El Gobierno dio curso en la última semana a una iniciativa esencial para el orden político institucional del país: el cambio del sistema electoral binominal. Como ha ocurrido también con las otras iniciativas de gran magnitud, el Ejecutivo ha creado una comisión encargada de llevar adelante esta reforma, sin exponer más que algunos criterios generales y la idea de que se trata de una de participación y consulta para viabilizar la decisión final.
Más allá de la metodología general de gobierno exhibida hasta ahora, este tema tiene un amplio grado de maduración y debate y -por lo mismo- requiere que el Gobierno explicite su posición. Ello permitirá determinar el modelo a que se aspira y, además, la posibilidad de encontrar los votos necesarios para su aprobación en el Congreso.
La representación proporcional en el Congreso para permitir el ingreso de las minorías políticas es un tema que tiene una abierta oposición política de la UDI, pero también concita inquietud y reserva en algunos parlamentarios de todos los otros partidos.
Esa inquietud se relaciona con la ingeniería electoral de que iría acompañada la reforma y sus impactos en la actual composición de los distritos y circunscripciones Pues, como es comprensible, nadie quiere que su esfuerzo electoral -condensado en un trabajo que significó una determinada cantidad de votos que permitió su elección- se vea afectada por la incertidumbre acerca de la forma de elección.
De ahí que siempre se ha pensado que la idea menos resistida por los parlamentarios es introducir proporcionalidad a partir de una circunscripción nacional de entre doce o quince senadores, elegidos por cifra repartidora, y unos 30 diputados, elegidos mediante un sistema de residuos electorales, al que concurren también aquellos candidatos o minorías que no obtuvieron representación distrital. Ello daría un total de 150 diputados y 50 senadores, que parece una cifra razonable dada la composición orgánica del parlamento. La ventaja de este sistema es que no toca, en esencia, el entramado electoral existente.
Ello no es un tema menor, pues el dilema sobre el tipo de mecanismo proporcional puede hacerse complejo hasta el infinito con argumentos de todo tipo, por lo cual se requiere de una aproximación que también contenga elementos de pragmatismo y sentido común, además de argumentos teóricos y principios valóricos republicanos.
La designación de Edgardo Boeninger para dirigir la comisión encargada de llevar adelante la reforma en el sistema electoral parece garantizar esa solvencia técnica y política. Hasta ahora, los mejores negociadores de la Concertación, entre ellos José Miguel Insulza, Enrique Correa o Ricardo Solari (además del mismo Boeninger, al inicio del retorno a la democracia) han sucumbido a la tenaz oposición de la derecha de no dar paso a un sistema político inclusivo, lo que -en la actualidad- deja a más de un quince por ciento del electorado sin representación política parlamentaria.
No cabe duda de que es la voluntad del Ejecutivo frente al parlamento la única fuerza real que puede garantizar un avance en esta materia.
Sin perjuicio de cualquier camino que se adopte, la estrategia es esencialmente parlamentaria, como quedó demostrado en la negociación de las últimas reformas constitucionales. Sólo el cambio del sistema electoral y la aprobación plebiscitaria de la Constitución en su nueva estructura permitirán hablar de una nueva Constitución. Mientras ello no ocurra, estaremos debatiendo aún el perfeccionamiento de la Constitución de 1980, ahora en el cuarto gobierno de la Concertación.
