Hoy los presos mapuches que se encuentran encarcelados en el penal de Angol, Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao Lielmil y Patricia Roxana Troncoso Robles, cumplen 40 días de huelga de hambre líquida. Ellos fueron condenados a 10 años y un día por el supuesto delito de incendio terrorista de una plantación forestal perteneciente a Forestal Mininco S.A.. Fueron además condenados a pagar 425 millones de pesos por concepto de indemnización.
La demanda que los presos mapuches hacen a las autoridades de gobierno trata fundamentalmente de su libertad y de la revisión de sus causas; de la inaplicabilidad de la ley antiterrorista, puesto que consideran que su proceso judicial adoleció de las garantías mínimas para asegurar un debido proceso. Se trata de situaciones que han sido constatadas por diversos organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, el Relator Especial sobre libertades fundamentales y derechos de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el Comité Derechos Económicos y Sociales (DESC) de la ONU, Amnistía Internacional, y hace pocos días atrás por una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Todas estas instancias internacionales han coincidido en señalar que el uso de legislación antiterrorista para la persecución de la protesta social y eventualmente de delitos comunes que puedan haber cometido los mapuche en el marco de los conflictos por tierras, resulta condenable. Ello por cuanto no garantiza el derecho humano al debido proceso, y en la práctica ha determinado condenas totalmente desproporcionadas para acciones que en ningún caso han puesto en riesgo la vida ni la integridad de las personas.
Es por ello que como Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas consideramos que las demandas planteadas por los presos mapuches en huelga de hambre son legitimas y deben ser atendidas por las autoridades del nuevo gobierno que encabeza la Presidenta Bachelet. Tenemos la convicción de que sus condenas son injustas, y que su encarcelamiento corresponde a una de las consecuencias de la política de criminalización de la protesta social indígena, tal como lo sostuvo el Relator Especial de la ONU para los derechos indígenas en el informe de su misión a Chile.
Pensamos que se trata de una realidad que el nuevo gobierno debe abordar en forma urgente, debido al compromiso asumido por la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet con organizaciones indígenas, en enero pasado, en el sentido de dar cumplimiento a las recomendaciones del Relator de la ONU para los derechos indígenas.
En razón de lo expuesto, instamos a las nuevas autoridades a abstenerse de seguir haciendo uso de legislación de excepción en casos que involucran las demandas de los pueblos indígenas. Por otro parte, instamos a las autoridades de gobierno a dar urgente solución, por la vía del diálogo, a las peticiones formuladas. Ello antes de que se deban lamentar pérdidas humanas que en nada contribuirán a la superación de los conflictos que han existido entre los pueblos indígenas y el estado y la sociedad chilena en los últimos años, ni al establecimiento de relaciones interétnicas más justas en nuestro país.
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Jaime Madariaga. Coordinador del Área Jurídica. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (observatorioderechosindigenas@yahoo.es).
