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Política de drogas: ¿Disuadir o persuadir?

por 26 abril, 2006

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El abordaje político del asunto de las drogas plantea un conjunto de disyuntivas sobre las cuales es necesario tomar decisiones y ejecutar acciones. Al analizar el asunto como un mercado donde concurre un conjunto complejo de proveedores de drogas, constitutivo de la oferta que satisface la demanda social por ellas, es necesario resolver si se debe controlar la oferta para impedir su uso socialmente indeseado o si se puede prevenir el consumo para inhibir una demanda que convoca una peligrosa oferta.



Las políticas internacionales -desde la Conferencia de Shanghai en 1909- han dictaminado que se debe proteger penalmente tanto la prohibición de la provisión de drogas -Convención Única ONU de 1961- y la ilícita de psicofármacos -Convenio ONU de 1971- como su consumo indebido -Convención ONU de 1988-. La experiencia de estos cien años muestra resultados negativos con respecto a los logros propuestos, ya que en los últimos cuarenta años cada vez se consume más drogas, estas son más baratas y de mejor calidad, a lo que debe agregarse niveles de extendida e inusitada violencia en los espacios de provisión y consumo, así como de desatención sanitaria hacia quienes hacen uso indebido y consumo abusivo de esas sustancias. En resumen, la disuasión punitiva a la provisión y consumo de drogas no ha funcionado.



Los usuarios de las drogas, que son un pequeño sector de la población, ya que el 94% de ella no las usa en la actualidad, se dividen en dos grandes grupos: aquellos que las necesitan y tienen problemas con sus consumos que conforman una minoría, un 1%, y aquellos que las desean y no tienen problemas con sus usos, que llegan al 5%. Para quienes necesitan de las drogas en tanto componente constitutivo de la construcción de su personalidad, las amenazas de la disuasión punitiva o de los efectos adversos de su abuso son peligros menores en comparación a la desestructuración de su personalidad. Mientras que para los usuarios no conflictuados el uso de drogas no tienen efectos adversos y las satisfacciones que su uso otorga son mayores que las insatisfacciones que pueden causar las sanciones debido a su consumo ilícito.



Con los usuarios conflictuados es necesario hacer una oferta alternativa persuasiva para que la constante construcción del sujeto dependa cada vez menos del uso de drogas hasta hacerla innecesaria, pero con ellos lo primero es ofrecer una mitigación a las consecuencias de los abusos de las drogas -prevención terciaria. A los usuarios no conflictuados se les debe permitir un acceso controlado a las drogas, tal cual se hace en Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, de igual manera como se hace con el alcohol o el tabaco y otras prácticas de riesgo, como los juegos de azar, los deportes de riesgo, el turismo de aventura, etc. Previniéndolos de las situaciones de riesgo, sobre sus vulnerabilidades -prevención primaria-, y ofreciéndoles la atención pertinente a sus necesidades cuando pierden el control sobre sus consumos -prevención secundaria.



Sólo una oferta lícita y controlada de drogas para quienes las desean los persuadirá de no recurrir al mercado ilícito de ellas, así como la oferta de otras alternativas o caminos para su sustitución por quienes las necesitan para recuperar, conservar, mantener o desarrollar su personalidad los persuadirá de abstenerse de recurrir a los mercados ilícitos y a las conductas de alto riesgo asociados a ellos. Todo lo anterior irá modulando una demanda lícita por drogas, psicofármacos y procedimientos alternativos al uso de drogas que la sustraerá a la oferta ilícita, la cual así se irá reduciendo sin necesidad de recurrir a la ya fracasada "guerra contra las drogas".



La prevención del consumo de drogas sólo puede ser implementada y ejecutada como una oferta alternativa a las satisfacciones que ofrecen los mercados ilícitos, sólo aquello puede persuadir a los usuarios, conflictuados o no por el consumo de drogas, pero esas alternativas deben tener una función de utilidad, deben estar constituidas por unos satisfactores al menos equivalentes a los que ofrecen los mercados ilícitos, cuando no mejores, si quieren competir eficientemente frente a la oferta ilícita.





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Ibán de Rementería. Miembro de la Corporación Ciudadanía y Justicia.




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