En días pasados una Misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) visitó el país para presentar el tercer informe que esta respetada entidad elabora en menos de una década sobre la situación de los derechos del pueblo mapuche, y en particular, sobre la aplicación de la legislación antiterrorista en el marco del denominado «conflicto mapuche».
El informe, que lleva por título ‘La otra transición chilena: derechos del pueblo mapuche, política penal y protesta social en un Estado democrático’, fue dado a conocer por el magistrado español, Dr. Luis Carlos Nieto, directivo de la organización Jueces para la Democracia, y por el reconocido especialista en derechos de los pueblos indígenas, Dr. Luis Rodríguez-Piñero, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, quienes conformaban la misión.
Dicho informe viene a corroborar la preocupación internacional despertada en torno la aplicación de la legislación especial antiterrorista contra líderes y activistas mapuche, que había sido expresada en años anteriores por organismos de Naciones Unidas como el Relator Especial sobre los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por otras organizaciones no gubernamentales de reconocido prestigio internacional, como Human Rights Watch.
El Informe de la FIDH analiza los factores que están detrás de los conflictos de tierras que involucran a los mapuche, mencionando entre ellos además de los factores de carácter histórico, «las insuficiencias estructurales de las políticas oficiales de devolución de tierras y el avance y consolidación de la economía forestal de exportación, con enormes repercusiones para la vida de las comunidades mapuche».
Sostiene que en la respuesta del estado chileno a estos conflictos «ha primado hasta la fecha la persecución penal de los actos violentos de protesta social por sobre los intentos de atender a las causas estructurales de esta conflictividad».
El Informe analiza además los procesos judiciales que condujeron a la condena de nueve personas mapuche bajo la Ley Antiterrorista en el periodo 2003-2004, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos que vinculan a Chile. Concluye que en ellos el estado chileno violó las garantías a un juicio justo y al debido proceso de estas personas, en la medida en que la gravedad de los hechos por los que fueron condenados no guarda proporción con la gravedad del tipo delictivo de «terrorismo» y de las penas impuestas en estos casos.
Según el Informe, en los casos analizados «que involucran daños contra la propiedadÂ…y donde no se han producido riesgos para la vida e integridad física, la calificación como ‘terrorista’ de los hechos punibles ha vulnerado los principios de proporcionalidad, racionabilidad y necesidad que definen el derecho penal en democracia, conduciendo así a violaciones del derecho al debido proceso y a un juicio justo de los imputados y condenados en estos casos».
Sostiene a su vez que la ausencia de un reconocimiento constitucional relativo a los pueblos indígenas y a sus derechos, así como de ratificación por parte del congreso nacional del Convenio 169 de la OIT, da cuenta que en Chile falta aún un largo camino por andar para que el «nuevo trato» propuesto por el gobierno del Presidente Lagos para con los pueblos indígenas se plasme en realidades concretas.
Concluye afirmando que «tras el ‘fin de la transición’ proclamada a raíz de la reforma constitucional de 2005, los pueblos indígenas continúan estando en los márgenes de esta transición, incapaces de beneficiarse en pie de igualdad de los enormes cambios que ha experimentado la sociedad chilena en su conjunto, y experimentando todavía las consecuencias del modelo jurídico, social y económico heredado del régimen dictatorial».
En su parte final el Informe hace una serie de recomendaciones al estado chileno. Como la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la aprobación de una reforma constitucional que establezca el carácter pluriétnico del estado de Chile, donde se reconozca la preexistencia y, expresamente, los derechos de los pueblos indígenas ya establecidos en el derecho internacional de derechos humanos. Recomienda así mismo crear un Ombusman de los derechos de los pueblos indígenas, y la implementación de una política de restitución de tierras y recursos naturales a los mapuche con participación de sus organizaciones.
En materia penal recomienda al estado la búsqueda de fórmulas legales para poner en libertad y reparar a las personas mapuche que están cumpliendo presidio mayor por supuestos delitos de terrorismo. Asimismo, el Informe recomienda una revisión en profundidad de la legislación antiterrorista «de manera que sólo debe sancionar conductas que claramente afecten al orden constitucional democrático».
El Informe de la FIDH se hace público en momentos en que los tribunales de justicia, por segunda vez en menos de un año, desestiman las imputaciones formuladas por el Ministerio Público y por abogados de gobierno en contra de comuneros mapuche por su participación en actos que revistirían el carácter de terroristas (la primera ocasión fue en el invierno de 2005, en que el tribunal Oral en lo Penal de Temuco desechó la acusación que se hacía a ocho mapuche por formar parte de una asociación ilícita terrorista).
Se da a conocer además cuando un grupo de presos mapuche condenados por legislación antiterrorista se encuentran en huelga de hambre prolongada ya por casi un mes, en demanda de libertad para ellos y reconocimiento de derechos para sus comunidades.
El mismo se hace efectivo en momentos en que el nuevo gobierno que preside Michelle Bachelet se ha comprometido a generar un diálogo con miras a generar -con participación de los pueblos indígenas y de sus organizaciones- una nueva política para estos pueblos.
Esperamos que las recomendaciones realizadas por la FIDH en este Informe sean tomadas en consideración por las nuevas autoridades, y que sirvan de base para revertir la política de persecución penal en contra de los líderes mapuche impulsadas durante los últimos años desde el estado, sustituyéndola por una política que junto con basarse en el diálogo, apunte a resolver las causas estructurales que han estado detrás de los conflictos que han involucrado al pueblo mapuche y a sus comunidades en los últimos años.
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José Aylwin Oyarzún. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (jaylwin@observatorio.cl).
