Las contradicciones de la política indígena del gobierno de Lagos - El Mostrador

Miércoles, 22 de noviembre de 2017 Actualizado a las 21:11

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Las contradicciones de la política indígena del gobierno de Lagos

por 3 marzo, 2006

En Temuco, a pocos días de concluir el mandato del Presidente Lagos, el Ministro del Interior, Francisco Vidal, formuló reveladoras declaraciones a la prensa en relación a los conflictos por tierras ocurridos en los últimos años en la Región de la Araucanía, y a la forma en que estos han sido encarados desde el Estado.



En la ocasión, el Ministro Vidal, cuyo estilo -categórico y suficiente- nos hace recordar el de las autoridades del régimen militar, sostuvo que los "veranos calientes" de la Araucanía - refiriéndose a los veranos álgidos del que erróneamente ha sido conocido como el "conflicto mapuche" (debe recordarse que ellos no sólo involucran a comunidades mapuche, sino también a empresarios agrícolas y forestales y al propio Estado)- habrían quedado atrás, y que no podía compararse el verano del 2006 con el del 2000, cuando el Presidente Lagos asumió.



Vidal agregó que este "logro" fue posible "gracias a la colaboración de las fuerzas policiales, de la Fiscalía, y la decisión política del gobierno de querellarse."



Si bien señaló que consideraba "un error estigmatizar la etnia mapuche y a varios centenares de comunidades por potenciales focos de conflicto en algunas de ellas", precisó en relación a la Coordinadora Arauco-Malleco que "todos sabemos dónde está, desde el punto de vista de su procesamiento, dónde están sus líderes", en una alusión directa al encarcelamiento de sus dirigentes como consecuencia de la persecución judicial de la que fue objeto esta organización por el ministerio publico y el propio gobierno.

Consultado sobre las denuncias de hostigamiento y represión policial a las comunidades mapuche existentes en el período y sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas al gobierno por el Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, luego de su misión a Chile el 2003, afirmó que "gobernar un país, en este caso en una región, y ver materias complejas como la violencia política, implica ser bastante equilibrado, e implica regirse por legislación chilena, e implica orientarse por las decisiones que conducen la voluntad política del gobierno". Y luego agregó sobre el mismo tema: "En Chile hay Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho la democracia tiene que preservarlo, cuidarlo, mantenerlo, y el que se sale de él, recibe las sanciones del estado de derecho."



En relación al mismo tema agregó que "desde le punto de vista nuestro, ¿qué nos importa.?: generar las condiciones que in-viabilicen o den muy poca oportunidad para que se genere agresión, y también responder a Naciones Unidas, también responderle al señor Stavenhagen, cosa que se respondió".



Finalmente, sostuvo que "Chile se caracteriza porque en lo sustantivo ha erradicado la violencia, la que tiene una raíz, histórica, étnica o política".



Las declaraciones del Ministro del Interior son muy reveladoras por cuanto dejan en evidencia las múltiples limitaciones y profundas contradicciones de las que la política de la administración del Presidente Lagos hacia los pueblos indígenas ha adolecido desde la perspectiva de los derechos humanos. Ello en particular, en lo referido al tratamiento dado al pueblo mapuche en el contexto de los conflictos por tierras que involucran a sus comunidades.



En ellas, el Ministro da a entender que el tratamiento de la realidad indígena y de los conflictos que involucran a sus comunidades por el gobierno de Lagos ha sido equilibrado, y que este ha respetado los lineamientos internacionales de derechos humanos al "responderse" al Relator de la ONU para los derechos indígenas. Nada más lejos de lo realmente ocurrido.



Para los pueblos indígenas la acción de su gobierno no puede en caso alguno calificarse de equilibrada. En efecto, dicho gobierno, en forma consistente con su política de libre comercio, se empeñó desde un inicio en expandir la economía global hacia los territorios de los pueblos indígenas respaldando y/o ejecutando directamente numerosos proyectos de inversión - mineros en los territorios de los pueblos andinos, y forestales, acuícolas, carreteros e hidroeléctricos en el territorio mapuche - en tierras indígenas o en aquellas que son reclamadas por sus comunidades, sin una adecuada consulta a los afectados, o con su expresa oposición - como en el caso Ralco-, y sin considerar su participación en los beneficios. La protesta indígena frente a proyectos que han tenido graves impactos sobre su culturas, medio ambiente y economía, tal como señalara el Relator de la ONU para los derechos indígenas, fue criminalizada por el gobierno, y perseguida por este utilizando para ello legislación de excepción, como la Ley antiterrorista, que vulnera los derechos del debido proceso.



