En la literatura constitucional se ha acuñado una interesante distinción entre dos momentos que podrían identificarse en la vida democrática de un país. Los primeros momentos, llamados constitucionales, son aquellos en los que el pueblo, movilizado como un todo, actúa con racionalidad y quietud delineando los que serán las condiciones políticas, sociales, jurídicas y, por qué no, económicas de esa comunidad. Esos momentos, por la trascendencia y carga de trabajo que involucran -a fin de cuentas es preciso movilizar a todo el pueblo- son escasos y se verifican en condiciones sociales determinadas. La historia nos ha enseñado que, las más de las veces, en condiciones de ‘agitación social’. Los segundos momentos, los políticos, son más comunes. Se verifican día a día en las decisiones que el Gobierno y el Parlamento llevan adelante y se suele señalar que en ellos las decisiones que se adoptan son fruto de la pasión, la inquietud y hasta la rabia de la actividad política.
Por lo mismo esta teoría insiste en que los momentos constitucionales no son irrelevantes, sino que son los más importantes pues fijan los carriles por sobre los cuales se desplazarán las decisiones políticas. Las decisiones racionales sujetan y limitan las pasiones desatadas de los segundos. Esta distinción se construye sobre la base de asimilar el comportamiento colectivo de una comunidad al comportamiento individual de Ulises. Ulises, en su momento de calma y racionalidad (constitucional), decide atarse al mástil y dar la orden a sus marineros de que tapen sus oídos con cera. Así, evitaría que éstos oyeran el canto de las sirenas y que obedecieran a sus órdenes que, con la pasión desatada, les requeriría dirigirse a ellas (políticos).
¿Pero qué es lo verdaderamente relevante de esta distinción? Lo que en verdad resulta relevante, más que las bases sobre la cual se construye -no libre de críticas- es que llama la atención sobre la importancia de los momentos en que una comunidad se autodefine. La Constitución, a fin de cuentas, es justamente la forma en que se expresa ese autogobierno. Las decisiones relativas a la organización política, jurídica y social de esa comunidad se plasman en el texto que, no en vano, se ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico. Por ello la legitimidad de una Constitución sí importa. Y reformas más, reformas menos, ella carga con el peso de la legitimidad con que fue creada. Chile carece de una Constitución legítima. Su Constitución no es fruto de la autodefinición de la comunidad chilena, sino del trabajo de comisiones y, finalmente, de la propia pluma de quienes se encontraban ilegítimamente en el poder. El mismo Pinochet dirigió notas, de su puño y letra, donde aportaba «ideas que consider(aba) básicas para plasmar los criterios políticos institucionales que guían al gobierno».
Bolivia pretende ubicarse al costado contrario del chileno. En calma y quietud -pese a la historia que indica que estos cambios ocurren solo en condiciones de agitación social- y por medio de la manifestación de la voluntad popular, el pueblo boliviano quiere autodefinirse como comunidad política. En agosto próximo Bolivia elegirá a más de 250 representantes que se encargarán de entregar a Bolivia un nuevo texto constitucional. Una idea que varias agrupaciones de la sociedad civil chilena han propuesto, pero que ha recibido solo evasivas.
Quizá un ejercicio tremendamente complejo y laborioso, como el que comienza Bolivia, no altere en nada el texto mismo de la Constitución. Pero la legitimidad que desde entonces podrá exhibir aquella nos permitirá decir que, en verdad, esa es la Constitución chilena. Las condiciones sociales que Chile exhibe, al parecer, son propicias para intentar la movilización del pueblo a una nueva autodefinición, una que se haga desde «abajo hacia arriba», como funcionan las democracias.
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Domingo Lovera Parmo. Profesor de Derecho. Universidad Diego Portales
