En días recientes hemos asistido a un debate acerca del modo en que se ha procedido a nombrar embajadores de Chile por parte de la Presidenta de la República.
Muchos de los que han opinado asimilan modernización y profesionalización del servicio exterior al insuficiente hecho de cuántos embajadores designados provienen de la carrera diplomática.
Asimismo, se ha usado como respaldo político para este planteamiento el informe «Cancillería del Siglo XXI», que entregara el ex ministro Ignacio Walker al presidente Lagos al término de su mandato.
Cabe hacer presente que, a nuestro juicio, dicho documento constituye tan sólo una propuesta y no compromete la opinión de todos los sectores políticos. Como vicepresidente y secretario internacional del Partido Socialista, concurrí a dicha Comisión a exponer nuestra opinión sobre la reforma de la Cancillería, expresando una visión global acerca de los aspectos que debemos abordar para encarar la necesaria modernización que requiere dicho Ministro.
Estimamos que este desafío debe abordarse considerando la dimensión política de las funciones de la Cancillería y el proceso general de reforma del Estado y sus instituciones y teniendo como marco la contribución cada vez más relevante que la política exterior hace a la estrategia de desarrollo nacional.
A continuación se exponen los principios rectores y propuestas que planteáramos en dicha oportunidad y que hoy cobran relevancia a la luz del debate abierto con la designación de los embajadores de Chile:
ˇ Flexibilidad
Una de las críticas más comunes a la actual estructura de la Cancillería se refiere a su excesiva rigidez administrativa e institucional, que ha impedido adaptar eficazmente su organización a los requerimientos del nuevo escenario internacional y nacional. La Cancillería ha permanecido casi sin ningún cambio sustantivo en los últimos cincuenta años.
Frente a un escenario internacional altamente complejo y cambiante, se debe contar con un Ministerio de Relaciones Exteriores flexible y funcional, que permita ir adaptando su estructura y recursos materiales y humanos a los requerimientos de la política internacional.
En este contexto, propusimos la creación de nuevas Subsecretarías a cargo de los ámbitos político y de cooperación; económico; y administrativo, distribuyendo racionalmente las diversas funciones que debe cumplir la Cancillería.
Asimismo, planteamos la necesidad de proceder a un completo examen de la localización y dotación funcionaria de nuestras Misiones en el exterior, con vistas a su reordenamiento a partir de criterios de prioridad política y racionalización administrativa.
De igual modo, señalamos que debe rediseñarse la red de representaciones consulares, poniendo el acento en el papel de servicio público por sobre el de representación y que tome en cuenta, de manera central, a las comunidades de chilenos en el exterior, generando las herramientas apropiadas para atender los requerimientos de nuestros connacionales fuera del país, así como, para canalizar las importantes contribuciones que éstos pueden y quieren hacer a Chile.
Por último, sostuvimos también la necesidad de dar un salto cualitativo en lo relativo a la centralidad que se le asigna a la cooperación como herramienta de la política exterior, estableciendo un presupuesto acorde con los desafíos y compromisos internacionales de Chile.
ˇ Coordinación
Reconociendo que el conjunto de las reparticiones públicas, así como la sociedad civil, han incorporado la dimensión exterior como un ámbito propio de su quehacer, hay que asumir que tales asuntos han dejado de ser patrimonio exclusivo y excluyente de la Cancillería, agregándose, entre otros, elementos tales como la «diplomacia parlamentaria y empresarial». Por lo mismo, la reforma debe considerar el fortalecimiento de las capacidades de coordinación del Ministerio en relación con las tareas que implican a otros entes y reparticiones. Es decir, múltiples actores bajo el principio de unidad de acción exterior del Estado.
ˇ Participación
Una política exterior moderna se basa en su capacidad para representar y acoger las inquietudes y demandas de la ciudadanía, por lo cual se requiere abrir espacios para la participación de la sociedad civil representada por las organizaciones sociales, las ONG, el sector privado, los partidos políticos y los medios de comunicación, entre otros. Es lo que se ha denominado la ciudadanía global.
Para ello, hemos propuesto la creación de un Consejo Ciudadano de las Relaciones Exteriores, que sea representativo de las principales organizaciones de la sociedad civil y, en cuanto tal, aporte al diseño y despliegue de nuestra acción exterior.
ˇ Descentralización
Un aspecto de las transformaciones que se están verificando por efecto de la globalización se relaciona con la emergencia de actores no tradicionales en la escena internacional. Entre estos nuevos actores se destaca la presencia de las entidades subnacionales de gobierno de carácter regional o local, que actúan estableciendo vínculos cooperativos con entidades extranjeras.