Como consecuencia de la acción del gobierno, hoy una decena de mapuche cumple condenas de cárcel de hasta 10 años por su participación en hechos que tendrían el carácter de terrorista. Ello en contraste con los delitos -incluyendo agresiones con resultado de muerte, violencia, tratos crueles y degradantes- cometidos por las fuerzas policiales en contra de los mapuche que han sido documentados por instituciones internacionalmente reconocidas como Human Rights Watch y la FIDH, o cometidos por agricultores en contra de comuneros indígenas, los que no han sido perseguidos por el gobierno, permaneciendo impunes a la fecha. Entre los casos que el gobierno no persiguió se encuentra la muerte de un niño mapuche Alex Lemún, a manos de un mayor de Carabineros, quien no solo se encuentra en libertad, sino sigue en servicio activo, a pesar de su evidente responsabilidad en los hechos.



De qué equilibrio habla entonces el Ministro Vidal.



Por otro lado, el Ministro falta a la verdad cuando señala que el gobierno ha respondido al Relator de la ONU para los derechos indígenas, refiriéndose a las recomendaciones que este efectuara en su misión a Chile el 2003. En efecto, el gobierno siguió hasta fines del 2005 haciéndose parte en las causas seguidas en contra de los mapuche, acusándolos de la comisión de delitos considerados en la ley antiterrorista, a pesar de que el Relator de la ONU le solicitó expresamente que no "criminalizara" las protestas sociales de los pueblos indígenas, y que se abstuviera de aplicar acusaciones de delitos tomados de otros contextos, como los delitos por acciones terroristas. Cabe recordar que el Relator de la ONU, además, instó al gobierno a promover reformas legales y constitucionales para fortalecer la protección de los derechos indígenas, entre ellos, la tierra y los recursos naturales, y a crear instancias de diálogo con efectiva participación indígena para la resolución de los conflictos que afectan a los pueblos indígenas, reformas que hasta ahora no se han introducido e instancias que nunca fueron constituidas por el gobierno.



Resulta contradictorio que el Ministro Vidal sostenga que no debe estigmatizarse a los mapuche, cuando la práctica desarrollada por el gobierno del Presidente Lagos durante los últimos años fue la estigmatización permanente de sus líderes - e incluso de sus organizaciones- como violentistas y terroristas, tanto a través de las declaraciones de sus autoridades a la prensa como a través de las acciones policiales y judiciales por este emprendidas. Un ejemplo evidente de estigmatización fue el de la participación activa del Ministerio del Interior como querellante en la causa que se siguió en contra de la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco, la que fue acusada de constituir una "asociación ilícita terrorista" al amparo de dicha ley. Se trata de una querella que la justicia, a pesar de los esfuerzos del gobierno, finalmente desestimo por considerar que el terrorismo implica "desprecio a la vida humana, propia o ajena", disposición que no habría existido en los mapuche imputados esta causa. A pesar de este fallo, el Ministro Vidal reitera en sus declaraciones la estigmatización en contra de esta organización mapuche, al ufanarse del encarcelamiento de sus líderes.



Finalmente, el Ministro falta a la verdad cuando sostiene que durante la administración Lagos se ha erradicado la violencia étnica. Dicha violencia, lamentablemente, sigue existiendo de manera importante en el país. Ella se manifiesta de modo mucho mas grave que a través de los delitos, en su mayoría en contra de la propiedad, que puedan haber cometido personas mapuche en contra de propietarios agrícolas o forestales en la Araucanía- por cierto condenables-, a través de la discriminación económica, política, cultural y social de la que miles de personas indígenas siguen siendo víctimas hoy en Chile. En efecto, hechos como la exclusión de los indígenas de las instancias de decisión del estado, como el Congreso Nacional-, los elevados niveles de pobreza indígena, que superan en mucho a los de la población no indígena, la construcción - con el aval del gobierno - de numerosas plantas de tratamiento de aguas servidas en la región de la Araucanía, todas ellas ubicadas en tierras de comunidades mapuche o sus alrededores, y los planes de Forestal Arauco de botar los desechos de una planta de celulosa en el océano pacífico en el mar territorial de los mapuche-lafkenche, contra su voluntad, constituyen prácticas de violencia cotidiana que afectan al mundo indígena.



Con sus declaraciones, el Ministro Vidal deja en claro lo que todos sabemos; los intereses económicos de los inversionistas privados y no los intereses y derechos de pueblos indígenas han constituido la prioridad del Presidente Lagos, y de su gobierno, no solo en la región de la Araucanía, sino a lo largo y ancho del país. Como consecuencia de ello, cada vez que ha habido una contradicción entre dichos intereses y los derechos indígenas, su gobierno optó por los primeros en desmedro de los segundos.



Es de esperar que el nuevo gobierno que encabezará Michele Bachelet introduzca cambios fundamentales en este sentido, revirtiendo estas prioridades de modo de hacer posible el "nuevo trato" hacia los pueblos indígenas del que durante la administración Lagos tanto se habló, pero tan poco se practicó. Tales cambios resultan esenciales para que los "veranos calientes" de la Araucanía a los que el Ministro Vidal hiciera alusión en Temuco - a pesar del evidente calentamiento del planeta que la globalización económica hoy imperante en el mundo y en el país está generando - se enfríen un poco.



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José Aylwin es director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

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