El combate a la delincuencia se aborda de manera integral o simplemente no se aborda. La realidad del tema es lo suficientemente compleja como para que las intervenciones parciales terminen siempre desbordadas por la repetición inevitable de hechos delictivos, y lo hecho se transforme en un gasto ineficiente.
Evitarlo no es materia de tener o no un Ministerio, sino de que quienes tienen a su cargo el gobierno de la seguridad cuenten con un instrumental conceptual y operativo adecuado para permitir una acción integral sobre el delito. Esta integralidad no significa globalidad o totalidad, sino acción coordinada con múltiples instrumentos, no sólo los policiales.
Incluye un concepto definido de territorio de intervención, conocimiento de los actores que allí habitan, instrumentos o mecanismos a ser aplicados y una conciencia de que es un proceso, que necesita ser sostenible en el tiempo, y en el cual los elementos participativos son fundamentales para el cambio.
En este enfoque, nadie tiene la verdad absoluta y las experiencias son escasas, por lo que hay que analizarlas de manera crítica para generar un curso de lecciones aprendidas. Particularmente, tener conciencia de las implicancias operativas de la integralidad, que significa una estricta coordinación de las políticas, los medios, y los objetivos. En cualquier rango territorial en que se vaya a operar.
Esa coordinación tiene un doble significado. Es por un lado coordinación intersectorial, es decir de temas diferentes como seguridad policial, infraestructura, educación, salud, y otros, que deben integrarse en una acción u objetivo comunes. Y, en segundo lugar, es coordinación interinstitucional, es decir, debe proveer un rango apropiado de funcionamiento común entre instituciones que tienen competencias y lógicas de funcionamiento diferentes.
Producirlo es una responsabilidad política y depende de la voluntad de las autoridades. Parte importante de las tareas de seguridad ciudadana dependen, al menos en su dimensión de instalación de institucionalidad, por ejemplo en los barrios, de esta coordinación eficiente.
En segundo lugar, requiere una concepción del territorio como un habitat social y productivo, lo que implica reducir a un nivel adecuado la dimensión donde se va a operar, para que los resultados sean observables y se pueda corregir los errores. Ninguna política de seguridad ciudadana, en su dimensión de intervencion integral, funciona si se la concibe como un ámbito de acción nacional. No funciona si no existe como política nacional, pero luego de formulada, requiere de un espacio social y territorial acotado para evaluar sus impactos. Ese espacio es el barrio, y su referencia política el Municipio.
En tercer lugar, precisa de un adecuada conocimiento de la red social imperante en el territorio, y de la proporción de capital social que esa red contiene. Porque la red, en un sentido amplio, puede servir como una fuente de legitimación social del delito, lo cual sólo puede ser revertido mediante un aprovechamiento del capital social, expresado en organizaciones y cultura local.
La realidad se transforma para y con las personas, en un proceso articulado de instituciones y comunidad. Y eso depende, además de programas sociales, de las iniciativas de las personas en torno a una idea de pertenencia y progreso social, en el cual tienen un rol fundamental sus expectativas frente a la autoridad. Sobre todo aquellas de cambios en el entorno físico, espacios públicos, actividad barrial, convivencia y solidaridad vecinal, y conectividad a una ciudad que debe ser mas equilibradas en cuanto a su relación con el progreso y los servicios.
Hace algunos años, un medico de la Organización Panamericana de la Salud comparaba la delincuencia con las enfermedades, diciendo que hay gérmenes que todos los seres humanos portamos. Pero cuyo desarrollo depende de las condiciones de salud publica para evitar que se transformen en pandemia. En materia de seguridad, delito habrá siempre. Pero la manera de enfrentarlo es movilizar coordinadamente todos los recursos, humanos y materiales, en torno a los focos de generación delictual, y concentrar todos los esfuerzos en la corrección de los entornos donde el delito está excedido y ha superado el esfuerzo normal de un Estado en materia de seguridad pública.
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Hernán Ortega es coordinador para la prevención y seguridad ciudadana de la Municipalidad de Maipú
