años, de lo contrario arriesgan el pago de fuertes multas, deberán cumplir con medidas de bioseguridad como el uso de mallas, distancias de aislamientos, rotaciones de varios años, podrían usar más herbicidas, ya que aparecen supermalezas resistentes y estos cultivos no rinden mas. Pudiendo incluso producirse la contaminación de cultivos alimenticios lo que amenaza la exportación de productos de calidad y aquellos considerados orgánicos.
Si todo esto no es suficiente entonces, recomendamos al señor Vega, considerar los elementos entregados por el Programa Chile Sustentable y la Fundación Sociedades Sustentables en ésta materia y recordarle que existe un acuerdo entre la Presidenta Bachelet y los grupos ambientales donde se compromete a: No abrir el país a los cultivos transgénicos comerciales, y establecer el requisito de Estudios de Impacto Ambiental para la actual reproducción de semillas transgénicas.
El Señor Vega finalmente aboga por resucitar el Proyecto de Ley de Bioseguridad elaborado por el Ministerio de Economía el año 2005/2006. Este proyecto, que promueve abiertamente la expansión de transgénicos en Chile, no permite el etiquetado de los alimentos y no da resguardos a la valiosa biodiversidad nacional, nació muerto. Primero porque en su elaboración nunca estuvo abierto al escrutinio público, ni fue debatido de forma amplia y participativa. No considero los intereses de importante grupos productivos de exportación que no desean aumentar la liberación de transgénicos por temor a perder mercados, ni a los consumidores y la sociedad civil que mayoritariamente exigen el etiquetado. Tampoco gozó de aceptación entre otros estamentos gubernamentales con posiciones más precavidas, habiendo sido finalmente catalogado por el Gobierno de Lagos como «conflictivo» por lo cual, nunca fue enviado a discusión al Congreso.
La política y normas sobre OGMs en Chile deben estar basadas en el principio de precaución, para evitar daños irreversibles al medio ambiente, la biodiversidad y a los mercados de productos de exportación. Chile se especializa en productos de alta calidad a mercados exigentes, los cuales rechazan los productos transgénicos y poseen estrictas regulaciones de identificación y trazabilidad. La mayoría de éstos son además signatarios del Protocolo de Bioseguridad. Por otra parte, la biodiversidad del país es de altísimo valor por ser endémica o exclusiva del país, la cual puede perderse por contaminación con los cultivos transgénicos.
Una ley de Bioseguridad debe ser tendiente a resguardar el patrimonio ambiental evitando la contaminación de cultivos y flora silvestre y de resguardar los mercados de exportación siendo capaz de garantizar productos libres de transgenia (convencionales y orgánicos). Debe además cautelar la salud y respetar los derechos de los consumidores nacionales etiquetando todos los alimentos transgénicos.
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María Isabel Manzur. Fundación Sociedades Sustentables
