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¿Seguridad pública o seguridad ciudadana?

por 8 mayo, 2006

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Seguramente los expertos afirmarán que se trata de dos ámbitos distintos de la obligación del Estado de proteger la seguridad interna del país y a sus habitantes. También se puede afirmar que mientras la seguridad pública se ocupa de prevenir y controlar los "tumultos, asonadas y motines" en el territorio nacional, la seguridad ciudadana se ocupa de prevenir y controlar las faltas, delitos y crímenes en contra de los derechos fundamentales de la persona humana tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la propiedad, el medio ambiente, la salud, etc. Asimismo, dado que en la conceptualización y práctica de coproducción de la seguridad se ha privilegiado la cooperación público privada en desmedro de la cooperación entre las autoridades y las comunidades o la sociedad civil, algunos en reacción han contrapuesto la seguridad pública como un derecho ante la seguridad privada como una mercancía.



No obstante en el imaginario colectivo lo que se ha contrapuesto es la seguridad pública entendida como seguridad del Estado, que en las décadas de los 70 y 80 irrespetó gravemente no tan sólo los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, y además atentó gravemente en contra de los derechos humanos de los ciudadanos, política de control interno conocida como la "doctrina de la seguridad nacional". En este sentido la seguridad ciudadana fue revindicada como doctrina en contra de aquella de la seguridad del Estado que había atentado gravemente en contra de los propios ciudadanos a quienes debía proteger.



Dado que en la confrontación planetaria entre los países democráticos y los del "socialismo realmente (in) existente", o bloque soviético, la lucha por la defensa de los derechos humano fue una eficaz arma política e ideológica en contra de los regímenes policíacos allí instaurados y jugaron un importante rol en su derrumbe. De igual manera en el Tercer Mundo, en particular en América Latina, los sectores democráticos de la sociedad civil y los partidos políticos revindicaron la lucha por los derechos humano para enfrentar a las dictaduras que habían hecho de su irrespeto el principal instrumento de control social por parte del Estado.



Las organizaciones sociales y políticas de derecha, que en general habían apoyado la doctrina de la seguridad nacional, rápidamente hicieron un acto de travestismo doctrinario y se apropiaron del imaginario de la seguridad ciudadana. Haciéndola parte de la doctrina neoliberal, precisamente como instrumento de control social para enfrentar las consecuencias de la liberalización de las economías nacionales y de la globalización de la economía internacional, con el aumento de la pobreza, la injusta distribución del ingreso, la exclusión, etc.



Cualquiera que sea la estructura, jerarquía política y el nombre que se le quiera dar a la instancia institucional que se haga cargo de la seguridad publica o ciudadana, la instancia que se propone debe tener las competencias necesarias para prevenir, asumir, controlar y resolver los conflictos que afectan la convivencia y vulneran los derechos fundamentales de las vecinas y los vecinos en las comunidades, así como de las ciudadanas, ciudadanos y de todos los que habitan en el país.



Los diagnósticos de los expertos, la opinión de los tomadores de decisiones y la opinión pública, en general concuerdan con que la exclusión económica, social y cultural causados por el desempleo y la pobreza es un factor determinante en los trastornos de la convivencia comunitaria y en la motivación de conductas que atentan en contra de los derechos de las personas: los delitos. Como lo ha manifestado la Presidenta: la "desigualdad es inseguridad" (1) .



La sociedad por medio de su Parlamento se ha dado las leyes y establecido las instituciones encargadas de prevenir, perseguir, juzgar y castigar las conductas delictivas, el Gobierno tiene el monopolio de la violencia para prevenir, disuadir, perseguir y controlar las conductas delictivas, llevando a los infractores de la ley ante autoridades competentes, es competencia del Ministerio Público perseguirlos y de los Tribunales juzgarlos y sancionarlos. Finalmente el Gobierno tiene la competencia de custodiar a los sancionados, rehabilitarlos y reinsertarlo en la sociedad.



Los aportes de los Gobiernos de la Concertación al control del delito



Los gobiernos de la Concertación han avanzado notablemente en mejorar la dotación policial con más personal, equipos y desarrollo institucional. También han implementado la Reforma Procesal Penal que en tanto más eficiente y expedita manera de hacer justicia es un instrumento fundamental en el control del delito. Además, han convocando a las autoridades y ciudadanía locales a acciones conjuntas para disuadir el delito en las comunidades, como el Plan Cuadrante, la Comuna Segura y el Barrio Seguro; estas intervenciones que han ido generando confianzas entre las autoridades nacionales, locales y las comunidades, así como ricas experiencias que deben ser evaluadas, revisadas y mejoradas, constituyen una base firme para expandirlas y desarrollarlas. Finalmente, se ha llamado a las instituciones de la sociedad civil, los expertos y la academia para desarrollar un importante acervo de diagnósticos y propuestas de medidas para prevenir y controlar el delito, proceso que ha sido conducido por la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.