La capacidad de procesar, expresar y proyectar la pluralidad de intereses y visiones presentes sobre la política exterior requiere del incremento de la coordinación de la Cancillería con los niveles regional, provincial y comunal.
ˇ Profesionalización y especialización
El propósito de contar con una Cancillería altamente calificada y profesionalizada y, al mismo tiempo, flexible y abierta a otros aportes, constituye la definición más importante del proceso de reforma y uno de los puntos, por cierto, donde se concentran la mayor parte de las divergencias.
Las nuevas tareas que debe abordar la política exterior demandan una creciente especialización de la función diplomática en materias y ámbitos específicos desde una perspectiva moderna, no patrimonialista y capaz de responder adecuadamente a una amplia y nueva gama de requerimientos.
En este marco, cuando nos referimos a la profesionalización de la Cancillería, lo hacemos considerando el fortalecimiento de la carrera diplomática en sí, y también, contemplando la búsqueda de mecanismos que permitan contar con el aporte de distintos profesionales del área internacional. El objetivo es asegurar una mayor profesionalización en la ejecución de la política internacional de Chile, y ello no es sinónimo de garantizar espacios o cuotas a determinados grupos de funcionarios.
Profesionalización implica dar un salto cualitativo en el nivel profesional y técnico de los recursos humanos de la Cancillería. Lo anterior requiere, necesariamente, introducir mecanismos que apunten y privilegien el mérito profesional y técnico, por sobre consideraciones funcionarias, corporativas o de cuotas políticas, en la definición de la política de recursos humanos y de destinaciones de la Cancillería.
El Partido Socialista es partidario de mantener la facultad presidencial para la designación de la totalidad de los embajadores, por la función política que éstos cumplen. No obstante, propusimos el establecimiento de la obligación de rendir cuentas públicas ante el Congreso por parte de éstos tanto al comienzo como al término de su misión como una forma de introducir un mecanismo de fiscalización y control público de los mismos.
Asimismo, hemos propuesto fortalecer y consolidar un proceso de profesionalización de los recursos humanos de la Cancillería, léase diplomáticos de carrera y otros, lo que debe considerar, entre otros aspectos, la adecuación de la planta profesional y técnica; el mejoramiento de las remuneraciones del personal diplomático cuando se desempeña en Chile; el establecimiento de requisitos de permanencia y, por ende, la salida de la carrera cuando éstos no se cumplen; la incorporación de modalidades de concursabilidad para el ascenso a ciertos grados y la ocupación de funciones directivas; la modificación de los sistemas de evaluación, disminuyendo los grados de discrecionalidad; el mejoramiento del sistema de destinaciones y; la generación de más y mejores opciones de perfeccionamiento y especialización profesional. Asimismo, puede añadirse otras medidas, tales como, fijar legalmente los 65 años como edad de jubilación y el límite de 10 años para el ejercicio de la condición de embajador. Lo anterior, sin perjuicio de la relevancia de nutrir la labor de la Cancillería con el aporte de profesionales provenientes de áreas multidisciplinarias.
Por otra parte, propusimos la Creación de un Instituto de Relaciones Exteriores, con personalidad jurídica propia, como entidad de naturaleza académica, que contenga a la actual Academia Diplomática de Chile -de destacada y reconocida labor formativa- que se aboque a la realización de estudios estratégicos sobre asuntos relevantes para la política exterior de Chile; al desarrollo de una nueva concepción sobre el perfil del funcionario diplomático que el país requiere, y contribuya al permanente perfeccionamiento de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en todos los niveles y ámbitos de desempeño.
En definitiva, consideramos que estas medidas pueden contribuir a una doble finalidad, contar con una Cancillería acorde con los desafíos actuales y futuros de nuestra política exterior y, al mismo tiempo, fortalecer y consolidar la carrera diplomática, sacándola de la polémica y convirtiéndola en patrimonio de todos los chilenos.
Las razones del estancamiento de la carrera diplomática no hay que buscarlas en la designación de apenas 90 altos funcionarios públicos -cifra aproximada de funcionarios con rango de embajador- sino en la falta de modernización, de tiraje interno y de escaso reconocimiento al mérito y a los esfuerzos de especialización y perfeccionamiento que a su cuenta y cargo realizan muchos diplomáticos chilenos para estar a la altura de lo que demanda Chile como país profundamente vinculado a la realidad internacional.
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Marcelo Díaz. Diputado PS.
