Las últimas semanas han significado un paso importante en la reflexión sobre materias educativas. Los resultados de la evaluación docente, las propuestas que pretenden reformar el sistema municipal de enseñanza y la calidad educativa, son algunos ejemplos que el Magisterio analiza, materializándose en propuestas claras dirigidas a rediseñar y fortalecer el sistema educacional chileno.
Actualmente existen problemas en los parámetros de medición de los resultados de aprendizaje, así como también los instrumentos de la Evaluación Docente 2005. Este proceso requiere de reformas sustanciales que posibiliten mayor transparencia, debido a que los docentes desconocen lo que evalúa el Director y Jefe Técnico.
Asimismo, en el informe generado por nuestro Magisterio y que busca mayor flexibilización del proceso, se plantea la necesidad de talleres para que los profesores conozcan el Marco de la Buena Enseñanza (MBE) y los parámetros de Evaluación de Desempeño, además de mejorar los mecanismos de información de las convocatorias, entre otros.
Los cambios que se generen a partir de las propuestas presentadas permiten augurar que las cifras entregadas por el Ministerio, respecto a la evaluación docente, pueden mejorar. En este sentido, es importante cuestionar como un abuso interpretativo y una falsedad juntar el 37,3% de los educadores que fueron evaluados como «básicos» y el 3,8% que corresponden a la categoría de «insatisfactorios», ya que los primeros reúnen las condiciones para formar parte del sistema, a diferencia de los segundos, que no cumplen con este propósito. En Chile, más del 96 por ciento de los profesores está claramente facultado para ejercer la docencia, cifra que probablemente está por encima de muchas otras profesiones.
Dicho esto, creo que nuestra responsabilidad política es analizar también los procesos estructurales que vive la Educación en Chile, avanzando con ideas claras que definan los marcos para las futuras transformaciones. En esa dirección, valoramos que el Gobierno haya acogido nuestro planteamiento de evaluar el sistema municipal de educación, que defina las responsabilidades de los municipios y el Ministerio, permitiendo que este último intervenga más allá de sus funciones normativas de fiscalización. Sin embargo, creemos que cualquier esfuerzo que se haga en esa dirección debe ir nítidamente destinado a fortalecer la educación pública y no a debilitarla.
La figura del Estado Subsidiario promueve la competencia entre la educación municipal y la particular subvencionada, ya que ambas cuentan con la misma modalidad de financiamiento. No obstante, operan con distintas formas de control que van en desmedro del sector municipal. Uno de los ejes de la discusión, por lo tanto, debería cuestionar el hecho que el sistema de remuneraciones sea el mismo, así como también las políticas de financiamiento compartido que no hacen más que acrecentar la crisis de la educación estatal gratuita.
La introducción de estos cambios requiere que diversas fuerzas sociales y espectros económicos, sindicales, científicos, culturales y religiosos participen del debate, que no tiene otro objetivo que mejorar las políticas actuales. De esta manera, el Ministerio de Educación, entre otras cosas, debe fiscalizar y cautelar que los recursos que se destinan no vayan a actividades que no competen a la educación.
Las reflexiones acerca de éste y otros objetivos han estado, por ejemplo, en la Asamblea General Programática 2006, como un espacio abierto al diálogo entre docentes que provienen de distintos puntos del país, de manera de mejorar uno de los pilares claves del desarrollo del país: la educación.
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Jorge Pavez, presidente del Colegio de Profesores.
