El nombramiento de Raúl Vergara Meneses como subsecretario de Aviación repara la omisión imperdonable de los gobiernos democráticos desde 1990 hasta ahora, hacia los militares constitucionalistas que honraron su juramento de respeto a la Constitución, y se negaron a secundar el golpe de estado de 1973. Ellos han debido luchar incansablemente hasta ahora, contra la insensibilidad y el olvido, para que se les reintegren sus derechos, y se les reconozcan sus virtudes de militares de honor.
Porque no solo fueron expulsados de sus instituciones, y privados de sus derechos civiles y previsionales, sino que en la mayoría de los casos experimentaron el dolor de ser vejados y torturados por sus propios compañeros de armas, y acusados y condenados por delitos que nunca existieron, en un intento por degradarlos en su condición de militares, y expulsarlos de su institución.
Recuperada la democracia, el país se abocó a un proceso, por instantes muy doloroso, por encauzar su vida institucional y política hacia la normalidad ética y moral de un estado democrático. Lo que implicaba enfrentar de manera franca y abierta las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar. En una lenta, pero segura y persistente marcha hacia la verdad y la justicia, se han ido cerrando capítulos pendientes de ese período como lo hacen las naciones civilizadas y democráticas: dejando que los tribunales de justicia resuelvan en plena autonomía y debido proceso los delitos cometidos, y reparando los daños causados a las víctimas.
Sin embargo, por una actitud sólo explicada por los temores de nuestra transición, y por una percepción errónea de los dirigentes políticos acerca de lo que puede y debe hacer un Estado democrático en materia militar, la reivindicación de los militares constitucionalistas siempre se vio postergada.
Durante muchos años fueron una figura casi molesta para los dirigentes concertacionistas, los que -salvo muy contadas excepciones- consideraban que entorpecían el diálogo civil militar, y que sus peticiones enervaban la autonomía de las Fuerzas Armadas y las presiones sobre el gobierno democrático.
Por lo mismo, hasta muy entrada la democracia, no tuvieron ninguno de los derechos que la ley les reconoce a los militares en retiro, ni tampoco se les hizo extensivas las reparaciones para los civiles exonerados. Y debieron soportar durante largo tiempo la afrenta de que en democracia se les negara una reparación, debida no solo porque la ley les reconoce derechos, sino porque simbolizan la justa doctrina de la obediencia militar frente al poder civil legalmente constituido.
Recién, cuando la renovación doctrinaria, tanto del mando militar como de las autoridades civiles, impregnó de un mejor aire la administración de la Defensa Nacional, se empezó a avanzar de manera positiva frente a esta discriminación, y los militares exonerados luego del golpe militar recuperaron sus derechos. Incluso a veces por acciones mucho más decididas de las propias instituciones armadas que del ámbito civil.
Resulta natural que la Presidenta terminara un proceso que comenzó decididamente bajo su conducción como ministra y es trascendental para la doctrina militar de Chile. Pero faltaba un símbolo político explícito, que en este caso es la designación del Capitán Ž Vergara en el cargo de Subsecretario. Ella, junto con reconocer los méritos académicos, profesionales y humanos de este, reivindica a todos los militares constitucionalistas.
Por ello llama la atención -una vez más- el extravío democrático y doctrinario de El Mercurio, al catalogar el nombramiento como un acto presidencial incomprensible para la FACH. Más aún, su intento por empañar una decisión de alto contenido simbólico para el honor de la República de Chile, catalogándolo como un gesto hostil.
Nada hay más preciado para un militar que su institución, a la que ingresa para siempre. Nada más importante para una institución militar que la cohesión y la adhesión permanente de todos sus miembros, basada en la solidaridad y el respeto a la autoridad legítimamente constituida. Nada más importante para un estado democrático que su gobierno trace nítidamente ante la ciudadanía el ejercicio del poder político, terminando con cualquier tipo de exclusión. La FACH sabe que la tradición, el honor y la disciplina están restablecidas.
