Uso masivo y sin control de antibióticos, contaminación de los fondos marinos, escapes masivos de salmones, ocupación ilegal de zonas costeras, prácticas antisindicales, bajos salarios, alta siniestralidad y escaso aporte a la economía regional, fueron las denuncias expuestas ante la Cámara de Diputados que permitieron aprobar un proceso de revisión regional y nacional de las condiciones ambientales, sanitarias y laborales de la industria de salmón. Este proceso, que durante enero debe finalizar, se originó a pesar del fuerte lobby de la patronal SalmonChile para bloquear esta iniciativa.
A seis meses de su aprobación, se puede concluir que en materia laboral la instancia en las regiones sur australes fracasó, puesto que SalmonChile no tuvo voluntad de avanzar en mejorar las condiciones de trabajo y rechazó todas las propuestas de la débil presencia sindical. Además, impuso su curioso y singular sistema de autocertificación SIGES, y presiona con fuerza para cambiar la legislación laboral y adecuarla a «la realidad de la industria».
Esto quedó constatado en el informe final que la Seremi del Trabajo presentó a la Cámara de Diputados, donde señala como un avance el que se «desarrolle un estudio de la aplicabilidad de la normativa a una industria en constante evolución». Esta propuesta empresarial busca flexibilizar la Ley Laboral, disminuyendo la regulación y las sanciones. Pero, es ésta, la respuesta a una alta tasa de infraccionalidad laboral, que en el primer semestre de 2006 superó el 80%.
Además, el gremio salmonero rechazó asumir compromisos referidos a mejorar las remuneraciones, reconocer al sindicato como único interlocutor válido de los trabajadores, eliminar los grupos negociadores y que no haya despido de trabajadores sindicalizados después de una negociación colectiva. Esto, en un contexto del aumento de las denuncias por prácticas antisindicales en el sector salmonero que en 2006 acumuló 19, lo que equivale a un 54,28% de las presentadas en la Región de Los Lagos.
Asimismo, los salmoneros nuevamente se negaron a respaldar que las compañías mandantes asuman la responsabilidad subsidiaria respecto a toda su cadena productiva. La estructuración actual de esta industria cuenta con un alto componente de empresas contratistas y subcontratistas, cuyo fenómeno se ha transformado en un factor que impide la creación de organizaciones sindicales y el fortalecimiento de las ya constituidas. En la Décima Región, donde se concentra más del 90% de su producción, el cluster salmonero genera directa e indirectamente alrededor de 45.000 empleos, sin embargo sólo 6.783 trabajadores están sindicalizados, es decir de un 13 a 15%, de los cuales sólo el 50% esta afiliado a organizaciones de carácter superior como las Federaciones, situación que evidencia que estamos ante un actor debilitado, fragmentado, desarticulado y sin capacidad de negociación.
Lo más preocupante es que en temas de higiene y seguridad, SalmonChile rechazó la propuesta sindical de revisar el reglamento que regula la actividad de buceo profesional, establecer procedimientos de estandarización a «buzos intermedios», dotación de equipamiento de auxilio e instalaciones de cámaras hiperbáricas apropiadas para la cobertura en la región.
De esta forma, SalmonChile desecha otro de los mandatos contemplados en la iniciativa parlamentaria, puesto que no se compromete a invertir los recursos económicos que sean necesarios a fin de mejorar las condiciones de seguridad de todos los trabajadores de la industria, especialmente de aquellos que realizan las actividades de mayor riesgo como los buzos. Desde febrero de 2005 a la fecha, suman 37 los trabajadores salmoneros muertos en accidentes laborales por el incumplimiento a las normas de higiene y seguridad, que protegen la vida y salud de los trabajadores en Chile.
En todo caso, el gremio empresarial sí aceptó respaldar que las labores de los buzos que realizan faenas en centros de cultivo de salmón sea calificado como «trabajo pesado» y crear un seguro de vida para estos trabajadores submarinistas. Ambas iniciativas cuestionables, puesto que no se apuntan a mejorar las condiciones laborales de estas riesgosas faenas. Y es que cuando no se apunta a la prevención, se recurre a la Ley 19.404, que crea una modalidad de pensión de vejez anticipada, en función de un puesto de trabajo calificado como pesado y que provoca un desgaste y envejecimiento prematuro. Con esto, los trabajadores asumen que las labores de buceo en la salmonicultura le provocarán un deterioro a la salud más acelerado, lo que resulta un espaldarazo a la «sobreexplotación legal» de los trabajadores.
En la sesión especial para votar el proyecto de acuerdo de «revisión salmonera» en la Cámara de Diputados, el propio ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, afirmó que las tareas de estos trabajadores se realizan «con una tecnología heterogénea: falta de certificación de la calidad del aire y los equipos utilizados, carencia de competencias, ausencia de capacitación, además del diseño de balsas que llegan a una profundidad mayor a los veinte metros y la práctica del denominado ‘buceo yo-yo’, rutina de buceo en la que se multiplican las descompresiones. Todos estos aspectos, entre otros, explican los frecuentes accidentes disbáricos, imperceptibles y no denunciados por los trabajadores, con lamentable frecuencia de muertes».
En la mesa regional salmonera además se acordó que el seguro de vida para los buzos, que obviamente nadie quiere usar, quede en manos de las subcontratadas empresas de servios de buceo y no de las compañías salmoneras.
Curioso también resultó que en la mesa de diálogo en la Décima Región se acordara la creación de otras siete instancias similares para abordar otros temas no resueltos, como cumplimiento a las normas de protección a la maternidad. La Dirección Regional del Trabajo de Los Lagos desde 2003 ha instalado diversas mesas de diálogo, pero los resultados no han tenido avances sustanciales y han quedado estancadas o bloqueadas por los industriales salmoneros.
Pero a la falta absoluta de voluntad política de los industriales para elevar los estándares de este sector exportador de alimentos, se suma el poco esfuerzo de las autoridades regionales por establecer un espacio de diálogo abierto, informado, orientado a buscar soluciones y que sea observado por agentes externos.
Significativo ha sido que las organizaciones ciudadanas que vienen trabajando hace años y que han puesto este tema como debate regional, nacional e internacional, fueron excluidas y se les bloqueó información.
A esto se suman las críticas realizadas por las dos Federaciones descolgadas, las que reclamaron por escasa información hacia los trabajadores, el estancamiento de los procesos sancionatorios a empresas infractoras y la falta de garantías que atribuyen a la ausencia de observadores de organismos internacionales, como la OIT y la OCDE.
Se teme que esta instancia investigativa puede operar como «un tapaboca» para acallar las críticas que se acentuaron en 2006 y que en parte permitieron que el Parlamento se involucrara en el tema.
Finalizado este proceso de revisión regional salmonera se concluye con: ningún compromiso de la industria para negociar las demandas de los trabajadores, diálogos para generar más diálogos, falta de acceso a la información durante el proceso de discusión, exclusión de las organizaciones ciudadanas y observadores internacionales, un inexplicable y cuestionable silencio de las autoridades regionales y una muestra más de la debilidad sindical en el sector estrella de la economía chilena.
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Patricio Igor Melillanca e Isabel Díaz son investigadores del Centro Ecoceanos
