Al inicio del siglo 21, las actividades de pesca ilegal, no regulada y no reportada representan uno de los más importantes obstáculos para la conservación y el uso sostenible y equitativo de la biodiversidad marina global, constituyendo su prevención y eliminación uno de los principales retos que tienen los Estados de pabellón, los Estados puerto y los mercados.
El reciente inicio de negociaciones con Australia y Nueva Zelandia para establecer la Organización Regional de Administración Pesquera (ORAP) del Pacífico Sur, constituye una oportunidad histórica para la construcción de un marco jurídico que asegure tanto el ordenamiento, como la gobernabilidad en alta mar, junto a la protección integral de la diversidad biológica existente en los fondos marinos, fuera de las aguas jurisdiccionales de los Estados costeros.
En la actualidad, la comunidad científica estima la existencia de hasta 10 millones de especies -la mayor parte de ellas aún desconocidas-, en esta vasta área marina, correspondientes al 64% de la superficie de los océanos, la cual es considerada Patrimonio Común de la Humanidad, por lo que su conservación es una responsabilidad del conjunto de las Naciones.
Las medidas transitorias que se establezcan durante el proceso de negociación de la ORAP del Pacífico Sur, constituirán un modelo para las resoluciones que deba adoptar la 61Åž Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en noviembre del 2006, relacionadas con la protección de los vulnerables ecosistemas de arrecifes de coral y esponjas de agua fría, asociadas a montes submarinos, plataforma continentales y respiraderos hidrotermales, actualmente amenazados por las actividades de pesca destructiva que operan de facto fuera de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEEs).
La comunidad científica, junto a gobiernos y organizaciones ciudadanas, vienen expresando en diversos foros internacionales desde 2004, su creciente preocupación por los irreversibles impactos de las prácticas pesqueras destructivas sobre los ecosistemas marinos vulnerables, especialmente en aquellas zonas de alta mar donde no existen ORAPs con competencia jurídica.
Por ello, y en atención a las próximas celebraciones del Día de la Tierra y del «Mes del Mar», las organizaciones ciudadanas, científicos y pescadores artesanales organizados en la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos (DSCC) han realizado un urgente llamado al gobierno de Chile y a la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos del Senado, para que durante el 2006 se ratifique el «Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Pesca de Alta Mar», paso que ya han efectuado Australia y Nueva Zelandia, co-auspiciadores con Chile de la ORAP del Pacífico Sur, así como la Unión Europea y países de los Estados-islas del Pacífico Sur.
Con esta decisión, nuestro país podrá asumir finalmente un compromiso internacional clave, pendiente desde 1995 debido al bloqueo impuesto por los grandes grupos empresariales vinculados a la industria de harina de pescado.
La ratificación del Acuerdo de Naciones Unidas sobre Pesca de Alta Mar, luego de una década de fracaso de la parroquial visión del «Acuerdo de Galápagos», representará un avance cualitativo para los procesos de definición de las políticas pesqueras internacionales del país, así como una potente señal sobre la real voluntad del Estado chileno para avanzar en la gobernabilidad, conservación y ordenamiento de los ecosistemas y recursos del Pacífico Suroriental.
Además, las organizaciones ciudadanas han solicitado al gobierno de Chile que en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas desarrolle sus mejores esfuerzos diplomáticos y científicos para la adopción en la de una prohibición transitoria de las prácticas destructivas -incluida la pesca de arrastre de fondo-, en áreas de alta mar donde no exista una Organización Regional de Pesca. Esta medida debería regir hasta la adopción regional de regulaciones adecuadas de conservación y ordenación, con arreglo a la legislación internacional.
Esta propuesta concuerda plenamente con la posición que expresó la delegación chilena durante la sexta reunión del Proceso Abierto de Consulta Oficiosa de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar (6-10 de junio, 2005, Nueva York).
En el alta mar adyacente a la Zona Económica Exclusiva de Chile, flotas de aguas distantes realizan operaciones de pesca sin consideración alguna por las normas de conservación internacional, ni menos cooperación y observancia de las regulaciones existentes en la jurisdicción pesquera chilena.
Una suspensión transitoria de las operaciones de pesca de arrastre de fondo fuera de las ZEE para las naves bajo pabellón chileno, también permitirá al Estado chileno exigir el respeto de esta medida de conservación pesquera a aquellos países con flotas de aguas distantes que operan de manera no regulada en la alta mar del Pacífico sur oriental, y que actualmente presionan por la utilización de puertos nacionales para sus labores logísticas.
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Juan Carlos Cárdenas. Coordinador América Latina de la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos y director del Centro Ecoceanos (ecoceanos@ecoceanos.cl).