La reforma procesal penal ha instaurado el garantismo penal como expresión pragmática de la necesidad del sistema penal de no hacerse cargo del pequeño delito, o delito bagatela, para asumir con eficacia en sus logros y eficiencia en el uso de los recursos los hechos delictivos más graves para la sociedad y peligrosos para sus víctimas. La gran innovación de esta reforma es haber complementado las anteriores medidas alternativas a la privación de libertad (2) con salidas alternativas al proceso penal ahora condicionadas todas ellas con reparaciones a la víctima, o a la sociedad según sea el caso, es decir, el garantismo penal es compensado con la reparación a la víctima, la restauración de los derechos afectados y la conciliación de las partes en conflicto.



La gran demanda social por justicia se ha hecho manifiesta con el colapso de los tribunales de familia, lo que muestra la gran expectativa de la población para resolver los conflictos que pueden ser la causa de importantes hechos delictivos - violencia intrafamiliar, violencia sexual, lesiones, homicidio - y el origen de conductas antisociales y delictivas debido carencias, familiares, económicas, educativas, sociales, afectivas, etc., de sus actores más vulnerables: los niños, los jóvenes adolescentes y las mujeres.



La próxima instauración del sistema penal de responsabilidad adolescente puede ser una gran oportunidad para desarrollar y fortalecer un sistema de cumplimiento de sanciones restaurativas, que ejecutadas en las localidades donde acontecieron los hechos, viven las víctimas, victimarios y testigos se conviertan en una experiencia de restauración de derechos y conciliación del conflicto. Esta sería la mejor manera de mostrar a las comunidades en "vivo y en directo" que no hay tal puerta giratoria para los delincuentes que cometen pequeños delitos, que constituyen la mayor parte de los hechos delictivos y que son ejecutados preponderantemente por jóvenes.



El Ministerio del Interior ha propuesto en el año 2004 una Política Nacional de Seguridad Ciudadana, que identifica como posibles factores causales del delito al desempleo y el consumo de drogas (3). La segunda afirmación es de difícil probanza, ya que si bien los delitos crecen vertiginosamente y el consumo de drogas entre los detenidos sería mayor que en la población general, los consumos de drogas entre la población en general es notablemente estable.



En esa política: "La prevención social pretende intervenir en los factores de riesgo que se han identificado como precursores del comportamiento violento o delictivo"Â…por lo tanto se "tiene como objetivo intervenir estratégicamente sobre las variables identificadas por la investigación empírica concebida allí como factor de riesgo para el desarrollo del comportamiento delictivo, tales como la deserción escolar, el desempleo, la violencia en familia, el consumo problemático de alcohol y el consumo de drogas" (4). Esta concepción está atada al modelo sanitario de interpretación epidemiológica de las enfermedades infecto contagiosas y sus maneras de controlarlas, como ha sido usada para interpretar e intervenir el consumo de drogas. El empleo de ese modelo para comprender e intervenir la conducta humana comete un error teórico y metodológico al negar la voluntad de los sujetos, por la cual a partir de las habilidades que poseen y los recursos con que cuentan responden e intervienen adecuadamente en su entornos para lograr la satisfacción de sus necesidades y el goce de sus deseos. En este sentido son más explicativas las tesis económicas sobre el delito en términos del análisis costo beneficio entre hacer uso lícito o ilícito de las habilidades y recursos con que cuenta el sujeto.



Las propuestas del actual Gobierno



El actual Gobierno ha definido como su principal política la protección social para vencer la inseguridad (5), esta premisa ilumina todo su programa de Gobierno. Para el cual "La delincuencia representa un atentado contra los derechos esenciales de las personas: el derecho a la vida, a la propiedad y la intimidadÂ…Cada delito es un acto de violencia no sólo contra sus víctimas, sino contra la sociedad en su conjunto" (6). La propuesta de acción del Gobierno establece que: "Nuestro plan de seguridad ciudadana está compuesto de políticas de control de la delincuencia, iniciativas de prevención de la delincuencia y reformas para mejorar la organización de la sociedad frente a la delincuencia" (7).



RECOMENDACIONES DE PRIORIDADES



La creación de la instancia institucional que se proponga a cargo de la seguridad ciudadana, entre las políticas de su competencia debería priorizar las siguientes acciones.



La prevención social del delito



En el diseño de políticas de prevención del delito es prioritario definir y darle contenido a la prevención social del delito, pero esta no se puede reducir a la disuasión policial y la prevención situacional del delito siendo ambas imprescindibles para controlar la delincuencia, tampoco, es suficiente con intervenir las manifestaciones ilegítimas de los conflictos sociales que afectan a la comunidad. La prevención social del delito debe construirse a partir del reconocimiento de los conflictos que existen al interior de las comunidades, los conflictos intracomunitarios entre jóvenes y adultos, hombres y mujeres, locales y afuerinos, trabajadores estables o precarios, etc. los cuales dinamizan los conflictos de intereses entre las partes y donde la mala resolución de los mismos pueden generar tensiones, temores y miedos, así como derivar en conductas antisociales, delitos y crímenes.



