La elección de Presidente de la República en Perú ha concitado una inusual atención en los medios de prensa nacionales y variadas y diferentes opiniones de analistas y dirigentes políticos sobre sus eventuales resultados e impactos políticos. Tanto por el escenario posible de un triunfo del ex-militar Ollanta Humala en una segunda vuelta en el mes de mayo, como por la clara apertura de un ciclo político regional marcado por nuevos movimientos sociales y políticos que actúan de manera no tradicional frente a la institucionalidad democrática.
Hace pocas semanas, la elección del Presidente Evo Morales en Bolivia reencauzó el desarrollo democrático de ese país, intentando -Constituyente de por medio- transformar una mayoría étnica y social, también en una mayoría política, tras el objetivo de dar un giro adelante a la institucionalidad política de su país, con un proyecto de Estado que sus mentores han caracterizado como comunitario.
Ahora le toca el turno a Perú, y sin perjuicio de que aún no se ha producido el desenlace final del proceso, el triunfo en primera vuelta del etnocacerismo, que lidera Ollanta Humala, con una adhesión significativa en los sectores medios y bajos del electorado, expresa un evidente malestar frente a la democracia, con un contenido de revancha social muy elocuente. También con símbolos indigenistas, pero diferente al movimiento boliviano, no sólo en cuanto al programa, sino también en la manera de expresar sus aspiraciones políticas, que en el caso peruano tiene fuertes connotaciones militaristas.
A propósito de militarismo, resalta el hecho que Ollanta Humala sería el tercer caso relativamente reciente en Sudamérica de un militar sublevado en contra del poder legalmente constituido de su país, que luego es elegido Presidente de la República. Guardando las diferencias, antes ocurrió con Hugo Chávez en Venezuela y con Lucio Gutiérrez en Ecuador.
El camino corto de la sublevación militar para obtener la tribuna política y luego la popularidad para ser candidato a la presidencia expresa una debilidad estructural de la democracia en la región. Y un fracaso profundo de las autoridades civiles y de los sistemas políticos para converger en un consenso institucional que erradique de nuestras sociedades el fantasma del militarismo y el golpismo.
El déficit es de doctrina al interior de los organismos castrenses. Pero esa doctrina debe ser provista por la conducción civil de la sociedad, con sentido de Estado y valores democráticos, para velar no solo por el desarrollo curricular técnico al interior de la profesión militar, sino también por el respeto de la democracia y la civilidad como valores permanentes de las Fuerzas Armadas.
En cualquier país de democracia madura, el hecho que un militar se alce o intente alzarse en armas en contra de las autoridades legalmente constituidas, es un delito gravísimo, que deviene en la pérdida de derechos ciudadanos del culpable, y su inhabilitación perpetua para acceder a un cargo de elección popular.
En democracia, la consolidación del sistema político y la validación del papel de los partidos políticos, pasa por una actitud clara, crítica y permanente frente a cualquier acto que enturbie el principio de obediencia y no deliberación a que están obligados los militares por doctrina y honor.
Ello no obsta a la natural vocación que puede tener un ciudadano de uniforme para dedicarse al servicio público desde la política, pero ello debe ocurrir, necesariamente, tras abandonar su carrera militar.
