Una frase atribuida a Voltaire, pero cuya autoría ha sido cuestionada, señala: «Estoy en absoluto desacuerdo con tus ideas, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlas.» Esa es, precisamente, la naturaleza del debate al que asistió la Cámara de Diputados con ocasión de la censura a la Mesa de la Corporación promovida por un grupo de parlamentarios de oposición.
Quiero decirlo, claramente. Soy contrario a la eutanasia. Respeto y defiendo el derecho a la vida y la necesidad de agotar los esfuerzos humanos y técnicos para preservarla. Sin embargo, junto con esa definición básica, también creo que en nuestra sociedad deben debatirse, con libertad y altura de miras, distintos puntos de vista y que, en ese contexto, la opinión del otro es tan legítima como la mía.
Por ello estimé que el razonamiento que fundó la posición de los censuradores -el término resulta doblemente acertado- es jurídicamente incorrecto y políticamente muy grave.
En primer término, desde lo puramente normativo, es incorrecto porque las disposiciones vigentes entregan al Presidente de cada una de las ramas del Congreso Nacional la facultad de declarar inadmisible un proyecto de ley sólo en caso de vicios formales. No existe una atribución que permita a éste o a la Sala, en subsidio, no admitir una moción o Mensaje por ser, en el fondo, contraria a la Constitución. Tal determinación está entregada al Tribunal Constitucional.
Por ello, respecto de la moción de los Diputados Fulvio Rossi y Juan Bustos, entre otros, no cabía otra cosa que dar cuenta de ella. Éste fue el mismo razonamiento utilizado por el Senador Hernán Larraín, como Presidente de la Cámara Alta, para acoger a trámite, en octubre de 2004, un proyecto del Senador Nelson Ávila sobre el mismo tema.
En lo político, lo argumentado es muy grave y pone en cuestión la calidad de nuestra democracia, las facultades de los parlamentarios y el respeto que la oposición tiene por las opiniones contrarias
Se ha dicho que la última reforma constitucional ha concluido la transición en Chile. ¿Podría sostenerse eso en una sociedad cuya Carta Magna impide como postulan los censuradores- que sus legisladores debatan sobre un tema de esta trascendencia? Me parece que no.
La discusión surgida en la Cámara de Diputados, impulsada por parlamentarios de la UDI, nos retrotrae a una época que creíamos superada, aquélla de la proscripción de doctrinas y de la existencia de temas tabú. So pretexto de defender la vida, la oposición ha vuelto a mostrar su cara más antidemocrática y represiva.
Los colegas que la han promovido han aprovechado, con audacia y oportunismo, las discrepancias surgidas al interior de la Concertación, pero lo han hecho incurriendo en un error político muy grave al sostener que el Presidente de la Cámara o del Senado y, por tanto, la coalición que los sostiene, puede sujetar a su propia interpretación la incorporación a trámite de las mociones parlamentarias.
Siguiendo ese razonamiento, cada vez que un tema pareciera reprobable, desde su particular perspectiva, podría evitarse el debate con sólo buscar una interpretación constitucional que lo respalde. Así, cualquier discusión futura sobre la estructura tributaria del país, sobre el rol del Estado en la economía o sobre otros temas valóricos quedarían a criterio de la mayoría de turno.
La censura cuestiona, además, las atribuciones de los parlamentarios y la propia naturaleza de esta institución, al establecer temas vedados de discusión, formulando una censura previa inaceptable en cualquier democracia -y más propia de regímenes totalitarios o integristas- justo en momentos en que buena parte de las naciones del orbe discuten estas mismas temáticas.
No quiero que Chile tenga una ley de eutanasia. Espero y procuraré el rechazo de esta iniciativa, pero anhelo que ello ocurra en el marco de una discusión seria y razonada, donde seamos capaces de convencernos y no a costa de impedir el debate, cercenar las facultades de los legisladores, dejar la decisión sobre las materias dignas de análisis público al arbitrio de la mayoría de turno y, en definitiva, de afectar la calidad de nuestra democracia y el respeto de las opiniones de todos los ciudadanos.
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Carlos Montes. Diputado del Partido Socialista. Ex presidente de la Cámara Baja.
