Una de las principales promesas de la Presidenta Bachelet en materia ambiental, y que se ratificó en su discurso del 21 de mayo, es la creación del Ministerio del Medio Ambiente. En este sentido hace algunas semanas atrás se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el cargo de Presidente de la Conama y le confiere el rango de Ministro de Estado. Sin embargo este proyecto, así como algunas precisiones de fondo a la intención del Gobierno en materia ambiental, dejan entrever una serie de dudas acerca de la real eficacia de esta reforma institucional.
Con respecto al proyecto mismo, cabe la duda acerca de la capacidad que tenga la actual administración de enfrentar dos desafíos simultáneos. Por un lado, la creación del propio ministerio con todas las tareas administrativas y constitucionales por delante, a cargo de la nueva figura de Presidente de la Conama, y por otro lado, el seguir velando por la protección ambiental de tal forma de ir cumpliendo las recomendaciones que la OCDE fijó para Chile en materia ambiental. Lo anterior se agudiza al constatar que el proyecto de Ley no contempla nuevos recursos financieros para la Conama, lo que supone un desvío de fondos, llevando recursos destinados a fiscalización hacia tareas administrativas y burocráticas, y porque tampoco se contemplan, o por lo menos no queda claro, las verdaderas atribuciones políticas de la presidencia de la CONAMA, salvo su papel coordinador. No está de más decir que un coordinador sin poder político no sirve.
Sin embargo, hay planteos de fondo que cuestionan también las intenciones de la Concertación en materia ambiental. El poner todas las esperanzas para una mejora ambiental en manos de un Ministerio del Medio Ambiente, es por decir lo menos peligroso, sobretodo considerando la experiencia de otros ministerios del medio ambiente en países latinoamericanos. En Brasil, esta cartera no ha podido parar la deforestación acelerada de la Amazonía, y en Ecuador el ministerio del medio ambiente ni siquiera fue llamado a participar en las negociaciones del TLC con EEUU. Por lo tanto un presidente de la Conama que carezca de la capacidad para influir políticamente, es sólo un arreglo cosmético para continuar con el estado de devastación ambiental. Lo anterior se agudiza en países como el nuestro, donde los recursos naturales son elementos claves en sus estrategias de desarrollo.
Para hacer un cambio institucional real Oceana considera que se debe priorizar la creación de una autoridad ambiental independiente de la autoridad de turno al estilo de un Banco Central y/o Contraloría General de la República, en lugar de la simple superintendencia como se pretende instaurar. Chile necesita una institucionalidad ambiental de alto nivel técnico, que sea validado por los agentes económicos y que mantenga las reglas ambientales en el tiempo, es decir, que sea consistente.
Además se debe reconocer el valor de nuestro capital natural a través de una Contabilidad Ambiental y Patrimonial. Los recursos naturales poseen valor económico y debería incluirse en cuentas ambientales como parte de la preocupación de desarrollo del país.
Se debe avanzar hacia la evaluación ambiental estratégica, esto considera dos aspectos fundamentales: el análisis del impacto en el largo plazo, más que en el corto plazo; y, más que efectos puntuales, el análisis de sus efectos ecosistémicos incorporando elementos relacionados a la dinámica económica regional, a los encadenamientos productivos, a las tradiciones culturales locales (pueblos originarios), a los costos de aglomeración, al uso y ordenamiento del territorio, y a la estrategia de desarrollo regional.
Se debería incorporar el enfoque ecosistémico en las normativas ambientales y sectoriales, es decir, considerar todas las variables que influyen en los cuerpos de agua, en el suelo o el aire.
Finalmente, un proyecto de modificación a la institucionalidad ambiental debe incorporar una fiscalización fortalecida y eficiente, que sea capaz de evaluar el desempeño de las empresas que se sometieron al Estudio de Impacto Ambiental, para verificar el cumplimiento de sus compromisos.
Si finalmente se constituye un Ministerio del Medio Ambiente, este organismo debe contar con independencia técnica, pero sobre todo con capacidad de influir políticamente en la toma de decisiones del Gobierno de turno. Esta mayor influencia, a la vez, debe ir acompañada de una estrecha relación con otros ministerios como el de Hacienda, a la hora de definir el presupuesto y los gastos que se deben imprimir para el estudio de los recursos naturales de Chile; con el Ministerio de Economía que es el que dicta la forma como se desarrolla el país y que ha sido el impulsor de la actual estrategia de desarrollo; con el Ministerio de Relaciones Exteriores pues es el precursor de los Tratados de Libre Comercio con países tan depredadores como China y EEUU; con el Comité de Inversiones Extranjeras que ha forjado proyectos con fuerte oposición ciudadana como el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold en la Tercera Región; con el Ministerio de Minería que debería ser el principal impulsor de un royalty a los recursos mineros que son patrimonio chileno; con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que ha impulsado la política de deforestación del Bosque Nativo y la instalación de plantas de celulosa de gran envergadura como las de la empresa Celco en Valdivia o Itata; y con la Subsecretaría de Pesca con su política de Límites Máximos de Captura por Armador, que se ha traducido en la sobreexplotación de los recursos marinos a través de la pesca de arrastre.
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Cristián Gutiérrez. Economista de OCEANA.
