1.- En la discusión abierta, se ha tendido a confusiones. Lo primero, es clarificar que no se está reestructurando el conjunto de las instituciones estatales que dicen relación con la Seguridad en general, o con la Seguridad Pública en particular. El Estado, para llevar adelante la política criminal, es decir la estrategia con que define y enfrenta a la delincuencia, cuenta con instituciones, de distinta naturaleza, rango y funciones. Por Ej. el Poder Judicial. Durante estos años, se han producido importantes cambios en este campo, como la reforma procesal penal.
No obstante, de la discusión pareciera que se va abarcar a todos los poderes y a todas las instituciones. Esto no es ni será así. La reestructuración se refiere sólo a una parte de la institucionalidad del ejecutivo.
2.-Al mismo tiempo, se hace teniendo perspectivas diferentes de la política criminal que se quiere que estos órganos implementen. Se hace de esta manera, una discusión engañosa, mostrando como objeto a la institucionalidad, cuando lo que se pretende, es imponer ciertas opciones de política criminal. Esta discusión, como ha dicho la Iglesia, por versar sobre la formas más duras que tiene el Estado de intervenir sobre las personas, debe ser la más participativa y amplia. Al ser sobre el núcleo duro del Poder Público (político), debe ser (es) política (pública) y publicada, para mostrar las visiones de sociedad, los conceptos de seguridad y las orientaciones que se quieran dar a la Política Criminal.
Es necesario discutir, las perspectivas autoritarias y simplistas, que estiman que solo se trata de tener mano más dura y eficiente; y/o propuestas totalizantes, que entienden la realidad social, el orden y sus sentidos, solo desde la mirada de seguridad, de riesgo, de desconfianza, y/o también parciales, que no entienden la complejidad de los fenómenos sociales y analizan sólo los resultados del sistema, en este caso la inseguridad, sin ver que es imposible comprenderlos al margen de las condiciones que la producen. Los problemas de seguridad, de seguridad pública y de delincuencia, que tenemos o sentimos tener, son el resultado del funcionamiento del orden político, social, económico y cultural, en general, y de sus mecanismos, en particular, que como individuos y como sociedad nacional vivimos.
3.-Dicho esto, lo primero es afirmar que esta función del estado es, como todas, pero más que las otras, político-técnica. No es meramente técnica, ni apolítica, como no lo son nunca las funciones estatales. Es principalmente política, pues la función de Seguridad Pública, se refiere fundamentalmente al uso de la fuerza estatal (violencia estatal) para la defensa, protección y / o cambio de un determinado sistema y orden social, cristalizado jurídicamente, o de alguno de sus aspectos. No es, entonces tampoco sectorial, sino que global, se refiere y existe en todas las áreas de la convivencia social.
Por otra parte, no es posible, separar las funciones de seguridad publica y las de orden público, ya que no obstante ser conceptos distintos, son inseparables prácticamente. En efecto, estos conceptos, abstractos y que se concretan y significan en cada sociedad y momento histórico, son la cara y el sello de una moneda. Esto no obsta a que sean esencialmente polisémicos; o desde otro punto de vista, su contenido y limites, sean, el objeto de la disputa política. Su definición es siempre hecha desde el poder político, que siempre, está en discusión. O sea, que nunca está en las manos de un solo actor omnímodo. De otra manera, no es nunca neutro políticamente. Lo que hace que puedan tener más o menos legitimidad.
La seguridad pública es la que protege al orden público y, al mismo tiempo emana de este. Son como hemos dicho, indivisibles (coherentemente)No es posible un Ministerio del Orden Público, y otro, de la Seguridad Pública. Si esto no fuera imposible, sería contradictorio, con el principal de los fundamentos de la dependencia de las policías, que son las dificultades de que dependan administrativamente de un Ministerio, y operativamente de otro, ya que ahora dependerían administrativamente del de Seguridad Publica, y operativamente de éste, y del de Interior. Si para evitar esto se trasladara el orden publico a este eventual Ministerio, se transformaría en uno del Interior, con un nombre fraudulento, lo que simultáneamente ocurriría con el que quedara como del Interior, pero sin sus funciones. Si se optara por eliminar este último, estaríamos estableciendo una visión totalizante y totalitaria de la seguridad.
Por esto pensamos que dicha institucionalidad debiera integrarse en un Ministerio del Interior renovado, al cual se le asigne la función de Seguridad Pública, como Subsecretaria y bajo su dependencia, las policías. La reforma constitucional no obliga a crear otro ministerio. Por eso expresamente se redactó así, y/o no se aprobó con el adjetivo «exclusivamente», (más allá de la creencia de algún parlamentario que la votó favorablemente), como lo dejó claramente establecido la Comisión Viera-Gallo
4,-El traslado de las policías, no es una cuestión administrativa De igual manera que su traslado de Interior a Defensa expresaba una ideología, denominada doctrina de la seguridad nacional, que partía de un enemigo interno que atentaba contra la Patria y por tanto debían ser parte de esta guerra, su traslado actual expresa una concepción democrática de la seguridad en que las policías son servidores públicos, a cargo de un servicio a los ciudadanos y habitantes de nuestro país, en un Estado Democrático de Derecho. Este cambio de orientación debe concretarse, en la progresiva desmilitarización, capacitándolos para enfrentar los conflictos de las personas y no para una guerra contra otros ciudadanos, sean delincuentes o no.
