En enero de 2004 publiqué aquí una columna sobre el problema de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos que, según cifras estimadas en estos momentos, llegan a más de 11 millones. La mayoría es de México y el resto de casi todos los países latinoamericanos, el Caribe, e incluso otros lugares del mundo. Había escrito entonces «ilegales» y, en un documento de las propias Naciones Unidas que leí luego, se rechaza el término «ilegal». Es que ningún ser humano es un «ilegal», aunque esté sin papeles trabajando en un país que no es el suyo. O sea, toda persona, sea de donde sea, tiene derechos inalienables aún dentro de su condición de indocumentado.
En ese entonces la posible solución -según la propuesta del gobierno de Bush- era conceder visa temporaria a esos 11 millones de trabajadores. O sea, darles un permiso de trabajo «legal» por un límite de tres años, con posibilidad de renovación y de obtener, en ese período, la residencia permanente. La propuesta sonaba, aparentemente, de un gran «humanismo» para esos 11 millones que verían resueltos sus problemas de vivir escondidos para que no los deportaran a México, a países de América Central, el Caribe, incluso a lejanos países de América del Sur.
Decía entonces en aquella columna -lo que sigue siendo válido en estos momentos- que resultaba imposible deportar a 11 millones de indocumentados, porque no se tiene información de dónde son ni en qué parte viven en los Estados Unidos. La propuesta de Bush era -y sigue siendo- principalmente económica e, indirectamente, para mantener control de alta seguridad en su territorio. No es un azar, hasta hoy, que la propuesta aparezca justo cuando Bush tiene muchos frentes de lucha contra el terrorismo, como él los llama en sus discursos. Incluido «el deber de proteger» el territorio norteamericano, creando -luego del 11/S- el «Departamento de Seguridad Territorial» (Department of Homeland Security). Es decir, la propuesta de Bush permitiría a Estados Unidos mantener un cuidadoso registro de identificación de 11 millones de personas.
Claro que la propuesta se convierte en un control riguroso y preciso de quienes entran, quienes deben salir, y a quienes se les dará trabajo. Para millones de indocumentados eso constituye nada más que un inteligente plan «caza bobos», pues nadie sabe qué medidas inmediatas tomará inmigración al saber dónde trabaja y dónde vive cada trabajador indocumentado.
De los aproximadamente 11 millones de indocumentados trabajando en el país, ocho corresponderían a mexicanos. Por esto último, al gobierno mexicano le interesa mucho que ese tráfico anual se resuelva de una manera positiva para México, puesto que su segunda gran entrada de dinero -la primera es el petróleo- es el dinero que envía esa vasta población de trabajadores indocumentados. La cantidad de envío anual hacia México es astronómica, según recientes cifras de 2006: 18 mil millones de dólares a través de Westen Union o casas de envío instaladas por todo Estados Unidos.
El New York Times del 11 de enero de 2004 subrayó sólo algunas calamidades económicas graves que se producirían en Estados Unidos (y con consecuencias a nivel global, decimos nosotros) sin el trabajo de los indocumentados. Recalcó también que la fuerza laboral en el sector agrario y servicios norteamericanos está constituida en casi un 50% por «manos y brazos» de indocumentados. Sin el trabajo barato de ellos, no habría fruta y verduras en las casas de los norteamericanos pues se pudrirían en los campos; no habría quien cuidara a los niños de familias ricas de Manhattan; las toallas de los hoteles de Florida, Texas, California no se podrían lavar; los pasajeros que vuelan diariamente desde Miami a New Jersey quedarían estancados en el aeropuerto pues no habría choferes que manejaran los taxis; el trabajo de reparación de casas en todo el sur de EE.UU. se paralizaría; las bacinicas de los cuartos, y las bandejas del almuerzo en los asilos de ancianos, no podrían ser recogidas diariamente, etc.
En estos momentos -en relación a la propuesta del presidente Bush mencionada arriba-, en el Congreso norteamericano se está a punto de alcanzar a un acuerdo sobre qué hacer con esos más de 11 millones de indocumentados. Esta primera semana de abril los republicanos y los demócratas se han puesto de acuerdo en resolver el problema, de una vez por todas, en tres puntos específicos cuyas consecuencias para los indocumentados son insospechadas.
Los tres puntos de acuerdo -que se pueden convertir en Ley en esta semana- son así: (1) Los indocumentados que hayan vivido al menos 5 años en EE.UU. tienen posibilidades de ser ciudadanos norteamericanos. Pero deben probar que permanecerán empleados, pagarán cualquier multa que tuvieran, y pagarán los impuestos atrasados (que no declararon en esos cinco años o más). Este grupo viene a ser el 60% de esos 11 millones. (2) Aquellos que hayan vivido de dos a cinco años (se calcula que son 3 millones de indocumentados) deberán salir del país por un periodo breve y, desde allí, postular a la reentrada a EE.UU. A éstos se les clasificará como «trabajadores temporarios». Ellos podrían postular a la ciudadanía norteamericana, pero no se asegura que la obtengan. En tal caso, luego de 6 años como «trabajadores temporarios» deberán dejar EE.UU. (3) El resto, que se calcula en un millón de indocumentados, los que han vivido en EE.UU. menos de dos años, deberán dejar el país. Ellos podrían postular a «trabajadores temporarios», pero no hay ninguna garantía de que sean aceptados.
Las consecuencias de esta posible ley, la cual sería una de las primeras hechas en EE.UU. para solucionar el problema migratorio desde la perspectiva e intereses del gobierno norteamericano, serían muchas, especialmente desde el lado de los indocumentados. Esta nueva Ley los obligará a tomar la decisión, para la gran mayoría (punto 1 arriba), de tener obligadamente que convertirse en ciudadanos norteamericanos. Con ello, con toda seguridad, dejar de enviar dinero a México. Tener que cancelar una buena cantidad en impuestos no pagados por, al menos, 5 años o más. Pero la otra cuestión que se desconoce es si los empleadores que antes le pagaban el mínimo a esos indocumentados (en esos trabajos que menciona el New York Times), entre 5 y siete dólares la hora, sin beneficios, estarán dispuestos a contratarlos como trabajadores de tiempo completo, con un salario más alto y con beneficios completos.
Las consecuencias para los casos 2 y 3 arriba mencionados (un total de 4 millones de personas) son aún más problemáticas. La primera reacción en algunos indocumentados que conozco me han dicho que sienten «terror» de salir de EE.UU. Están seguros que jamás podrán regresar y que la promesa de «trabajo temporario» puede ser únicamente una excusa («caza bobos») para limpiar a EE.UU. de ellos.
Pero ya se verá en los próximos días si la Ley se aprueba y de aprobarse, qué reacciones en cadena tendrá en EE.UU. Una vez escribió el escritor mexicano Carlos Fuentes lo siguiente que ahora más que nunca se probará si esas palabras fueron proféticas o no:
«El trabajador migratorio no sólo deja su país por miseria o falta de empleo, sino, sobre todo, porque lo convoca la necesidad de las economías desarrolladas. Prive usted a los Estados Unidos del trabajador migratorio mexicano y habría en los Estados Unidos escasez de productos, inflación y ocupaciones abandonadas. Los Estados Unidos seguirían requiriendo mano de obra migratoria y tendrían que traerla, si fuese necesario, del Polo Norte».
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* Javier Campos es escritor y académico chileno. Profesor de la Universidad jesuita de Fairfield, Connecticut, Estados Unidos.
