Existe un consenso unánime en la necesidad de modificar la institucionalidad ambiental chilena, ante las serias falencias que ha evidenciado durante sus doce años de existencia. El actual gobierno se comprometió a ello y en cumplimiento de esa promesa envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el cargo de Ministro del Medio Ambiente. Igualmente, se espera la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, como un órgano con autonomía suficiente para hacer efectiva la fiscalización en materia ambiental.
Las iniciativas señaladas parecen ir por el buen camino, pero no abordan problemas claves existentes. La Reforma Ambiental debe avanzar, a nuestro juicio, en dos direcciones fundamentales: La descentralización de las decisiones ambientales y una fuerte vigilancia sobre la autoridad ambiental, aspectos que hasta hoy no son asumidos.
Descentralización Ambiental
En efecto, parece que existe mayor posibilidad que la naturaleza sea usada sabiamente si quienes toman las decisiones sobre ella representan a los mismos que la habitan permanentemente. Menos probable es un uso sabio, si quienes deciden sobre la destrucción o la preservación están a veces a miles de kilómetros de distancia. He ahí el vínculo entre descentralización y sustentabilidad.
En la actual institucionalidad ambiental se señala que hay un grado importante de descentralización, al existir las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, Coremas. Pero en la práctica, ha quedado de manifiesto que estas instancias no poseen la autonomía para resolver en su ámbito de atribuciones, mirando a los intereses regionales. Están integradas por el intendente, los gobernadores, los seremis (hasta ahí, todos funcionarios de confianza presidencial) y cuatro consejeros regionales. En diversas oportunidades, las Coremas han sido intervenidas desde el poder central, para viabilizar determinadas iniciativas cuestionadas a nivel regional. La muestra más evidente de ello ha sido la remoción de secretarios regionales ministeriales que no obedecieron la voluntad de su respectivo ministro. Uno de los casos más renombrados fue la destitución del Seremi de Bienes Nacionales de la región de Valparaíso, Edmundo Bustos, al manifestar un voto contrario a la voluntad del ministro de la época, en un determinado proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para enfrentar esta carencia, proponemos que las atribuciones que hoy tienen las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, pasen derechamente a los Consejos Regionales, órganos normativos, resolutivos y fiscalizadores de los Gobiernos Regionales. Estos Consejos, debidamente asesorados por los comités técnicos ambientales correspondientes, podrían asumir con propiedad la labor de representar a la ciudadanía de cada región a la hora de decidir sobre cómo usar responsablemente su territorio y como aprovechar sustentablemente los dones que la naturaleza ofrece en esa zona. Actualmente, las Coremas toman decisiones políticas, en el marco de la normativa ambiental existente. Nos parece mucho más legítimo que esas decisiones, que siempre seguirán siendo políticas, las tome un órgano que se deba a la gente que vive y seguirá viviendo en esa región, y no uno cuyos integrantes deben pleitesía al poder central. Si la Reforma Regional avanza paralelamente y los consejeros regionales crecen en representatividad, esta alternativa se potencia.
Vigilancia Ambiental
Por otra parte, la idea de la Superintendencia Ambiental, en cuanto un órgano dependiente del gobierno llamado a fiscalizar al sector privado, si bien puede ser un aporte, deja un gran problema sin solución: Muchos de los mayores problemas ambientales se deben precisamente a la acción o inacción gubernamental, más que al incumplimiento del sector privado. Grandes crisis se han originado en permisos que nunca debieron otorgarse o en incumplimientos de las propias autoridades ambientales a sus obligaciones. En el primer caso, destaca la autorización que permitió el vertido de desechos tóxicos de Celulosa Arauco en un Santuario de la Naturaleza. En el segundo, el caso más grave es el masivo incumplimiento de las medidas establecidas por el Plan de Descontaminación de Santiago, incumplimiento certificado por sucesivas auditorías ambientales internacionales.
De lo que se trata entonces, es de asegurar el debido control del actuar del propio gobierno. Es decir, vigilar a los vigilantes. Aquí el modelo de Superintendencia no sirve.
Nuestra propuesta es que en vez de crear nuevas burocracias, se debiese fortalecer normativa y presupuestariamente al órgano que tradicionalmente ha tenido la labor de vigilar a los gobiernos en Chile: La Contraloría General de la República. Esta, organizada en divisiones especializadas, vigila a la administración pública chilena, centralizada y descentralizada. Por ejemplo, posee una división encargada de vigilar a los municipios. No se percibe ninguna razón para no crear una «división ambiental», que se encargue de vigilar a los distintos órganos del estado con competencia ambiental. Aún con las serias restricciones que debe enfrentar actualmente, ya la Contraloría ha logrado impedir una aún más masiva violación de la normativa ambiental por la administración. Posee la fuerza constitucional, la cultura organizacional y el prestigio necesario para esa nada fácil misión. Ha abierto sus puertas para atender las denuncias de las organizaciones ciudadanas y al menos durante un período, demostró tener la voluntad de que el Derecho Ambiental chileno dejara de ser meramente declarativo, como al parecer lo pensaban muchas autoridades de gobierno.
Fundiendo descentralización por una parte, con una estricta vigilancia al cumplimiento de la ley ambiental, por otra, podremos acercarnos un poco más a la idea de habitar más sustentablemente esta tierra.
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Luis Mariano Rendón, abogado, profesor de Derecho Ambiental y Ética Ecológica, coordinador del movimiento Acción Ecológica.