5.-Una perspectiva integral respecto de los temas de Seguridad requiere acotar el concepto, para no caer un una visión de seguritización totalizante y totalitaria.La óptica desde la cual nos situamos es la PERSPECTIVA DE DERECHOS, que nos lleva a afirmar, que TODAS LAS DIMENSIONES DE LA VIDA INDIVIDUAL Y SOCIAL TIENEN QUE VER O IMPACTAN EN LA SEGURIDAD, PERO NO TODO ES SEGURIDAD. Por ejemplo, la situación laboral, la educacional, la de vivienda, y todas, inciden en la seguridad. PERO ESTO NO LAS CONSTITUYE EN UN PROBLEMA DE SEGURIDAD, SINO QUE ES UN PROBLEMA DE DERECHOS. Y estos se deben a los ciudadanos y en general a las personas, no porque con ello se evita que delincan, sino porque tienen derecho a ellos por el solo hecho de existir. Efectivamente, el derecho a un trabajo digno y decente, a una educación humana y de calidad o a tener una vivienda adecuada, y todos los demás derechos, se tienen pues la humanidad, en su desarrollo ético así lo ha concebido. Por tanto, cuando, desde la mirada de seguridad se nos dice que el tipo de trabajo, o el tipo de educación, o el tipo vivienda nos está causando problemas de seguridad, es correcto el planteamiento, y se debe enfrentar. Lo que no es correcto es tratarlo (principal o exclusivamente) como un problema de seguridad, encubriendo lo que en realidad es un problema de derechos fundamentales cuyo ejercicio no es asegurado por nuestra sociedad. No podemos pedir a las policías que resuelvan nuestros problemas sociales.
6.-Esto es muy importante, ya que a veces, creyendo tener una visión social, se justifica la ocurrencia de los delitos o se la entiende, desde las carencias sociales, económicas, etc. Esta mirada, al ser hecha simplemente, sin más, pervierten las políticas sociales, al pensarlas desde «la prevención» (social, situacional o como se le llame), provocando lo que se conoce como la «criminalización de las políticas sociales»identificando (estigmatizando) a las personas como objetos de una intervención para «prevenir» que delincan. Esto no niega que en una sociedad en donde todos sus miembros tengan y sientan que sus derechos son respetados, se reduzcan las tasas delictivas.
Asimismo, esta mirada tiene un grave error: que los delitos solo los cometen los pobres, cuando la mayoría de los pobres no delinque y una gran cantidad de delitos es hecha por quienes no son pobres. Las políticas sociales son la decisión de la sociedad de asegurar, un mínimo ejercicio de derechos para todos y operan para reparar los fallos que provoca o no resuelve nuestro orden socio-económico No son nunca la dimensión preventiva de la política criminal. Esto, independiente de que el efecto preventivo se produzca.
Esta ‘pobretización’ de la delincuencia no ve, o no quiere ver, y por lo tanto no cuestiona, ni explica, la delincuencia de los no pobres, que provoca más daño. Esta visión ha profundizado la estigmatización, mostrando, las denominadas «incivilidades»como conductas de los sectores de menores ingresos, especialmente jóvenes, identificando como conductas propias de estos sectores, por ej, los graffitis. sin tener en cuenta que no son exclusivas de ellos, pero peor aún, ignorando las incivilidades propias y algunas exclusivas de los poderosos, y que impactan en la seguridad (e impotencia) de manera tanto o más grave que las otras, como los abusos laborales, comerciales y todos los abusos de poder. Esto es gravísimo, en una sociedad en que este, del cual el ingreso es solo una dimensión, se encuentra repartido tan desigualmente.
7.-Por esto pensamos que la nueva institucionalidad, debe coordinarse (no coordinar) con otras agencias estatales, para aportar la mirada de la seguridad, pero de manera estricta, pues en cierto sentido, al pretender eliminar los «riesgos», y siendo los riesgos en estas materias, los otros, dicha mirada encarna una especie de virus, que lo que toca lo convierte en desconfianza, provocando, más inseguridad, al (co) romper los ya débiles lazos sociales existentes en una sociedad «competitiva».
La sociedad más propicia para la delincuencia, la violencia y la inseguridad, es la que presenta procesos de desintegración social y los derechos se transforman en mercancías, en donde la desconfianza que se genera, retroalimenta estas dinámicas. Con más intensidad en situaciones de desigualdades ilegitimas y promoción del individualismo y la competencia, y la desacreditación de la acción colectiva y la solidaridad, o su transformación (también) en mercancías La marginación y la exclusión social, económica, cultural y política forzada, (de los débiles) y la automarginación y autoexclusión voluntaria (de los poderosos), propias de una sociedad fuertemente segmentada, son factores que impiden una convivencia cívica, pacífica y adecuada para el respeto de los derechos y el desarrollo humano. Esto no obsta a efectuar cambios en otras esferas también referidas al ámbito de la seguridad, como por ejemplo, la creación de los jueces de ejecución penal, respuestas adecuadas al pequeño delito, programas efectivos de rehabilitación y reinserción social, reestructuración de los sistemas de penas y medidas alternativas, etc
8.-Siempre en política es necesario tener responsabilidad, pues tiene que ver con las vidas de los otros, pero en la política criminal es necesario extremarla, pues al ser el más intenso ejercicio del poder político, (poder penal) lo más probable, es que termine ejerciéndose sobre los menos poderosos, o sea sobre los más débiles.
Mauricio Salinas Escobar Abogado Secretario Corporación Ciudadanía y Justicia
