Hace más de medio año que entró plenamente en vigencia la Reforma Procesal Penal en todo el país, y la opinión de las autoridades ha sido unánimemente positiva. Según los indicadores disponibles, a sólo seis meses de su implementación – en diciembre de 2005 – el 50% de los casos ya estaba terminado y se habían realizado más de 106 juicios orales, de los cuales el 97% concluyó con sentencia condenatoria. El llamado gran paso final que dio la Reforma Procesal Penal al instalarse en la capital, ha resultado beneficioso.
Sin embargo, los ciudadanos no podemos estar del todo complacidos con el desempeño de nuestro sistema de justicia criminal. Si bien una dimensión de él funciona en forma moderna y con eficiencia, hay otro sector, oscuro, que funciona silencioso, en la más profunda barbarie. El Sistema Penitenciario.
No es casualidad que periódicamente, los medios de comunicación reproduzcan noticias que pueden caracterizarse como variaciones sobre un mismo tema. Un motín en la cárcel de Villarrica, vejaciones en el Centro de Orientación Femenina de Santiago, protestas de gendarmes en Iquique, denuncias sobre hacinamiento, etc.
En algunos noticiarios pudimos ver incluso la forma como Gendarmería reprime el desorden, haciendo pasar a los reos por un laberinto de funcionarios que propinaban patadas, combos y palos a los internos. Por otro lado trascendieron prácticas que la misma institución despliega en desmedro de los derechos fundamentales de las mujeres privadas de libertad, como filmarlas desnudas por funcionarios hombres. Junto con las denuncias, cada cierto tiempo se alzan voces con propuestas de solución. La más reciente, un senador solicitando a la Presidenta Bachellet que se dicte un reglamento de disciplina para Gendarmería.
El problema radica en que hay un sector del aparato judicial en que el Estado se esfuerza por usar herramientas e instrumentos modernos, políticas eficientes y en generar una cultura que permita la evaluación pública y constante de su política. Pero, hay otro sector del mismo donde el marasmo es máximo, las herramientas e instrumentos usados son menos que básicas y la forma de actuar y controlar, es primitiva.
Una de las consecuencias más dramáticas de todo esto es que existe un sector de nuestra sociedad para el cual la vigencia de los derechos humanos se ha suspendido. Y lo que es peor, con la complicidad del Estado, que esquiva la mirada cuando en un recinto penitenciario se vulnera el debido proceso, la integridad corporal, el derecho a la vida, el acceso a la salud, a la educación y a la reinserción.
Podríamos creer que ello no genera problemas, pero estaríamos equivocados, puesto que una sociedad mide su desarrollo, entre otros factores, por la calidad de su sistema de justicia criminal. Esto es por sus tribunales, proceso penal y cárceles. En conjunto, el nuestro es desigual.
Por ello no podemos sentirnos del todo felices ante las auspiciosas cifras que presenta nuestra Reforma Procesal Penal. Es difícil sentirse orgulloso cuando un sistema de justicia, al juzgar un ciudadano lo trata como a un ser humano, mediante un proceso penal que lo respeta en su dignidad y derechos, pero luego que lo condena lo despoja de dichas calidades y lo considera súbdito, sometiéndolo a condiciones infrahumanas.
De ahí la urgencia de modernizar el sistema de ejecución de la pena, modernización compleja que va más allá de los recursos, y que tiene que considerar eficientes mecanismos de fiscalización de la Institución a cargo de esta función, transparencia en su funcionamiento y lo más importante, un profesionalismo que logre cambiar con las prácticas, hábitos y forma en que se ha venido ejerciendo y entendiendo su función.
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Alvaro Castro M. Abogado. Profesor Escuela de Derecho Universidad Diego Portales.
