Sin duda que los actos tienen consecuencias y que éstas no son las mismas en cualquier contexto.
Me causó cierta curiosidad el artículo de Carlos Peña sobre el rechazo del Senado, con los votos de la derecha, al nombramiento del juez Carlos Cerda a la Corte Suprema. Desde ya, no me parece menor el que lo hiciera desde su columna en el tradicional periódico de la derecha chilena. Esto merece a lo menos un comentario.
Carlos Peña justifica el rechazo del Senado, señalando que «lo que fueron virtudes en una dictadura, a veces son defectos en una democracia», esto a raíz de la interpretación que hizo el juez Cerda de la ley en tiempos de dictadura, defendiendo así los derechos humanos.
En realidad me parece que aquí hay todo un mar de fondo que dilucidar. Es evidente que los derechos humanos han de ser defendidos con o sin dictadura, por lo que asumir diferenciadamente el compromiso ético es a lo menos extraño. Pero ya podremos referirnos más a este argumento.
Otro problema latente en su argumentación es la crítica a sus fallos y lo que denomina, el «peligro» que puede significar un juez que interpreta la ley en beneficio de los derechos humanos. Utilizo el término interpretar pues hasta ahora nadie ha acusado al juez Cerda de infringir la ley. De hecho, Carlos Peña señala que «tomo riesgos y estiro la cuerda de la ley -casi la corto- para estar a la altura de lo que estimo justo», por lo tanto hasta aquí el juez Carlos Cerda no ha hecho otra cosa que interpretar la ley, lo que es su deber.
A no ser que Carlos Peña pretenda que su propia interpretación es la única posible y en tal caso por cierto que estamos en un grueso problema.
Es posible que como nuestro académico no avizora en democracia «restricción» alguna al ejercicio de la justicia, tampoco prevea interpretación alguna, fuera de la propia, claro está, pero sin duda ése es solo un factor en la interpretación de la ley (ya han sido publicados otros artículos dando cuenta de este problema). Lo interesante en este caso sería saber cuáles son los derechos humanos que no deben ser defendidos en democracia y si en dictadura, y viceversa. Pues que yo sepa los derechos humanos son los mismos en ambas circunstancias. En todo caso, más preocupante aun es la soberbia de creer que puede haber una sola interpretación de la ley, versión de Dios, y que, peor aun, algunas interpretaciones son «peligrosas». Como no logre encontrar en el artículo el argumento que conduce a esta conclusión no ahondaré en esta opción.
En esta mismo medio María Francisca Zapata, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, nos recordaba, días atrás (ver 12/04/2006), las difíciles condiciones en que trabajan los jueces en Chile y concluye que en la balanza del juez Carlos Cerda pesaron «los intereses más caros de la sociedad no entró ni el temor de un castigo ni la esperanza de una recompensa». En él claramente no hubo intereses personales.
Pero volvamos al señor Carlos Peña. Frente a su pregunta sobre «qué haría el juez Cerda, frente a una ley que a él le pareciera moralmente incorrecta», la respuesta la da el mismo: con toda legitimidad estiraría la cuerda de la ley, y los ciudadanos lo juzgaríamos por sus fallos. El juicio hoy día le es tremendamente favorable, por su valentía y compromiso con los derechos humanos. ¿Qué intereses llevan entonces al académico señor Peña a intentar tan mañosamente justificar esta aberrante decisión de la derecha chilena en el parlamento?, haciéndolo además en su columna mercurial, a contra página de un artículo de Joaquín Lavín.
En realidad este ejercicio liberal de Carlos Peña es algo más que un paso académico (hoy le doy la razón a la derecha, mañana a la izquierda). Me permito estirar la cuerda e interpreto la falta de argumento básico en este articulo de la siguiente manera: le enmienda la plana a la derecha: «no se trata de sus malas calificación, como insinuó la derecha», y él, que no se considera de este sector, como diciéndoles Ä„ustedes me necesitan!, agrega ‘pues el verdadero argumento contra el juez Cerda es su «excesivo entusiasmo moral»‘. La valoración es constante en el articulo (Ä„excesivo!, Ä„no se aviene del todo!, etc.), por lo tanto, y es bueno denotarlo, todas las acusaciones están precedidas de relativizaciones de sus propios argumentos.
Es necesario que nos detengamos en las formalidades ya que finalmente es en ellas donde pareciera estar la clave argumental. En resumen, no habiendo argumento de fondo, para rebatirlo debemos volver a Dios, que toca de alguna forma al académico Peña, lo que le permitiría definir el centro de todas las balanzas (sin excesos, siendo preclaro de lo que subyace en cada ley, etc., etc.) o atribuimos al académico Carlos Peña una cierta docilidad frente al poder político de la derecha.
Es decir que estemos frente a una interpretación que no va en beneficio de los derechos humanos en nuestro país, sino de los de «un» ser humano en particular, en este caso el mismo señor Carlos Peña.
Todo tiene un límite. Yo creo en «el juez indócil», pues aún creo en los seres humanos y en la justicia.
__________________________________________________________
Gonzalo Rovira. Ex dirigente de la FECH y ex candidato a senador por Santiago Poniente.
