La huelga de los presos mapuche y el silencio de la Presidenta Bachelet - El Mostrador

Viernes, 23 de febrero de 2018 Actualizado a las 21:08

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La huelga de los presos mapuche y el silencio de la Presidenta Bachelet

por 5 mayo, 2006

Aunque la prensa poco o nada informe de ello, cuatro personas mapuche -Juan Patricio Marileo, Florencio Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricia Troncoso - quienes cumplen en la cárcel de Angol una condena de 10 años y un día por el presunto delito de incendio terrorista, han enterado esta semana 50 días en huelga de hambre.



La huelga tiene por objeto llamar la atención sobre su injusta condena, lograr su libertad, así como la de otras personas mapuche que como ellos han sido condenados sobre la base de legislación antiterrorista, ley 18.314, por acciones de protesta social en el marco de los conflictos de tierras en el sur del país. Se trata de una legislación que de acuerdo a lo afirmado por ellos -y corroborado por respetadas instancias nacionales e internacionales- no garantiza el derecho al debido proceso y ha resultado en condenas desproporcionadas, afectando a una decena de líderes mapuche.



Cabe resaltar que en el caso de los presos en huelga de hambre, la evidencia que los inculpó se basó en el testimonio de 10 testigos protegidos quienes, según consta en un documento reservado del Ministerio Público que trascendió a la opinión pública, recibieron de la unidad de víctimas y testigos de esa entidad pagos por 20 millones de pesos en un período de cuatro meses. Es importante señalar que en este proceso - Poluco Pidenco- se inhabilitó por parte de la Corte Suprema a la jueza de Garantía que rechazó la calificación del incendio como un delito terrorista y denegó las peticiones de protección y el anonimato de testigos.



Por las circunstancias reseñadas, los presos en huelga de hambre, así como muchas entidades preocupadas por su situación, se consideran presos políticos mapuche.



Si bien en Chile el que cuatro personas desarrollen una acción de esta naturaleza parece interesar poco a quienes se encuentran en las esferas de decisión -son contados los parlamentarios o líderes de opinión nacional que a la fecha se han manifestado frente a este caso -la huelga ha concitado la preocupación de numerosas entidades internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.



Este último, en carta enviada a la Presidenta Bachelet el 28 de abril pasado, insta al gobierno chileno a "desarrollar todos los esfuerzos que estén a su alcance para llegar a acuerdos que permitan dar una salida a la situación por ellos (los presos mapuche) planteada."





En la misma carta el Relator, además, "pide a la Presidenta de Chile que considere la posibilidad de abrir un diálogo con las poblaciones afectadas que pueda arrojar soluciones duraderas, no sólo a la situación planteada por los presos mapuche, sino también a las demandas históricas de su pueblo".



No obstante lo prolongado de la huelga, las graves consecuencias que su mantención indefinida pueda tener para la vida y salud de los presos mapuche, y las repercusiones no menos grave que ella tiene para las ya deterioradas relaciones entre los pueblos indígenas y el estado, solo en la última semana -a casi 40 días de haberse iniciado la huelga- se ha comenzado a verificar un diálogo entre los presos mapuche, sus representantes y las autoridades de gobierno.



Lamentablemente, dicho diálogo -que en un primer momento, en conversaciones con el Ministro del Interior, parecía bien encaminado hacia la búsqueda de una solución a las demandas de los presos mapuche- se ha visto obstaculizado. Ello con la intervención de otras autoridades de gobierno que habrían sido renuentes a acceder a los beneficios carcelarios por estos demandados, mientras se busca una solución a sus peticiones de fondo.



Llama la atención, en este contexto, el silencio que a la fecha ha mantenido la Presidenta Bachelet en relación con estos graves hechos. Cabe recordar que ella, en un compromiso suscrito como candidata con representantes de pueblos indígenas en Nueva Imperial en enero pasado, manifestó su adhesión al Informe sobre Chile del Relator de la ONU sobre derechos indígenas, informe que, entre otras cosas, recomienda al estado no utilizar legislación especial -como la ley antiterrorista- para enfrentar los hechos de protesta social indígena, y buscar alternativas -como la amnistía - para los defensores de los derechos indígenas condenados por dichas leyes.



En la misma oportunidad la actual Presidenta se comprometió también a "respetar especialmente a los pueblos indígenas en las decisiones que les atañen y escuchar sus propuestas".



La voluntad de la Presidenta resulta fundamental para dar una salida a la situación planteada con la prolongada huelga de hambre de los presos mapuche. Mas allá de los criterios técnicos de uno u otro Ministerio respecto a sus demandas, lo que está en juego aquí es el respeto por los derechos de los indígenas, entre ellos la justicia y el debido proceso, los que han sido vulnerados en los últimos años en Chile según voces autorizadas.



Desde un punto de vista político, lo que está en juego son las relaciones de su gobierno con los pueblos indígenas. Un gobierno que se inicia desoyendo una demanda ya casi generalizada de las organizaciones indígenas -no solo aquellas que son descalificadas por ser criticas al estado o "radicalizadas", sino que también aquellas que participan del consejo nacional de CONADI- no tiene ninguna posibilidad de construir una política hacia los pueblos indígenas que cambie las relaciones de conflicto hasta ahora existentes con ellas, por el diálogo democrático basado en el pleno respeto a los derechos humanos.





Un gobierno que deja que la salud y la vida de las personas se vean dañadas por su inflexibilidad al diálogo -como lo hizo el gobierno de Margaret Thatcher en el caso de Bobby Sands en Irlanda del Norte a comienzos de los 80-, más aún cuando se trata de temáticas -como el término de la criminalización de la protesta social indígena- respecto de las cuales su conductora ha asumido compromisos, ello va a ser condenado no solo en el ámbito interno, sino también en el ámbito internacional por su complicidad con estos hechos.



Es hora entonces de que la Presidenta Bachelet tome cartas en este asunto, dando una salida a un conflicto creado por una política que, si bien heredó del gobierno de Lagos, no debería avalar.



Esperamos entonces que su intervención en este caso para darle una salida positiva y constructiva, antes que sea muy tarde.



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José Aylwin Oyarzún. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (jaylwin@observatorio.cl).




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