Durante las últimas semanas se ha generado una ardua discusión en torno al proyecto que regula el trabajo en régimen de subcontratación y el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios (EST).
Esta iniciativa, que no fue incluida en las reformas laborales del año 2001, lleva cuatro años de discusión legislativa y se encuentra actualmente en el Senado en su tercer trámite esperando convertirse en un proyecto de ley.
Sin embargo, algunos elementos han generado rechazo por parte de los parlamentarios de la Oposición y confusión en el Gobierno, principalmente en los puntos incorporados y aprobados en la Cámara de Diputados: el cambio en el concepto de empresa, el cambio de responsabilidad subsidiaria a solidaria para las empresas mandantes en el caso del régimen de subcontratación, la amplitud del concepto de subcontratación y la garantía mínima de 500 UF que las EST deben pagar para funcionar legalmente.
Los plazos se han dilatado. El 15 de mayo se votó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y recién el miércoles 17 se votará en Sala. Si existen diferencias, esta iniciativa se iría a una Comisión Mixta.
A esta altura, este proyecto se ha vuelto emblemático y su articulado final dará cuenta del tipo de país que estamos construyendo. Dado que innumerables actores se han incorporado al debate, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos:
1. La subcontratación y el suministro de trabajadores temporales es un fenómeno que crece progresivamente en la nueva economía. Su razón de ser es resolver y ganar eficiencia en aquellas tareas que no son parte del giro de las empresas (logística, aseo, seguridad) o atender de mejor manera las fluctuaciones inesperadas en la demanda por sus bienes y servicios.
2. Sin embargo, en nuestro país existe una peligrosa tendencia a tercerizar el trabajo para disminuir costos, evadiendo los compromisos laborales. Abundan las empresas que crean distintas razones sociales para contar con sus propios contratistas o autosuministrarse trabajadores. Se despide trabajadores de planta y se les recontrata bajo esta modalidad.
3. En Chile no existen cifras oficiales y rigurosas, pero de acuerdo a las últimas estimaciones del Ministerio del Trabajo, al menos se registrarían 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras que no son contratados directamente por las empresas principales (en donde trabajan día a día).
4. Gran parte de estos trabajadores presenta condiciones laborales lamentables y arrastran con un enorme daño psicológico. Deben trabajar en empresas que no los contrata directamente (problemas de pertenencia e identidad), realizan el mismo trabajo que sus compañeros de labores, pero reciben salarios más bajos y no cuentan con los mismos elementos de seguridad.
5. De acuerdo a la Encla 2004, se observa un claro aumento en las empresas que subcontratan actividades que tienen que ver con su actividad principal.
En cuanto a las variables políticas, se pueden constatar las siguientes contradicciones:
1. La oposición dice reconocer que existen «algunos» abusos, pero que no se puede perjudicar a los buenos contratistas con leyes que generan rigidez y perjudican a las pequeñas empresas. Piden más tiempo para legislar y mejorar técnicamente el proyecto (comisión mixta) y aseguran que su preocupación es el desempleo que se podría generar.
Sin embargo, si existe tanta preocupación y se utilizan los elementos técnicos como argumento central, ¿por qué ningún centro de estudio vinculado a sus ideas ha elaborado una investigación relacionada con la subcontratación y el suministro de trabajadores?, ¿por qué durante los últimos 15 años nadie ha levantado la voz por la serie de abusos que bajo esta práctica se cometen?
2. El año 2005 una Comisión especial de la Cámara de Diputados presentó un informe en donde se evalúa la situación de los trabajadores después de las reformas laborales del 2001. Sus conclusiones fueron lapidarias: en Chile existe una sistemática violación a los derechos laborales y gran parte de estas prácticas se dan en los trabajos tercerizados. ¿Por qué los medios de comunicación no dieron a conocer este informe? ¿Por qué no se han citado sus conclusiones en la discusión de este proyecto de ley?
3. La oposición se opone al nuevo concepto de empresa que se introduce en este proyecto y desean mantener el que rige actualmente en el artículo 3 del Código del Trabajo, ¿cómo se evitará que las empresas creen múltiples razones sociales para autosuministrarse trabajadores?, ¿basta con el artículo 478 del Código el Trabajo?
4. Se menciona que no se puede legislar a la rápida y que se necesita tiempo para estudiar acuciosamente el proyecto, sin embargo, ¿por qué los legisladores sólo toman 1 o 2 meses para aprobar los tratados de libre comercio?, ¿alcanzan en ese tiempo a evaluar el impacto real que tendrán en la población?
5. Se ha utilizado a las Pymes como caballito de batalla para negociar rectificaciones al proyecto de ley. Sin embargo, los propios dirigentes de la Conapyme, han manifestado que su única aprensión es la garantía de 500 UF que las EST tendrían que pagar.
6. A pesar de que el Gobierno carga con un compromiso de promoción de trabajo decente en acuerdo con la OIT, en los momentos claves, vuelven a aflorar los fantasmas que colocan a los temas económicos por sobre los requerimientos laborales, ambientales y humanos.
Estas contradicciones, la amenaza del desempleo utilizada por los empresarios y parlamentarios de la oposición y la confusión de un Gobierno que recién lleva 2 meses en ejercicio, ha gatillado la inesperada participación de la Iglesia, a través de su Vicaría de Trabajadores, quienes intentan recuperar el sentido común y recuperar la dignidad del trabajo.
La calidad del debate, nuevamente ha dejado al descubierto que Chile no cuenta con un proyecto país claro que coloque al trabajo decente a la misma altura del crecimiento económico. Padecemos de una cultura subdesarrollada que se traduce en una estrategia de desarrollo desequilibrada. No sabemos inyectar dinamismo a nuestra economía y respetar los derechos laborales al mismo tiempo.
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Marco Kremerman. Economista. Observatorio Laboral
