Seguridad ciudadana: ¿Carencia institucional o política? - El Mostrador

Lunes, 20 de noviembre de 2017 Actualizado a las 12:51

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Seguridad ciudadana: ¿Carencia institucional o política?

por 12 marzo, 2006

El consenso político para la creación de un Ministerio de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana pone al descubierto una pregunta fundamental para enfrentar el problema de la delincuencia: ¿se trata de resolver una carencia institucional o una carencia política? La creación de un nuevo ministerio que reúna y coordine en una sola institución a las fuerzas policiales de Carabineros e Investigaciones, la Gendarmería, el CONACE, la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el Programa Comuna Segura y el Plan Cuadrante, que unifique la recopilación, procesamiento e interpretación de las estadísticas delictuales, etc. de seguro que mejorará la eficacia en el logro de los objetivos propuestos y la eficiencia en el empleo de los recursos a tales fines destinados. Pero, eso no asegura ni un mayor control ni una mejor prevención del delito, como tampoco una disminución del temor de los ciudadanos ante los hechos delictuales ni un mejoramiento en la percepción de la seguridad en su entorno.



En el área económica no parece una solución plausible a los problemas de la producción, distribución y consumo nacional la unificación de los ministerios concernidos como son los de Hacienda, Economía, Trabajo, Minería, Agricultura, etc., en uno sólo, lo que se pide en tal circunstancia es una política económica, en este caso centrada en el libre mercado como instrumento para regular y modular las decisiones de los agentes económicos.



La política como voluntad colectiva hecha práctica exige tanto la interpretación sobre la realidad a intervenir, como el diseño de una práctica para intervenirla de manera pertinente y relevante a los fines que se quieren alcanzar, sea elevar la producción de la riqueza nacional y mejorar su distribución entre la población, sea disminuir las conductas delictuales y reducir la sensación de temor que causan en la ciudadanía.



Gary Becker, Nobel de Economía en 1992, instauró en los años sesenta una interpretación económica de la conducta delictual que permitiese mejor diseñar el control de su recurrencia, donde lo observable es la decisión que depende del costo alternativo entre la conducta lícita y la ilícita, la eficacia de la intervención penal estaría en su capacidad de aumentar los costos del delito para el delincuente de tal manera que fuesen mayores que la remuneración al delito. Aquella formulación económica del hecho delictual fue un desarrollo de la interpretación sociológica de Robert K.Merton en los años cincuenta, según la cual la conducta delictual es una manera ilícita -desviada- de alcanzar fines lícitos. Pero, la constante correlación positiva entre crecimiento de los detenidos y sancionados mediante penas privativas de libertad con respecto al aumento de las denuncias por las víctimas y al crecimiento del temor entre la población, indican que la represión penal no disuade la conducta delictual, ni es percibida como un aumento de los costos o de los riesgos por sus agentes ilícitos. O dicho de otra manera el costo o el riesgo de no delinquir es percibido como mayor que delinquir para la satisfacción de sus necesidades y deseos por parte del delincuente.



Bien se puede "endurecer" la acción penal, como en el caso de "la guerra de las drogas", al costo de tener más víctimas mortales a consecuencia del empleo de la violencia para resolver los conflictos relacionados entre delincuentes, autoridades y usuarios que debido al consumo de las sustancias ilícitas, como sucede en Estados Unidos de América -55.000 muertos por violencia relacionada con drogas versus 17.000 por consumo de las mismas-, donde la mayor parte de la población penal está constituida por infractores a las leyes de drogas, cuyo segmento mayor lo conforman los sancionados por porte y consumo y no por tráfico, mientras que el precio de ellas disminuye y su calidad mejora en el mercado ilícito.



Por otra parte, cierto es que el alto grado de impunidad expresa la baja capacidad de disuasión del sistema penal, pero a la vez manifiesta la voluntad de la gran mayoría de la población de hacer un uso lícito de sus habilidades y recursos para satisfacer sus necesidades y deseos, pese a que los costos y los riesgos de delinquir no son percibidos como altos, digamos que la gran mayoría de todos nosotros apuesta a que no delinquir es mejor para el conjunto de la sociedad pese a las facilidades para hacerlo.



Por lo tanto, el asunto no es cuan disuasivo es el sistema penal ante el delito sino cuan persuasivo es el entorno socio económico para no delinquir. Así lo ha expresado recientemente Hamid Ghose, Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE), quien ha dicho: "Tanto los agricultores rurales [de cultivos ilícitos] como los habitantes de las ciudades socialmente marginados necesitan medios de vida legítimos y tienen derecho a ellos; por eso, debemos redoblar nuestros esfuerzos y abarcarlos a todos, procurando crear entornos menos propicios para la producción [tráfico] y el abuso de drogas." (JIFE, Informe 2005)



El hecho de que en Chile tengamos más del doble de la población penal por habitante que Argentina, Francia o Inglaterra señala que la sola represión penal del delito es una política agotada. No se trata de pasarle la pelota al sector social - trabajo, planificación, educación, etc.- sino de ofrecer alternativas creíbles y viables tanto para quienes están en "riesgo de delinquir" - estado famélico -, así como a quienes obtienen ingresos variables según sus circunstancias y momentos de las actividades ilícitas, los cuales se mueven en una deriva que va desde la mendicidad -"macheteo"- o el comercio callejero, pasando por la prostitución o el micro tráfico, el hurto hormiga o el "cogoteo", hasta llegar al secuestro expreso o el homicidio por encargo.



Sobre todo se trata de ofrecer alternativas ante el pequeño delito que constituye la gran mayoría de los hechos delictivos que afectan a la población y que son principalmente cometidos por jóvenes con bajos compromisos delictuales. Esta es la práctica concreta de la prevención social del delito. La disuasión policial, la prevención situacional y la sanción penal no previenen el delito simplemente lo desplazan espacial y temporalmente, es más, el sistema penal institucionaliza el delito es el mismo quien consagra la carrera delictiva y el compromiso delictual, por eso la cárcel es llamada la "universidad del delito".



Todo lo anterior no excusa a las autoridades de perseguir y sancionar a los delincuentes conforme a la ley precisamente porque han atentado en contra de los derechos de sus conciudadanos, los cuales están protegidos por la ley, pero eso no puede crear la ilusión de que así se controlarán las conductas delictules, estas sólo pueden ser prevenidas y controladas si lo son las causas económicas, sociales, culturales y políticas que las originan. Promover aquella ilusión constituye el "populismo penal".



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Ibán de Rementería es Miembro de la Corporación Ciudadanía y Justicia.


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