Respecto al paso dado por algunos ex funcionarios públicos al ámbito de la empresa privada, en otra columna de opinión señalé que «no me parece correcto mezclar las cosas [Â…]. Hay cuadros políticos suficientes para remplazar a cualquiera que se tiente por pasar al ámbito privado». Sin embargo, el tema amerita una reflexión mayor a la luz de tanto argumento puesto sobre la meza.
Efectivamente, Chile es un país pequeño en el cual, cuando decimos que «todos nos conocemos» hacemos alusión a algo muy cercano a la referencia literal de este dicho universal. Con mayor razón debiéramos prestar mucha atención en los límites que ponemos a los intereses privados, y su relación con aquellos que afectan a nuestra sociedad, o por lo menos ser francos con ellos.
Debemos precisar a qué tipo de intereses nos referimos. Porque si se trata del conflicto de intereses que genera el paso de autoridades de gobierno con roles técnicos específicos a responsabilidades en empresas de la misma área en que trabajaron, evidentemente hay una responsabilidad del Estado, que nos compete a todos. Sin duda que sus intereses, en representación de todos los ciudadanos, deben compatibilizarse con los derechos de estos mismos funcionarios que muchas veces, por motivos profesionales, se desempeñan en el área y que probablemente, si se les prohíbe durante un periodo dado ejercer en la misma área profesional, se los deba compensar económicamente. Me parece que esta es una discusión éticamente relevante, pero que ya es conocida desde hace mucho tiempo, y por cierto merece atención y encontrar una solución de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo.
Otra cosa diferente es el conflicto de intereses de las autoridades políticas, que tras su paso por el Parlamento, por responsabilidades de Gobierno o cuando en el ejercicio de liderazgos partidarios pasan a formar parte de sus directorios o ha realizar lobby para las grandes empresas. Este tema es éticamente relevante por más de un motivo. Analicémoslo con más detenimiento.
El que ex parlamentarios, ex ministros o ex subsecretarios sean contratados por grandes empresas para influir en las decisiones políticas del Gobierno o del Parlamento ha ocurrido siempre, con matices, a lo largo de la historia política de nuestro país, lo nuevo es que hoy se trata de gente progresista o declaradamente de izquierda.
Es importante reconocer que en los últimos veinte años nuestra sociedad ha dado, sutil o abiertamente, discusiones como la de la revalorización del empresario, del mercado y los emprendimientos privados en general, provocándose un cambio importantísimo en la percepción que de ellos tiene la sociedad. Sin embargo, esto no significa que esa misma mayoría social olvide la diferencia de intereses de los empresarios y los trabajadores, más aún en una sociedad tan brutalmente desigual como la nuestra.
Más allá de que comparta la afirmación de un conocido empresario de derecha en el sentido que, en general, en esta discusión no se trata de «empresarios» de izquierda, sino de «empleados de confianza» de izquierda, aunque ganen tres, seis o diez millones mensuales. En este marco la discusión ética podría quedar sólo en la latencia de un conflicto social no resuelto, si no es porque normalmente esto afecta la vida y credibilidad de los partidos políticos.
Una cosa es que importantes funcionarios políticos se reciclen hoy con bastante frecuencia y legitimidad social en el ámbito privado, y otra muy distinta es que lo hagan y mantengan simultáneamente roles políticos importantes en ámbitos de los partidos o del gobierno.
Me parece que aquí hay dos aspectos preocupantes de los que debemos hacernos cargo. Lo primero es que si hay algo que ha caracterizado las últimas elecciones internas de los partidos de la Concertación han sido las acusaciones de supuestos poderes fácticos al interior de los estos. ¿Qué nivel de incidencia tiene la presencia directa de la empresa privada, por medio de directores, o de lobbystas, en las direcciones de los partidos en cuestión?
Y en el caso particular de los partidos abiertamente declarados de izquierda ¿A quién representa un partido político en que sus principales líderes son empleados de las grandes empresas nacionales o internacionales?
No consideraré en esta reflexión la situación de los partidos de derecha que históricamente han representado a los empresarios, ni tampoco debiéramos extrañarnos de lo ocurrido en el PDC, donde la decisión de la ex Superintendenta de Seguridad Social, Ximena Rincón, y actual miembro de la dirección de su partido, de aceptar su contratación en el directorio de una de las mayores AFP del mercado provocó el rechazo de importantes sectores de su propio partido.
Es cosa de imaginar la posibilidad increíble que Ximena Rincón se inhabilite de una discusión interna sobre las AFP o que el ex ministro Ricardo Solari haga lo mismo en el PS cuando la comisión política discuta temas del Transantiago y los derechos de sus trabajadores.
Puede ser diferente la situación de José Antonio Viera Gallo si él, definitivamente, opta por el hoy respetable camino de la privatización, si lo hace después de culminada su relación con el actual gobierno. Este caso entraría a la consideración, como los de otros que han optado por ejercer de lobbystas, y están a la espera de la reglamentación del oficio por parte del Parlamento.
Aquí no está en cuestión el necesario reconocimiento del valor y aporte de los empresarios en general al desarrollo del país, ni la calidad del aporte profesional que pueden hacer muchos técnicos y profesionales que hasta ayer prestaban servicios en el Estado o en el ámbito de la política al mundo de la empresa privada. Ni tampoco está en cuestión hoy la legitimidad de un pensamiento de izquierda o progresista, en general, en los marcos de la empresa privada.
El tema de fondo es que se trata de intereses distintos y si vamos a reconocer abiertamente el aporte que hacen los empresarios a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, también debemos reconocer, a lo menos, consensuadamente entre el mundo de izquierda, que no creemos en el mercado como regulador absoluto por lo que asignamos un rol determinante en nuestro desarrollo al Estado y a la ciudadanía organizada, particularmente a los y las trabajadoras.
Es indudable que los partidos de izquierda deberán tensionar sus definiciones para asumir claramente a quien representan, pero no creo que el elástico se estire tanto como para dar cabida en sus direcciones a representantes de la empresa privada, sin entrar además a considerar las distorsiones que generan la presencia de estos intereses y su poder económico al interior de los partidos._
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Gonzalo Rovira S./ Ex dirigente estudiantil y candidato a senador del pacto Junto Podemos Más por Santiago Poniente.