Una prevención social del delito democrática y participativa debe resolver dos tipos de dificultades: primero, las carencias económicas, sociales y culturales, principalmente de empleo, en especial de desarrollo urbano y sobre todo de promoción de valores como la solidaridad y la tolerancia, asuntos que son de competencia de las autoridades nacionales, regionales y locales; así como, segundo, resolver los conflictos intracomunitarios que son competencia de las comunidades mismas, es decir, es necesario empoderarlas, transferirles habilidades de gestión y competencias vecinales para asumir procesar y resolver sus conflictos.



Tratamiento al pequeño delito



En el año 2000 (8) se aplicaron penas menores a tres años al: 97% de los sancionados por hurto, 93% de los sancionados por lesiones, 54% de los sancionados por robo, 17% de los sancionados por robo con violencia. Se debe dar un trato prioritario a la prevención y control local o comunitario del pequeño delito por ser el que más afecta a toda la población de manera más grave a los más pobres debido a su mayor vulnerabilidad (9). Este es el principal factor de difusión de la percepción objetiva de inseguridad - la experiencia - mientras que la magnificación informativa de los delitos graves o atroces lo es de la percepción subjetiva de inseguridad -la representación o imaginario colectivo. La creación de un sistema local de cumplimiento de condiciones alternativas a la suspensión del proceso y medidas alternativas a las sanciones privativas de libertad, como ya se ha dicho, sería la mejor manera de mostrar a las comunidades in situ que no hay tal puerta giratoria para los delincuentes que cometen pequeños delitos.



El sistema penal tiene vigente desde 1982 la aplicación de medidas alternativas a las penas privativas de libertad, tales como la remisión condicional, la libertad vigilada y la reclusión nocturna, asimismo los imputados durante el proceso tienen derecho a la libertad provisional. Ahora la Reforma Procesal Penal ha agregado a esas las tradicionales medidas alternativas a la pena privativa de libertad las medidas alternativas al procedimiento penal conocidas como términos anticipados, tales como el archivo provisional, el principio de oportunidad y la facultad de no investigar.



El conjunto de esas medidas alternativas a la privación de libertad exigen un sistema institucional que se encargue de su ejecución y gestión. A esas funciones ya previstas se deberían agregar las necesarias para ejecutar y gestionar las acciones conducentes a ofrecer a los beneficiarios de aquellas medidas alternativas a la privación de libertad, alternativas específicas y concretas en provisión de recursos y transferencia de habilidades para realizar actividades que sean opcionales a la conductas delictuales motivadas por las carencias económicas, sociales, culturales y afectivas.



La participación ciudadana



La participación ciudadana es el capital social para la prevención comunitaria del pequeño delito, la violencia intrafamiliar, la violencia juvenil, etc. La participación no puede seguir siendo meramente consultiva, esta para ser legítima y eficiente debe ser deliberativa y vinculante para las partes, convocantes y convocados, autoridades y comunidades. Es de gran importancia la participación de las comunidades en el cumplimiento de las medidas reparatorias y restaurativas por parte de los infractores de ley, este es el mejor mitigador de percepción de inseguridad y temor.



La estrategia a diseñar para una eficaz y eficiente prevención social del delito es devolverle a las comunidades la capacidad de asumir, procesar y resolver los conflictos intracomunitarios que pueden derivar en conductas antisociales, delitos o crímenes, así como, de transferirle a ellas los recursos necesarios para poder asumir tales tareas. Sobre esto el Gobierno ha dicho que: "Introduciremos un sistema de mediación vecinal para resolver conflictos locales sin tener que recurrir a complejos procedimientos judiciales o al uso de la violencia" (10).





Textos referidos



-Michelle Bachelet: Estoy Contigo, Programa de Gobierno 2006-2010, 2005.



-Ministerio del Interior. División de Seguridad Ciudadana: Política Nacional de Seguridad Ciudadana, 2004.





1 Bachelet, p.12



2 Remisión condicional de la pena, libertad vigilada y reclusión nocturna.

3 Ministerio del Interior 2004, p.13.

4 Ministerio del Interior 2004, p. 32.

5 Bachelet, 2005, p.13.

6 Bachelet, 2005, p.64.



7 Ibid.

8 Paz Ciudadana. Estadísticas, 2000.

9 No tienen ni capacidad de reposición de los bienes perdidos ni protección de seguros sobre ellos.



10 Bachelet, 2005, p.65.




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Ibán de Rementería. Miembro de la Corporación Ciudadanía y Justicia.

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